Ignacio González Vega y César Estirado de Cabo, magistrado y fiscal, representantes, por una parte, de Juezas y Juezas por la Democracia (JJpD) y, por otra, de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), se manifestaron contrarios, en línea con sus respectivas organizaciones, a la permanencia de la prisión permanente revisable en el marco del Aula de Debate del Colegio de Abogados de Madrid celebrada ayer.
Para el portavoz de JJpD, el ordenamiento ya contempla bastantes figuras que hacen «innecesaria» la prisión permanente revisable, «cuya propia conjunción terminológica resulta contradictoria».
A la luz de los datos estadísticos de incidencia criminal, España no se encuentra en un lugar especialmente preocupante (Madrid v.g. es la 2ª ciudad, junto a Zurich, con menos homicidios del mundo), pese a lo cual «tenemos una de las cifras más elevadas en cuanto a media de estancia en prisión: 17 meses», señalaba el magistrado.
González Vega, magistrado titular del Juzgado de lo Penal 20 de Madrid, se mostró muy duro sobre lo que denominó «legislar a golpe de titular», recordando que «las víctimas no están capacitadas para dirigir la política punitiva, pues carecen de la necesaria imparcialidad».
En su opinión, la satisfacción de las víctimas no debe ir encaminada al endurecimiento de las penas, sino a una mejor atención y prestaciones, lo que contrasta con nuestro Código Penal y «una tendencia al endurecimiento de las penas desde 1991».
Para César Estirado, fiscal decano de la Sección de Delitos Medioambientales y Urbanismo de la Fiscalía de Madrid, la prisión permanente revisable es una «pena desocializadora y no orientada a la reinserción, pese a que el resto de legislación penitenciaria está adaptado a esta función fundamental».
Además, al tratarse de una norma que entró en vigor en el 2015 y no haber estudios criminológicos acerca de su utilidad, empleo y efectividad, el fiscal considera que hablar de ampliar los supuestos a los que podría aplicarse «es irracional, obedece a fines mediáticos y no a una política criminal».
Por su parte, el abogado Raúl Ochoa, diputado responsable de formación del ICAM, quien también participó en la mesa, señaló que, en relación a la prisión permanente revisable, «ni todo es tan claro ni tan evidente», pero supone un gran problema que «la política criminal sea una gran olvidada en los presupuestos».
Aunque el diputado del ICAM coincidió en que «desde las vísceras no se puede legislar», indicó que antes de ofrecer alternativas hay que analizarlas bien, pues se trata también de una «cuestión de medios económicos».
