Francisco Fernández Marugán, Defensor del Pueblo en funciones, advirtió que se avanza con “mucha lentitud” para acabar con la brecha salarial. También pide que se revise el actual sistema de copago farmacéutico para ampliar la protección de los colectivos vulnerables.
Y al mismo tiempo reclama que se potencie el alquiler social para los jóvenes
La intervención de Fernández Marugán este pasado martes en el Pleno del Senado, para presentar el Informe Anual de la Institución correspondiente a 2017 sirvió para reclamar más protección social en los colectivos más vulnerables del país
Fernández Marugán aseguró que “la actual situación de desigualdad está amenazando alcanzar un crecimiento sano y sostenido que sólo podrá conseguirse llevando a cabo una política activa, decidida y mantenida en el tiempo de redistribución de la renta”.
En 2017, la Institución tramitó 25.776 expedientes y formuló 2.338 resoluciones a las administraciones.
Durante su intervención, el Defensor del Pueblo en funciones pidió que se aborde la acogida de inmigrantes creando unas infraestructuras idóneas y mejorando la colaboración entre todas las administraciones públicas implicadas.
Fernández Marugán subrayó que en 2017, tras visitar las instalaciones y centros que España tiene desde Tarifa a Cartagena, la Institución que dirige formuló una serie de propuestas para atender a las personas que llegaron en parteras.
El Defensor del Pueblo en funciones indicó que en África se está produciendo un “efecto expulsión” de unos países en los que “existen unas condiciones de vida insoportables”, por lo que “es lógico que quieran venir como sea a esta parte del mundo para intentar tener una vida digna”, remarcó.
En su opinión, para afrontar esta situación “no vale solamente con el control de fronteras, pieza muy importante, pero no única”. Fernández Marugán consideró que es necesaria “voluntad política, una dotación de recursos suficientes, una colaboración institucional y social imprescindible y ciertos cambios legislativos”.
Garantizar la defensa de los derechos de los menores extranjeros no acompañados siempre ha sido una prioridad para el Defensor del Pueblo.
Fernández Marugán aseguró que “son niños y niñas antes que extranjeros” y reclamó que se dote al sistema de acogida de estos menores de recursos suficientes que permitan prolongar su protección una vez cumplidos los 18 años.
En este sentido, el Defensor del Pueblo en funciones recordó que el diseño de estos sistemas de acogida y programas individualizados deben ser abordados mediante modelos de cooperación entre las distintas administraciones públicas.
Fernández Marugán también volvió a dejar patente su preocupación por los problemas que afectan a las mujeres.
Así, advirtió que se está avanzando con “mucha lentitud” para acabar con la brecha salarial entre hombres y mujeres. También reiteró su condena a la violencia machista que desde 2003 ha dejado más de mil mujeres muertas y que cada año deja a muchas niñas y niños huérfanos.
Una sociedad cada vez más envejecida
Los derechos de las personas mayores son también una constante en el trabajo de la Institución. El Defensor del Pueblo en funciones consideró urgente adaptar el sistema social para dar una respuesta adecuada a los retos que plantea una sociedad cada vez más envejecida.
Según explicó “hay que revisar las pautas de actuación en la atención social para ofrecer las ayudas que precisan las personas mayores y sus familias e intentar un modelo en el que las personas de la tercera edad puedan permanecer el mayor tiempo posible en su entorno”.
Por otra parte, Fernández Marugán insistió de nuevo en la necesidad de revisar el actual modelo de copago farmacéutico para ampliar la protección de los colectivos vulnerables y garantizar que estas personas puedan acceder a los medicamentos que precisan.
“Hoy, los porcentajes de aportación para los pensionistas de la Seguridad Social y sus beneficiarios son excesivos y perjudican a muchos pacientes en situación de vulnerabilidad”, ha aseverado.
Asimismo, alertó sobre la situación de soledad no deseada en la que viven muchos mayores e indicó que “falta una radiografía precisa del alcance de este problema” que algunas fuentes sitúan en el millón y medio de personas afectadas.
Por ello, recalcó, “es imprescindible abrir un debate político y social” sobre este asunto.
En esta comparecencia el Defensor del Pueblo en funciones también llamó la atención sobre los problemas de los centros penitenciarios españoles.
Fernández Marugán aseguró que el principal problema sanitario en ellos es la enfermedad mental.
En este sentido, llamó la atención sobre la ausencia de servicio de psiquiatría en muchos centros penitenciarios y pidió una red adecuada de recursos terapéuticos y asistenciales para atender a los internos.
También explicó que las quejas recibidas ponen de manifiesto que hemos pasado de una situación en la que se reclamaba la construcción de nuevas instalaciones penitenciarias a otra en la que el reto es adecuar las estructuras de personal a las necesidades del tratamiento de un número más reducido de internos.
Por último, Fernández Marugán consideró imprescindible mejorar la situación de las mujeres internas en los centros penitenciarios con una política activa de discriminación positiva que les ofrezca nuevas oportunidades en los ámbitos personal, laboral y de servicios penitenciarios.
Necesaria otra política de vivienda
El Defensor del Pueblo en funciones concluyó su comparecencia refiriéndose a la vivienda, una de de las principales preocupaciones de los españoles en 2017.
Fernández Marugán destacó que los principales problemas en torno a esta materia son los elevados precios de venta y el bajo número de viviendas en alquiler.
Así las cosas, aseguró que la subida experimentada por el precio de los alquileres hace que este tipo de vivienda sea inaccesible para muchas personas, también para los jóvenes.
A ello se une, según explicó, que el nivel de gasto público destinado a ayudas al acceso a la vivienda es reducido y que las disponibilidades de viviendas sociales por parte de las administraciones territoriales son escasas.
Frente a esta situación, Fernández Marugán reclamó que las administraciones deben formular urgentemente “una oferta pública a favor del alquiler social para que los jóvenes puedan emanciparse y construir un proyecto de vida propio y autónomo”.
