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Ibarrola desdobla la Consejería de Justicia en dos nuevas Direcciones Generales

De izquierda a derecha el equipo de Ibarrola, Regina Otaola, gerente de ARRMI, que sigue en su puesto, Enrique Nuñez, viceconsejero, Yolanda Ibarrola, Consejera, Carmen Martin DG Infraestructuras y Pedro Irigoyen, Dirección General de Recursos Humanos y Relaciones con la Administración de Justicia.
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El desarrollo de los compromisos asumidos con el personal de Administración de Justicia, la justicia gratuita, la mejora de las infraestructuras judiciales y la implantación de las nuevas tecnologías serán las líneas principales de actuación que se van a impulsar desde la nueva Consejería de Justicia en este último año de legislatura

Así, lo avanzaba la consejera de Justicia, Yolanda Ibarrola, durante la sesión de control en la Asamblea de Madrid, donde explico  que va a seguir trabajando tanto en los proyectos ya puestos en marcha como en nuevas iniciativas en el año que queda en la Legislatura, con el objetivo final de mejorar y agilizar la Administración de Justicia.  También ha quedado a petición propia una petición de comparecencia para explicar el estado de la justicia madrileña y sus planes de trabajo.

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Para este cometido Ibarrola ya ha definido su equipo de trabajo que este viernes juraba sus cargos en la Puerta del Sol.  En esta nueva Consejería de Justicia han sido nombrados viceconsejero a José Enrique Núñez,que hará labores de coordinación en las dos nuevas Direcciones Generales. Se ha nombrado a Pedro Irigoyen, como director general de Recursos Humanos y Relaciones con la Administración de Justicia; y a Carmen Martin, como directora general de Infraestructuras Judiciales.

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La tradicional Dirección General de Justicia se desdobla en dos áreas para poder profundizar mejor en los asuntos. Carmen Martin, anterior subdirectora general de infraestructuras judiciales pasa a liderar esta Dirección general. Ha sido la mano derecha de Ibarrola en las negociaciones con sindicatos y asociaciones judiciales. Ahora seguirá al frente de estas reuniones, la primera de las cuales tendrá lugar el próximo 30 de mayo.

Por su parte, entre José Enrique Núñez y Pedro Irigoyen se tratarán todos los asuntos relacionados con personal y recursos humanos. Es bastante previsible que entre ambos reanuden las negociaciones con los Colegios de Abogados y Procuradores para impulsar el pago del Turno de Oficio, aún pendiente desde noviembre del 2017 y ver la forma de buscar el pago mensual, una reivindicación historia de las entidades colegiales desde hace años.

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En el caso de Núñez, hay que resaltar que es Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y posee el Grado en Ciencia Política y de la Administración por la Universidad Nacional a Distancia (2017).

Entre 2007 y 2012 fue Concejal Presidente del Distrito Centro de la capital y en diferentes etapas entre enero de 2013 y junio de 2015 fue Teniente Alcalde del Ayuntamiento de Madrid, Delegado del Área de Gobierno de Seguridad y Emergencias y del Área de Gobierno de Economía, Hacienda y Administración Pública y Portavoz del Gobierno Municipal.

Fue Diputado en la Asamblea de Madrid entre junio de 2015  y Portavoz del PP en la Comisión de Presidencia, Justicia, Interior y Portavocía del Gobierno. De febrero a septiembre de 2017 ha sido Director General de Seguridad y desde septiembre de ese año hasta ahora era Director General de Emergencias.

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 Nuevo decreto de Justicia Gratuita

Ibarrola en su intervención en la Asamblea de Madrid recordó que “El mayor activo con el que contamos son las personas que integran, desde sus diferentes responsabilidades, la Administración de Justicia. Me refiero a los funcionarios y al personal laboral. Por ello, quiero que mi primera reunión como consejera de Justicia sea con los representantes de los trabajadores”, destacó.

En esta línea, comentó que entre sus prioridades se encuentra desarrollar, lo antes posible, los compromisos firmados con los sindicatos, como la implantación del servicio común de notificaciones y embargos en todos los partidos judiciales.  De hecho la primera reunión que mantenga a nivel institucional será con los propios sindicatos en los próximos días.

