Los magistrados Jesús Villegas, secretario general de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial (PCIJ), y Francisco Pérez Olleros resumen en 5 puntos los principales déficits de la Justicia española para la consecución de su independencia judicial.
El artículo ha sido publicado en una renovada y modernizada página web muy atractiva donde es más fácil acceder a los contenidos que la PCIJ ha producido en los últimos años.
Control político
El poder político controla el nombramiento de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, y también el nombramiento de puestos en las cúpulas de los órganos judiciales.
Politizando las cúpulas se acaba politizando el poder judicial.
El informe GRECO señala la falta de independencia judicial en España como una de las principales causas de la corrupción política que padecemos.
Poder judicial sin medios adecuados para una tutela judicial efectiva
Los jueces y magistrados no solo tienen una sobrecarga de trabajo, sino que además se les mantiene como responsables de la marcha del tribunal, pero sin competencias en sus recursos humanos y materiales.
Se derivan las quejas al sistema hacia quienes son víctimas directas de sus deficiencias
A) La legislación existente canaliza las quejas por las deficiencias del sistema judicial contra los jueces y magistrados o personal de los órganos judiciales, cuando son otros poderes los responsables de su organización y dotación.
B) No se ponen los mecanismos adecuados para defender a los jueces y magistrados del peligro de ser presionados, incluso vilipendiados, de muy diversas formas, como en medios de comunicación y redes sociales.
Módulos de trabajo excesivos e infracondiciones de seguridad e higiene laboral
La jornada y horario al que están sometidos los jueces y magistrados es la marcada por el reparto de asuntos.
Se somete a un permanente estrés laboral a jueces y magistrados.
Retribuciones bajas con relación a funcionarios y otros poderes
No se dota a los jueces y magistrados de una mínima autonomía en la compra de instrumentos profesionales.
Los magistrados tienen que pagar con su sueldo los medios personales con los que habitualmente trabajan, sin que las leyes fiscales prevean la desgravación de tales medios, como ocurre con otros profesionales.
