El titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Almería solicitó ayer a las partes personadas en la causa seguida por la muerte de Gabriel Cruz que se pronuncien sobre la petición efectuada por los padres del pequeño para poder incinerar sus restos mortales.
El magistrado Rafael Soriano, les ha dado 15 días para que respondan a este extremo a partir de la notificación del auto de levantamiento del secreto de sumario.
Pese a que ayer trascendió que Soriano había decretado la totalidad del levantamiento, ordenó el levantamiento parcial, puesto que aún quedarían por recibirse determinadas diligencias de instrucción solicitadas.
El representante legal de los padres de Gabriel, el letrado Francisco Torres, quien ejerce la acusación particular, recordó el pasado lunes ante los medios de comunicación que los tiempos marcados por el juez en la instrucción del caso suponían una «pena añadida» y un «calvario permanente» para Patricia Ramírez y Ángel Cruz, quienes a lo largo de los últimos tres meses han solicitado «reiteradamente la incineración» de los restos
El magistrado prohibió la cremación el pasado 13 de marzo y autorizó únicamente su entierro ante la posibilidad de que fuera preciso practicar nuevas pruebas o proceder a una segunda autopsia, si bien el juez ya cuenta con los informes precisos al respecto.
Ese mismo día, la autora confesa del crimen, Ana Julia Quezada, declaró por primera vez ante los agentes de la Guardia Civil tras su detención en la Puebla de Vícar dos días antes.
Quezada fue arrestada cuando transportaba el cuerpo sin vida y semidesnudo del menor en el maletero de su vehículo a más de 75 kilómetros de Las Hortichuelas de Níjar.
El pasado lunes fue citada por el juez, pero, por recomendación de su letrada, Beatriz Gámez, Quezada no llegó a responder a las preguntas del magistrado «para salvaguardar su derecho de defensa».
Sobre la causa, en la que obran cerca de los 1.500 folios, se ha restringido el acceso a casi una veintena de papeles, además de aquellos que puedan producirse con posterioridad sobre las pruebas aún pendientes de recibir.
Entre las diligencias practicadas se encuentran los informes periciales en relación a la autopsia, las escuchas policiales, los informes toxicológicos y otras pruebas encaminadas a esclarecer el crimen por el que la única acusada se encuentra investigada por asesinato, detención ilegal y un delito contra la integridad moral.
El juez ha concedido un plazo de 20 días a las partes para que, una vez examinadas las actuaciones, propongan las diligencias que estimen convenientes y se pronuncien en la próxima semana si procede o no declarar la causa de especial complejidad.