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En materia de justicia gratuita, agradeció la labor de los abogados y procuradores del turno de oficio y ha explicado que la Comunidad de Madrid ya está trabajando con estos colegios profesionales en la elaboración de un nuevo decreto de justicia gratuita para lograr que los pagos se agilicen y sean mensuales.

“En lo que a infraestructuras judiciales se refiere, el cambio operado es significativo pero lo que resta por hacer es mucho. Trabajaremos con el empeño de dotar a las sedes de espacio suficiente, de mejorar sus condiciones, de eliminar barreras arquitectónicas y, por supuesto, de continuar con las actuaciones ya emprendidas de agrupación de órganos”, destacó

La implantación de nuevas tecnologías será otro de los ejes de actuación de la nueva Consejería de Justicia, con medidas como la implantación de cámaras de videoconferencia en las salas de vistas, lo que permitirá, entre otras cosas, un ahorro en tiempo y en gastos de desplazamiento y redundará en una mayor agilización.

“Para llevar a cabo todos estos proyectos cuento con la cooperación de jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia, organizaciones sindicales… Sin sus consejos, su criterio, sus demandas, sus alertas, este apasionante trabajo no estaría completo. Sé que cuento con su colaboración, porque ya la he tenido como directora general. Y del mismo modo, deseo igualmente contar con Sus Señorías”, destacó  Ibarrola, dirigiéndose a los distintos grupos parlamentarios.

Las primeras reacciones a las palabras de Ibarrola han venido de CSIF Madrid, donde se agradece que la Consejera no haya roto la continuidad existente y mantenga a Carmen Martin en las negociaciones con sindicatos y asociaciones judiciales para el tema de la mejora de las infraestructuras de la Comunidad de Madrid “ Los cambios estructurales en la Consejería deben ir acompañados de la intención política para mejorar desde el mantenimiento de las inversiones aprobadas en el Plan de Choque para la justicia de Madrid”, aclara Juan José Carral.

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Juzgados de Plaza Castilla de Madrid.

De hecho, en este último año de legislatura ya han pedido a la Consejera Ibarrola a que mantenga el nivel de inversiones aprobado recientemente “ hay que darse cuenta que en los gobiernos madrileños precedentes la desinversión en justicia fue muy elevada. Lo hemos visto en las infraestructuras judiciales que han estado abandonadas y nos va a llevar mucho más tiempo en revertir la situación actual con una inversión económica mayor”.

Para este colectivo sindical es importante que el plan anual no quede pendiente de los intereses políticos del Gobierno de turno. “Tiene que haber un compromiso de seguir invirtiendo. Las necesidades en infraestructuras son muy grandes”. Carral cree que tiene que reactivarse la Mesa por el Pacto por la Justicia que en su dia fue impulsada por Ciudadanos y que engloba a todos los operadores jurídicos para logran “ un acuerdo que se plasme en los Presupuestos del 2019 y siguientes años. De hecho en la ultima reunión de dicha Mesa se habló de un plan a ocho años vistas de inversiones”.

CSIF y otros interlocutores jurídicos piden que se impulse un Plan estable de inversiones en Justicia para los próximos ocho años, al margen de cualquier cambio político

A nivel de personal, la nueva Dirección General de Justicia tendrá que lidiar con el problema de los interinos, todavía una figura excesiva en la justicia madrileña “hay que mejorar la situación de estos profesionales cuya única solución es más oferta de empleo público”, indica Carral. Para este profesional “creo que hasta la fecha se ha adolecido de un proyecto claro de justicia madrileña, en otros ámbitos territoriales se ha implantado la oficina judicial, pero aún en Madrid poco se ha hecho”.

Junto a ello, el presidente de CSIF Madrid advierte que las necesidades de órganos judiciales en la comunidad madrileña son claras “las memorias del TSJ de los últimos años hablaban de crear unos 89 órganos nuevos judiciales con su dotación de personal. Eso supondría un refuerzo importante en número de jueces, letrados de Administración de justicia y funcionarios. Por la territorialidad y ser capital de España, Madrid está asumiendo un 20% de la carga de trabajo de todo el territorio nacional”, indica este experto. La estructura seria 1 juez, 1 letrado de Administración de justicia y entre 8 y diez funcionarios por juzgado.