El presunto espionaje de los Mossos d’Esquadra a políticos, periodistas, abogados y entidades constitucionalistas se está investigando en varios juzgados barceloneses y de momento, de las diez querellas presentadas y admitidas a trámite, en tres casos los jueces encargados han ordenado practicar diligencias, han informado a Europa Press fuentes judiciales.
El último ha sido el titular del Juzgado de Instrucción 20 de Barcelona, que ha ordenado diligencias para investigar el supuesto espionaje al periodista Albert Castillón, y pide a la Policía Nacional que aporten toda la información de su investigación tras aprehender documentación que los Mossos iban a quemar en una planta de Sant Adrià de Besòs (Barcelona), además de reclamar documentación a la policía catalana, informan este viernes ‘El Mundo’ y ‘El Periódico de Catalunya’.
Tras salir a la luz el escándalo por estos presuntos espionajes a raíz de un informe de la Policía Nacional remitido a la Audiencia Nacional, el abogado José María Fuster-Fabra, que aparecía entre los espiados, presentó una querella por su caso, que fue admitida a trámite y remitida a la juez de la Audiencia Carmen Lamela, que la respondió devolviéndola al Juzgado de Instrucción 22 de Barcelona, ha explicado a Europa Press este abogado.
Posteriormente, el propio Fuster-Fabra ha presentado otras nueve querellas a nombre de otros supuestos espiados: el secretario general del sindicato de los Mossos d’Esquadra SPC, David José, y su hijo menor, además de su exesposa; el portavoz de este sindicato, David Miquel; el periodista Albert Castillón; el exlíder de SCC José Ramón Bosch; Javier Barraycoa, exvicerrector de la Universitat Abat Oliba y profesor del centro universitario; la plataforma deportiva ‘Barcelona con la Selección’, y las asociaciones ‘Españoles de a pie’ y Somatemps.
El Juzgado de Instrucción 19 de Barcelona ya admitió a trámite a finales de enero la querella presentada por José Ramón Bosch por los presuntos delitos de malversación, prevaricación y descubrimiento y relevación de secretos, y posteriormente se fueron admitiendo otras.
Sin embargo, el trámite de las querellas ha sido desigual porque algunas, como la de Fuster-Fabra, tras admitirse por un juez barcelonés, se enviaron a la Audiencia Nacional que ya investigaba la acción de los Mossos el 1-O y concretamente al que era su mayor, Josep Lluís Trapero, mientras que otros jueces están pendientes de que la Fiscalía informe sobre a quien corresponde la competencia.
Al menos los titulares de el Juzgado de Instrucción 20 de Barcelona, el 19 y el 13 ya han ordenado diligencias y concretamente han reclamado al jefe de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Policía Nacional para que informe sobre los documentos incautados en poder de los Mossos el 26 de septiembre de 2017 en una incineradora de Sant Adrià, entre otra información. (EP)
