El Juzgado de Instrucción 3 de Granada ha acordado el archivo de la causa por supuesto intrusismo profesional que mantenía abierta a Francisca Granados, asesora jurídica del Centro de la Mujer de Maracena (Granada) que asistió a Juana Rivas y contra la que se querelló el Colegio de Abogados, al no ver «indicio alguno» de que haya podido cometer un delito de intrusismo profesional.
En un auto fechado el 30 de mayo, al que ha tenido acceso Europa Press, el juzgado expone que de las diligencias practicadas «no existe indicio» de que Granados «haya realizado acto alguno relativo a la profesión de abogado», ya que, por una parte, ella lo ha negado «tajantemente» y la testifical propuesta por el colegio «nada aclara» a este respecto. Esto último lo dice en relación a la declaración como testigo de la anterior abogada de Juana Rivas, que se acogió al secreto profesional para no declarar.
El Colegio de Abogados de Granada interpuso el 29 de diciembre de 2017 una querella contra la asesora jurídica por un posible delito de intrusismo profesional.
Tras la práctica de diligencias de instrucción, la representación de la querellada pidió el sobreseimiento y archivo de la causa, a lo que se adhirió la Fiscalía y se opuso el Colegio de Abogados.
Según la juez instructora, en las diligencias de instrucción practicadas no existe indicio de que la querellada haya realizado acto alguno relativo a la profesión de abogado ya que, partiendo de que ha negado tajantemente los hechos, la testifical propuesta por la parte querellante «nada aclara respecto a los hechos objeto de denuncia acogiéndose al secreto profesional».
El juzgado señala que el hecho de que una persona titulada en Derecho pudiera «hipotéticamente ejercer la abogacía» sin estar incorporado como ejerciente en un Colegio de Abogados español podrá dar lugar a una sanción disciplinaria, pero «no configura el delito de intrusismo».
Añade, además, que Granados ha aportado a la causa su título de licenciada en Derecho y certificado académico de sus calificaciones durante la carrera universitaria, que acredita su preparación técnica y académica exigible para ejercer labores de asesoramiento jurídico tanto en el Ayuntamiento de Maracena como a nivel particular.
Granados, que está representada por el letrado Carlos Aránguez, declaró el pasado 7 de marzo en el juzgado por este asunto y, en posteriores declaraciones a los medios, negó haber cometido cualquier tipo de intrusismo profesional, llegando a afirmar que la querella que el Colegio de Abogados de Granada había presentado contra ella estaba «instrumentalizada» para «ir en contra de la igualdad entre hombres y mujeres».(EP)
