El Juzgado de Instrucción número uno de Las Palmas de Gran Canaria ha sobreseído de manera provisional y archivado la causa abierta contra el empresario Miguel Ángel Ramírez, presidente de la UD Las Palmas, por presunta insolvencia punible, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).
El Ministerio Fiscal había presentado cargos contra el empresario grancanario al apreciar que, después de que el Juzgado de Instrucción número 8 de la capital grancanaria impusiera a Ramírez (en la época en la que el magistrado Salvador Alba estaba al frente de la investigación en calidad de sustituto provisional de Victoria Rosell) una fianza de 17 millones de euros en la investigación por presuntos delitos contra la Hacienda Pública al frente de Seguridad Integral Canaria, éste había iniciado la liquidación de la sociedad de gananciales con la que hasta entonces era su mujer.
La acusación pública entendía que Ramírez, en su reparto de bienes con la que hoy es su exesposa, podría estar «poniendo en peligro» el pago o cumplimiento de las obligaciones civiles «objetivamente y en abstracto», lo que podría constituir un delito de insolvencia, indica el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en un comunicado.
Con posterioridad a estos hechos, la magistrada que sustituyó a Alba en la investigación, Carla Vallejo, rebajó la fianza a 3.251.950 euros, y esa suma fue depositada por el investigado.
Su defensa dijo que esta cantidad sí estaba a su alcance para depositarla cautelarmente en la cuenta del Juzgado.
Tras distintos momentos procesales en los que el Juzgado de Instrucción número 8 se inhibió en el conocimiento de estos hechos para formar una pieza separada que finalmente llegó al Juzgado de Instrucción número uno, la defensa de Ramírez y de otras personas y sociedades investigadas en el procedimiento pidieron el archivo de las actuaciones, petición a la que se adhirió el Ministerio Público, representado por la fiscal Eva Ríos, al entender que el depósito de la fianza eliminaba cualquier sospecha de que el empresario se hubiera valido de su proceso de divorcio para evitar que la Justicia se quedara con sus bienes.
El auto indica que, de acuerdo al criterio del instructor, «como apuntan las defensas y el propio Ministerio Fiscal, se ha de archivar el procedimiento, pues la fianza se ha prestado, y aunque en su momento todavía no se había declarado la solvencia del deudor, porque, como se dice en el propio certificado, están pendientes de resolverse algunos recursos presentados, la documentación aportada ahora por el Ministerio Fiscal (auto de la Audiencia Provincial de Las Palmas en el que se fija el importe de la fianza en la cantidad ya garantizada) y las alegaciones de la defensa permiten pensar que podrá ser declarado solvente».
El sobreseimiento provisional no significa que el caso esté cerrado, ya que la aparición de nuevas pruebas permitiría retomarlo.
Esta resolución judicial puede recurrirse, aunque se entiende que todas las partes están de acuerdo en el sobreseimiento, indica el comunicado del TSJC.
