El fiscal de Sala Jefe del Tribunal de Cuentas, Miguel Ángel Torres Morato, ha presentado una demanda contra el expresidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, los exconsejeros Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs, así como a 6 miembros más de su equipo de gobierno, como responsables contables directos de los 4.935.002,38 euros de dinero público que se invirtieron en la organización del referéndum ilegal del 9 de noviembre de 2014.
Torres detalla hasta un total de 10 partidas, que van desde el registro de una página web, la fabricación del material para la votación, la cabaña de publicidad institucional, hasta el centro de prensa para la cobertura informativa, por citar algunos de ellos.
«El Ministerio Fiscal considera que la conducta de los demandados debe calificarse como dolosa contablemente, o, al menos, como gravemente imprudente y solicita que cifren en 4.995.918,34 € los perjuicios ocasionados a los caudales públicos, en concepto de principal y sean declarados responsables contables directos y solidarios», dice el fiscal de Sala Jefe del Tribunal de Cuentas en su escrito.
El fiscal sitúa tanto a Mas como a otros miembros de su equipo de gobierno en la dirección de la planificación de la consulta y añade que todos ellos trataron «por todos los medios» de dificultar las acciones que pudiera llevar a cabo el Ejecutivo central dirigidas a evitarla, pese a que era «muy evidente» que sabían que estaba suspendida por el Tribunal Constitucional.
La Fiscalía imputa una responsabilidad contable directa para Mas, Francesc Homs, Joana Ortega e Irene Rigau por no solo participar sino también dirigir todos los actos posibles para poder llevar a cabo la consulta. Por estos hechos, juzgados por vía penal, Homs fue condenado por el Tribunal Supremo a un año y un mes de inhabilitación, mientras que Mas y las dos exconsejeras a dos años y un año y nueve meses de inhabilitación, respectivamente, por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Artur Mas, en la cúpula
En lo que respecta a Artur Mas, la Fiscalía detalla que es la autoridad que aprueba todos los gastos inherentes al 9-N de acuerdo con lo estipulado en el decreto de convocatoria de la consulta de autodeterminación de Cataluña, que él mismo firmó. Añade que, pese a su suspensión por el tribunal de garantías, Mas continuó derivando estos gastos a la Generalitat logrando así «imponer su voluntad».
De Ortega, responsable del Departamento de Gobernación en el momento de los hechos, dice que, lejos de adoptar una actitud respetuosa con los mandatos constitucionales para evitar que la consulta no se sufragara con fondos públicos, «continuó impulsando la asunción de gastos» vinculados a la misma, mientras que de Homs apunta que su conducta fue «decisiva» para impulsar la «maquinaria administrativa» dirigida a proveer de medios necesarios para el acto.
Se refiere a la orden que dio el exconsejero de Presidencia a T-SYSTEMS, la empresa que iba a prestar el apoyo informático de la jornada, de continuar con los preparativos pese a que esta avisó por carta al Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat (CTTI) de que era conocedora de la suspensión del TC.
En lo que respecta a Rigau, la Fiscalía le atribuye la autorización firmada para el pago de 7.000 ordenadores vinculados «necesaria e indudablemente» al 9-N ya que tenían por finalidad proveer de recursos informáticos a las mesas electorales.
La Fiscalía precisa que, aunque estos cuatro son responsables directos de los hechos, existen otros altos cargos de otros departamentos que, por ser titulares de órganos de contratación o por encargarse de la supervisión de los expedientes de contratación, posibilitaron la salida de fondos públicos, como Lluis Beltrán i Saura, Josefina Valls, Jaume Domingo, Jordi Vilajoana, Ignaci Genovés y Teresa Prohías. Con información de EP.
