Los nuevos dueños de Vitaldent buscan una solución para los franquiciados descontentos
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18/4/2017 04:58
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Actualizado: 17/4/2017 20:38
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El grupo Vitaldent, adquirido recientemente por una nueva empresa tras la detención de su excúpula por estafa, ha afirmado que trabaja con el objetivo de encontrar una «rápida solución» a los franquiciados que decidieron no quedarse en el grupo con el nuevo dueño, pero siempre dentro de la legalidad.
El grupo, cuya venta a la empresa JB Capital Markets SV SAU -de Javier Botín, hijo del empresario Emilio Botín- autorizó el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, afirma que a esas franquicias que no se subrogaron (aproximadamente un 20 % del total) se les aplican los mismos términos del contrato que tenían con el anterior dueño, pero añaden que esto se hace cumpliendo la ley.
Aseguran que de hecho son los administradores judiciales los encargados de este asunto y que el objetivo del grupo es encontrar una solución, aunque siempre siguiendo las instrucciones del juzgado y de los administradores.
Así, los intentos de cobro de cánones o de alquileres de locales a esos franquiciados son el resultado, afirman, de la actividad del administrador judicial, no de Vitaldent.
Las franquicias que han decidido no suscribir los contratos con el nuevo dueño consideran en cambio que, al abrirse una causa penal contra sus exdirectivos pueden, de acuerdo con sus contratos, rescindir los acuerdos con Vitaldent unilateralmente y seguir funcionando como clínicas privadas, una demanda que llevan paralelamente por la vía civil pero que aún no se ha resuelto.
De hecho, estas clínicas, diseminadas por toda la geografía española, ya pidieron al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco -que instruye ahora el caso por el fraude millonario de su ex cúpula a las franquicias, clientes y pacientes de Vitaldent- que suspendiera sus contratos con la marca, a lo que el magistrado se negó.
El caso Vitaldent estalló en febrero de 2016, cuando se detuvo a sus exdirectivos, entre ellos el antiguo dueño, Ernesto Colman, por haber diseñado «un complejo sistema defraudatorio hacia los franquiciadores, clientes y pacientes y la propia Hacienda», de manera que su cúpula recibía cada año 17,2 millones de euros en dinero B solamente de las 146 clínicas propias que tenía la cadena.
En un principio, la causa la llevaba un Juzgado de Majadahonda (Madrid) pero éste se inhibió en favor de la Audiencia Nacional, que obligó al juez Velasco a investigarla porque es muy compleja y afecta a muchas regiones españoles, lo que hace necesario centralizarla.
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