Aunque ya es un secreto a voces que el próximo fiscal general del Estado va a ser una mujer, María José Segarra, actualmente fiscal jefe de Sevilla, el anuncio de la propuesta se va a demorar hasta el próximo viernes, cuando tiene que celebrarse el Consejo de Ministros.
Una vez que el Gobierno haga pública su candidatura, tiene que cumplirse el artículo 124 de la Constitución española, que dice que “el Fiscal General del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial”.
A continuación el CGPJ tiene que emitir un informe de idoneidad y después la candidata se tiene que someter a las preguntas que le hagan los diputados que componen la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados.
Un «interrogatorio» público que no es vinculante, porque no se vota; los miembros parlamentarios no tienen derecho de veto.
Una vez que cumpla esos dos pasos, que suponen el visto bueno del poder judicial y del poder legislativo, Pedro Sánchez someterá el nombramiento al Jefe del Estado, el Rey Felipe VI, que será quien finalmente lo rubrique; su publicación en el Boletín Oficial del Estado es lo que le dará carta de oficialidad completa.
Para ser fiscal general el candidato debe reunir unos requisitos muy concretos: ser un jurista español de reconocido prestigio y tener más de 15 años de ejercicio efectivo, condiciones que Segarra cumple con creces.
