La magistrada Pilar de Lara y el promotor de la Acción Disciplinaria, Ricardo Conde.
Escritos de quejas de abogados contra Pilar de Lara desembocan en el promotor de la Acción Disciplinaria
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23/6/2018 01:34
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Actualizado: 26/6/2018 23:50
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La forma de trabajar de la magistrada del Juzgado de Instrucción 3 de Lugo, Pilar de Lara, va a ser estudiada y analizada por el promotor de la Acción Disciplinaria (pAD) del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Ricardo Conde.
La tercera semana de mayo pasado un equipo de tres miembros del Servicio de Inspección del CGPJ se trasladaron a Lugo para investigar el funcionamiento de dicho Juzgado.
Durante las dos semanas que estuvieron trabajando allí recibieron a un número de abogados de personas investigadas por De Lara, quienes les expusieron las supuestas irregularidades que, desde su punto de vista, la magistrada venía cometiendo desde hacía años y que perjudicaban gravemente a sus clientes.
Los miembros del equipo del Servicio de Inspección, además de recoger sus testimonios, animaron a los letrados a que dirigieran sus quejas al pAD.
Como consecuencia de aquello, varios de esos abogados han presentado varios escritos de quejas ante el Registro del CGPJ, dirigidos al pAD, conteniendo todo lujo de detalles sobre la forma de trabajar de la magistrada y que está afectando de forma directa y negativa a sus clientes, provocando, en su opinión, un mal funcionamiento de la Administración de Justicia en ese Juzgado.
Mal funcionamiento que estaría afectado a los derechos fundamentales de los investigados.
Dichas quejas ya están en poder de Conde, según ha podido saber Confilegal de fuentes de toda solvencia. De ser contrastadas y probadas, podrían abrir una puerta puerta a posibles correctivos disciplinarios a la magistrada.
PREFERENCIA POR LOS ANÓNIMOS
Entre las «anomalías» que citan de la magistrada, a la hora de ejercer su función de juez instructor, está su preferencia evidente por los anónimos, que incorpora de forma sistemática a las causas, vengan de donde vengan. Da lo mismo que hayan sido escritos con ordenador que a mano. En una de las causas constan hasta 17 anónimos. En otra, 2.
Y siempre, indefectiblemente, los investiga.
Para muestra un botón. El 31 de mayo de 2016 la magistrada envió un oficio a la Guardia Civil ordenando que se le informara sobre los hechos expuestos en un escrito anónimo recibido por ella en el Juzgado, en el que se denunciaba un supuesto exceso de horas trabajadas por conductores de una empresa del Grupo Monbús, que transportaban escolares.
En apariencia no había delito alguno.
A pesar de ello, los agentes de la Benemérita investigaron el asunto. Durante 9 meses, hasta el 20 de febrero de 2017, la Guardia Civil se dedicó a controlar las líneas de autobuses denunciadas, los horarios de los conductores, haciendo vigilancias estáticas, invirtiendo unos recursos vitales en la lucha contra la criminalidad.
La conclusión del informe que entregaron a la magistrada fue que ninguno de los conductores de Monbús había conducido vehículos de transporte escolar, como decía el anónimo, y ninguno hacía excesos de conducción diaria: «No se ha obtenido ningún indicio alguno que corrobore la existencia de las prácticas denunciadas en el escrito anónimo».
Otras de las anomalías que se le atribuyen es la del alargamiento de los procesos sin ninguna razón de base, agotando todas y cada una de las vías de investigación posibles, abriendo otras nuevas, en lo que finalmente se convierte en un camino a ninguna parte; la instrucción de algunas de esas causas duran ya hasta más de siete años y en ocasiones el secreto del sumario, hasta seis años.
Por contraposición, señalan, la magistrada muestra, en ocasiones, una celeridad sorprendente cuando se trata de asuntos de supuesto maltrato animal.
Y citan un caso reciente, en el que De Lara dictó un extenso y «excéntrico» auto en unas diligenciasen las que investigó a dos lucenses como autores de un delito de maltrato animal, después de que uno de los perros que convivía con ellos cayese por una ventana y se rompiera dos patas.
En el auto establecía la retirada de la guarda y custodia del animal a sus dueños y la prohibición de que se acercaran o comunicaran por cualquier medio con el animal. Medidas que la Fiscalía recurrió porque consideró que no estaban amparadas por ninguna ley existente.
Por lo tanto, pidió que se dejaran sin efecto las medidas de guarda y custodia del animal y la prohibición de comunicación y aproximación.
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