La Guardia Civil reprocha en uno de sus últimos informes dirigidos al titular del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, que la interventora de la Generalitat de Cataluña, Rosa Vidal Planella, no haya denunciado gastos o compromisos de gastos para el referéndum ilegal del 1 de octubre por valor de 1,5 millones de euros (medio millón en publicidad y casi un millón en envíos de tarjetas censales, certificaciones y notificaciones del referéndum) y el intento de cobro de alguna de esas facturas.
El Instituto armado pone el acento en este asunto después de acreditar ante el juez la «tramitación urgente» de un expediente en la Consejería de Presidencia, dirigida por Jordi Turull, para difundir anuncios vinculados con el 1-O y exponer la forma en la que el Govern tenía previsto pagar a Unipost otras cinco facturas emitidas por esta empresa y vinculadas a las tarjetas censales, certificados y notificaciones relacionadas con el referéndum.
En uno de los últimos informes señalan que en unas diligencias policiales previas ya habían hecho constar que la interventora Rosa Vidal «había aprobado la tramitación con carácter urgente del expediente PR 2017-192 relativo a la campaña ‘Civisme'» dentro del cual «se pretendían difundir anuncios vinculados al referéndum».
Precisan que el importe de esa campaña era de 2.299.900 euros sin IVA y señalan que «si bien en aquel momento» la interventora «podía desconocer tal finalidad, actualmente Rosa Vidal es conocedora del objetivo que se pretendió con aquella campaña sin que se tenga conocimiento de que haya activado ningún procedimiento para denunciar esa intencionalidad».
La difusión de la citada campaña fue rechazada por varias empresas publicitarias por entender que era contrario a las resoluciones del Tribunal Constitucional prohibiendo el referéndum.
Sin embargo, la publicidad se acabó emitiendo en varios medios de comunicación y sobre todo en los medios públicos de la Generalitat.
Como resultado de ello, el coste acreditado por la Guardia Civil y atribuido a la Consejería de Jordi Turull habría ascendido a 502.639 euros: 224.835 euros para la campaña del registro de catalanes en el exterior y 277.804 euros para la de difusión del 1-O.
En el citado informe, el Instituto armado también explica que han constatado el intento de cobro de una de las cinco facturas emitidas por la empresa de mensajería Unipost, vinculadas a las tarjetas censales, certificados y notificaciones relacionadas con el referéndum.
Esta sociedad realizó trabajos para la Generalitat por valor de 979.661 euros y el gasto se debía abonar repartido en cinco facturas por parte de las Consejerías dirigidas por Oriol Junqueras, Jordi Turull, Dolors Bassa, Antoni Comín y Lluis Puig.
Los investigadores han constatado el intento por parte de Unipost de cobrar una de esas cinco facturas, por valor de 238.965,37 millones de euros, al Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat.
Y añaden: «Sin que tampoco conste que la interventora haya activado ningún procedimiento para denunciar ese intento fraudulento de cobro».
En el informe se expone, además, que el 24 de abril de 2017 hubo una reunión «al máximo nivel para garantizar que todos los altos cargos de vicepresidencia, incluida la Interventora General, Rosa Vidal Planella, mostrasen su compromiso con el referéndum».
En este sentido, recuerda que Rosa Vidal le comunicó al Ministerio de Hacienda que, según el acuerdo de Gobierno de 12 de septiembre de 2017, el vicepresidente de la Generalitat había dispensado a los interventores, como superior jerárquico, del cumplimiento de las obligaciones de remisión de información por lo que decidió no facilitar el certificado semanal previsto para la semana del 4 al 10 de septiembre. EP.
