Un guionista no podría haberlo hecho mejor. Ante la gran expectativa creada por la petición del magistrado José Ricardo de Prada de integrar el tribunal que presidirá las «vistillas» del caso Gürtel, primera época, en las que se decidirá si mandar a la cárcel a los 16 condenados -tal como solicita la Fiscalía- la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aplazado su decisión hasta el lunes a primera hora.
¿Por qué? Por la ausencia de dos de sus ocho miembros, que se hallaban en el extranjero. Por lo tanto, se reunirán de nuevo el lunes a las 8.30 horas, poco antes de que se celebre la vistilla.
«Ante las dificultades para llevar a cabo la deliberación prevista en la tarde de hoy viernes, derivadas de la no asistencia presencial de varios de los vocales, dos de los cuales se encuentran en el extranjero, la Comisión Permanente del CGPJ ha acordado volver a reunirse el próximo lunes 28 a las 8:30 horas para resolver la solicitud del magistrado José Ricardo de Prada Solaesa de ser habilitado para asistir a las comparecencias del artículo 505 LECrim solicitadas por el Ministerio Fiscal en el PA 5/2015, conocido como ‘caso Gürtel I Época'», según el órgano de gobierno de los jueces.
En principio el tribunal previsto con este objeto estará presidido por la magistrada María José Rodríguez Duplá, presidenta de la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional, a la que pertenece el tribunal enjuiciador del caso, y los magistrados Ángel Hurtado y Julio de Diego, que lo conformaron.
La petición de De Prada ha generado un gran revuelo porque actualmente se encuentra en la situación de servicios especiales -similar a la de excedencia pero sin abandonar la carrera-, hasta el 30 de mayo, formando parte del tribunal de apelación de Naciones Unidas que está revisando recurso presentado por el criminal de guerra serbobosnio, Radovan Karadjic.
Dicho tribunal, denominado Mecanismo para los Tribunales Penales Internacionales (MICT, por sus siglas en inglés), antes llamado Mecanismo Internacional Residual para los Tribunales Penales, ha asumido las funciones que antes ostentaban el Tribunal Penal Internacional para Ruanda y el Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia.
La Comisión Permanente acordó, el pasado 8 de marzo, pasar al magistrado De Prada a la situación administrativa de servicios especiales – a partir del 23 de abril para desempeñar el cargo de “magistrado del mecanismo residual ante los Tribunales Internacionales de Naciones Unidas” en La Haya. Un cometido que todavía no ha terminado.
La solicitud de De Prada, magistrado progresista a quienes muchos, desde el sector conservador, señalan como la fuerza que, dentro del tribunal enjuiciador de este caso, forzó la presencia en sala del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, coloca a la Comisión Permanente del CGPJ en una situación incómoda.
De aprobarlo, sería la primera vez que se concedería a un juez en servicios especiales jurisdicción para un caso concreto. «Ad hoc».
La sentencia del caso Gürtel, primera época, hecha pública ayer, ha provocado una crisis de gobierno sin precedentes.
En dicha vistilla el tribunal deberá responder a las medidas cautelares reclamadas por la Fiscalía Anticorrupción, la cual pide el ingreso inmediato en prisión, para 16 de los condenados en el juicio de Gürtel, entre ellos el extesorero del PP Luis Bárcenas y los exalcaldes del PP Guillermo Ortega y Jesús Sepúlveda.
Estas vistas afectarán a 16 de los 27 condenados por la Audiencia Nacional en el primer macrojuicio de Gürtel que actualmente están en libertad (solo están en prisión el cabecilla, Francisco Correa, y su número dos, Pablo Crespo).
Aparte de Bárcenas, sentenciado a 33 años y 4 meses de cárcel, entre las personas para las que ha pedido la vista figuran el exalcalde de Majadahonda del PP Guillermo Ortega (condenado a 38 años y 3 meses de cárcel), el exalcalde de Pozuelo de Alarcón Jesús Sepúlveda (14 años y 4 meses), el exconsejero madrileño Alberto López Viejo (31 años y 9 meses), el exviceconsejero madrileño Carlos Clemente (5 años y 9 meses) y el exdiputado del PP Jesús Merino (3 años y 7 meses). CON INFORMACIÓN DE EP.
