Es la primera vez desde que la Audiencia Nacional asumió la causa de Vitaldent a mediados de 2016 que los franquiciados y exfranquiciados, en su calidad de denunciantes de la trama, darán su versión de los hechos ante el magistrado Manuel García Castellón, titular del Juzgado Central de Instrucción número 6.
Las declaraciones comienzan este martes y se extenderán mañana y las dos primeras semanas de julio.
Comparecerán como testigos una veintena de franquiciados y exfranquiciados de la clínica, que en 2013 denunciaron el escándalo de la supuesta caja B de la cadena que acabó con su propietario, el uruguayo Ernesto Colman, en prisión.
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional desplegó la operación ante la sospecha de que el propietario de la cadena estaba exigiendo a sus franquiciados que le pagasen el 10% de lo acordado en metálico.
Al parecer, la cantidad sustraída se desviaba a cuentas en el extranjero de forma «episódica» para después volver a traerse al circuito económico legal español.
La operación, denominada Topolino, se saldó con 13 arrestados. También fueron incautados un avión y 36 coches de lujo.
La antigua cúpula de Vitaldent fue detenida en febrero de 2016, y la titular del Juzgado de Instrucción Número 2 de Majadahonda (Madrid), María Isabel Serrano, decretó la prisión incondicional para todos.
Tanto el presidente de la cadena como el exvicepresidente, Bartolomé Conte, estuvieron 15 meses en la cárcel por un presunto delito continuado de blanqueo de capitales y falsedad en documento oficial.
En mayo de 2017, el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco los dejó en libertad bajo fianza de 100.000 euros.
LA JUEZ DE MAJADAHONDA ENVIÓ EL CASO A LA AN
Serrano, que empezó a investigar el caso, se inhibió a favor de la Audiencia Nacional debido a la complejidad del mismo.
En su opinión, la cúpula de la franquicia diseñó y participó en un complejo sistema defraudatorio hacia franquiciados, clientes y pacientes, así como a la propia Hacienda estatal, valiéndose de su cargo como principales responsables de la empresa.
En julio de ese año la Audiencia Nacional se estimó competente para instruir el caso, que recayó en el Juzgado Central de Instrucción número 6, del que era titular Eloy Velasco.
Los presuntos hechos delictivos se remontan al 2009 y se habrían llevado a cabo en más de 170 clínicas de la franquicia repartidas por toda España, más múltiples establecimientos supuestamente dirigidos por testaferros.
Según la Fiscalía Anticorrupción, los hechos mencionados podrían ser constitutivos de organización criminal, blanqueo de capitales y delito contra la salud pública en los que presuntamente habrían intervenido varios conjuntos de sociedades, en las que «cada una de ellas juega un rol específico dentro de un operativo complejo».
Esta trama organizada, añade el Ministerio Público, habría estado operando «con gran estabilidad y permanencia en el tiempo».
Y no sólo en España, también en países como Holanda, Suiza y Luxemburgo, realizando «operaciones ficticias y la introducción en el circuito legal de los beneficios obtenidos con su actividad ilícita», por la que llegaron a defraudar unos 10 millones de euros.
Según han informado fuentes jurídicas, la gran mayoría de los imputados siguieron la misma línea de declaración. Se desvincularon de la supuesta caja B nutrida por las aportaciones periódicas de las franquicias y que llegó a recibir hasta 17,2 millones de euros anualmente.
Defendieron su gestión al frente de la cadena y acusaron a los franquiciados de no pagar los cánones correspondientes, cuyas quejas, dijeron, desconocían.
