Los funcionaros de la Administración de Justicia de Galicia, en huelga desde hace 80 días, rechazaron ayer, en votación secreta, la última oferta que les ha hecho la Xunta para poner fin al conflicto por considerarla «insuficiente».
Votaron 1.627 servidores públicos -más de la mitad del censo-; 836 -el 52,8 por ciento- votaron que no y 746 -el 47,2 por ciento- optaron por el sí en las asambleas de trabajadores celebradas en toda Galicia.
La diferencia fue de 90 votos.
El no a la propuesta del Gobierno gallego se impuso en las ciudades de Pontevedra -184 síes y 50 noes-, Vigo -204 noes y 112 síes-, Lugo -86 frente a 54-, y Ferrol -54 frente a 49-.
Por su parte, han apoyado el sí los funcionarios de A Coruña -237 síes y 172 noes-, Ourense -135 síes y 102 noes-.
El ofrecimiento que la Administración traslado al Comité de Huelga -formado por representantes de los 7 sindicatos (SPJ-USO, UGT, CSIF, CC.OO., Alternativas na Xustiza-CUT, STAJ y CIG) se traducía un aumento de 140 euros más al mes para los médicos forenses, 135 euros para los gestores, 127 euros para el cuerpo de tramitación y 122 euros para auxilios, a aplicar en tres anualidades.
Los funcionarios percibirían el 50 por ciento de este alza en este ejercicio una vez que se valide el acuerdo, el 30% en 2019, y el otro 20% en 2020.
La consulta se celebró bajo un clima de fuerte tensión.
Los huelguistas no cobran
Los principales incidentes se registraron en Pontevedra y Vigo.
En estas ciudades se produjeron enfrentamientos verbales entre las partes. Un grupo de funcionarios y sindicalistas trataron de boicotear la consulta con insultos, amenazas y coacciones, por lo que fue necesario la intervención de las fuerzas del orden.
Cuatro de los siete sindicatos -SPJ-USO, UGT, CISF y CC.OO.- apoyaban la oferta de la Xunta.
Y los otros tres -Alternativas na Xustiza-CUT, STAJ y CIG- la rechazaron al considerar que no cumplía las reivindicaciones de los trabajadores e introducía una cláusula de revisión que suponía una «soga en el cuello» de los funcionarios.
Por su parte, CSIF explicó su posición en un comunicado: «Tras 80 días de huelga con un seguimiento ejemplar, de una dignidad indiscutible, una determinación encomiable y un sacrificio personal, laboral y familiar enorme, los funcionarios y funcionarias de Justicia tenían y tienen el derecho a opinar sobre una posible salida al conflicto».
«Es más, eso es lo que estaban demandando, lo que no implicaba la aceptación del acuerdo sino, simplemente, el derecho a decidir sobre sus condiciones laborales», añadió.
«Pese a los insultos, amenazas y coacciones llevadas a cabo por un grupo de funcionarios y sindicalistas que han pretendido boicotear la consulta, siendo necesaria la presencia policial, a lo largo del día de hoy los trabajadores de la administración de justicia gallega mediante su voto han dejado claro que la propuesta de acuerdo que la Xunta trasladó al Comité de Huelga en la última reunión la consideran insuficiente», concluyó.
