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El fiscal general del Estado presentará el libro sobre la tesis doctoral de José Manuel Maza

Julián Sánchez Melgar durante el acto en el que se colgó en las paredes de la Fiscalía el retrato fotográfico de su antecesor, y amigo, José Manuel Maza. FGE.
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El próximo 26 de abril el desaparecido magistrado y fiscal general del Estado, José Manuel Maza, volverá a ser recordado en la que fue su última casa profesional: la sede de la Fiscalía General del Estado, en el 4 de la madrileña calle Fortuny. Su sucesor, y buen amigo, Julián Sánchez Melgar, presentará la que se ha convertido en su obra póstuma, la versión libro de su tesis doctoral: «Delincuencia electoral y responsabilidad penal de los partidos políticos». 

Acompañarán al fiscal general del Estado en la mesa el abogado, profesor de Derecho Penal y director de la tesis de Maza, Carlos Gómez-Jara Díez, el abogado José Manuel Maza Muriel -su hijo- y Rosalina Díaz Valcárcel, presidenta de Wolters Kluwer, editora de la obra.

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Maza leyó su tesis doctoral en el salón de grados de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid el pasado 10 de julio. Y obtuvo la máxima nota: sobresaliente cum laude.

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El tribunal estuvo presidido por Gonzalo Rodríguez-Mourullo y del mismo formaron parte parte los catedráticos Enrique Arnaldo, Julio Banacloche y Bernardo Feijóo.

Sánchez Melgar estuvo en la lectura de la misma «acompañando al doctorando», como amigo  suyo.

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Para Maza fue la culminación de una gran ilusión en su vida: convertirse en doctor en Derecho tras 33 años como magistrado, la mitad de ellos sirviendo en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

José Manuel Maza elaboró su tesis sobre la responsabilidad penal de los partidos políticos. Para él era «técnicamente discutible la posibilidad de una exigencia de responsabilidad penal a los partidos» debido al régimen sancionador que se ha previsto.

El desaparecido fiscal general del Estado no estaba a favor sobre la «incriminación generalizada» de las formaciones políticas y su inclusión en el Código Penal como una persona jurídica más, sin considerar sus especificidades.

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Desde su punto de vista, los partidos nunca deberían ser condenados a penas como la disolución o la clausura de sus sedes porque estas sanciones, idóneas para otras personas jurídicas, no lo son para «unos elementos tan esenciales en el propio sistema político, en la medida en que son el cauce para la expresión ideológica de la ciudadanía».

La responsabilidad penal de los partidos sería sostenible para los delitos relacionados con la corrupción política o económica y la pena debería ser pecuniaria.

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La asistencia es por invitación.