José Enrique Fernández de Moya, el secretario de Estado de Hacienda y número dos de Cristóbal Montoro, ha sido citado a declarar en un juzgado de Jaén como investigado por los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad, por contratos de la época en la que fue alcalde de la capital jiennense.
Los hechos se refieren a su etapa como alcalde de Jaén, entre junio del 2011 y noviembre del 2015, cuando presuntamente ordenó en contra de los informes del interventor varios pagos a la empresa Matinsreg, encargada del mantenimiento de las fuentes ornamentales de la ciudad.
Según el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), la investigación judicial se inició a raíz de una querella presentada por el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Jaén y fue incoada en diciembre de 2017 en el Juzgado de Instrucción 2 de esta ciudad, y desde entonces se ha acordado la práctica de diversas diligencias de instrucción, esencialmente recabar documentación y su estudio tal y como aparece en el informe emitido por la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil.
Por este caso están investigadas cuatro personas, entre ellas el exalcalde, que han sido citadas para declarar el próximo 5 de junio.
Del informe aportado por la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil, y adelantado por la Cadena Ser en Jaén, se deducen, tal y como se apunta en el auto, «indicios suficientes para atribuir a las personas denunciadas, con la provisionalidad propia de esta fase de procesal, la posible comisión de los ilícitos penales», de ahí que «deban ser llamados para ser oídos en calidad de investigados». Entre estas personas se encuentra el actual secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya.
El auto recoge que en 2012 se designó «de facto» la empresa Matisreg, a la que se encomendó la prestación del servicio de mantenimiento de las fuentes ornamentales, con el añadido de que se aceptó la presentación de facturas que, según informe de la Guardia Civil, pudieran ser calificadas como «falsas» ya que se incorporaban «conceptos y servicios facturados no ejecutados realmente, lo que supuso el enorme incremento de precio para el erario público del Ayuntamiento, incrementando enormemente el precio de los servicios (en algunos casos no prestados) y los productos facturados (no empleados realmente) en el mantenimiento de las fuentes para generar un sobrecoste de considerable gravedad».
El jueves declararán cinco personas en calidad de testigos, entre ellos el actual interventor del Ayuntamiento de Jaén. (CONFILEGAL/EP)
