La Fiscalía Provincial de Madrid solicita cuatro años de prisión para el empresario uruguayo Ernesto Colman, exadministrador único de las mercantiles encargadas de explotar en España las clínicas Vitaldent, al que acusa de falsificar títulos universitarios de cursos de postgrado a ocho alumnos.
El representante del Ministerio Público le imputa un delito de falsificación de documento oficial.
Además de la pena de cárcel, reclama que se le imponga una indemnización de 20.000 euros para cada una de las personas perjudicadas.
También dirige la acusación contra las mercantiles Formación Vital SL y Open Dent SL, que eran las encargadas de explotar las clínicas que Vitaldent tiene repartidas por España y en las que el acusado figuraba como administrador único.
El fiscal expone que Colman, en su condición de administrador único de Formación Vital SL, conocida con el hombre de CES Vitaldent, el acusado celebró un contrato de formación con Instituto de Formación, Actividades Complementarias y Eventos SL( IFACE) con objeto de organizar un curso de postgrado en Cirugia, Periodoncia, Implantología y Prostodoncia, el cual sería impartido por Centro de Estudios Superiores Vitaldent(Cesvitaldent).
Señala que a lo largo de 2013, ocho personas celebraron un contrato de préstamo con Open Dent SL por un importe de 20.000 euros, cada uno, a fin de poder realizar dicho curso de postgrado que era impartido por Formacion Vital SL con una duración de dos años, desde 2013 hasta 2015.
En virtud de dicho contrato, el prestatario podría devolver el capital prestado de manera mensual en 12 meses a contar desde el mes siguiente a la finalización del curso o bien optar por prestar sus servicios en alguna de la clínicas pertenecientes al grupo Open Dent .
La Fiscalía inalizado el curso, Cesvitaldent, “a sabiendas que no era auténtico”, expidió a nombre de los ocho perjudicados los correspondientes diplomas acreditativos de la superación de dicho curso con el nombre y anagrama de la Universidad de Córdoba, diplomas que no son reconocidos por la Universidad de Córdoba.
LA AN REVOCÓ EN DICIEMBRE EL ARCHIVO DEL CASO VITALDENT Y ORDENÓ ENVIARLO A JUICIO
La Audiencia Nacional acordó el pasado mes de diciembre revocar el archivo del caso Vitaldent dictado por el Juzgado Central de Instrucción número 6 y ordenó dictar el auto de transformación a procedimiento abreviado para juzgar los responsables de este entramado por delitos de organización criminal, defraudación tributaria, estafa, apropiación indebida y blanqueo de capitales.
En dos autos, dictados el 1 de diciembre, estimó así sendos recursos de apelación de la Fiscalía y una acusación particular, a los que se adhirió la Abogacía del Estado contra el auto del magistrado instructor del pasado 13 de octubre en el que acordaba el sobreseimiento de las actuaciones.
La AN concluyó que la larga investigación desarrollada ha originado un cúmulo de indicios sobre supuesta perpetración de hechos, posiblemente constitutivos de los tipos penales mencionados, tal y como indican las partes recurrentes.
El tribunal indicó que la investigación ha puesto de manifiesto la existenfcia de una unidad de propósito y dirección de los investigados que crearon y controlaban una estructura organizada con pretensiones de permanencia dirigida por los investigados Ernesto Ramón Colman y Bartolo Conte, en la que cada uno de los implicados protagonizaba un especifico rol dentro de una operativa compleja.
Su objetivo final, añade el tribunal, era la de cometer fraudes masivos (de índole tributaria y contractual) y blanquear los beneficios obtenidos en esa estructura empresarial.
La AN asegura que en esta operativa participaban sociedades franquiciadoras, sociedades franquiciadas y sociedades de asesoría contable, fiscal, laboral y de servicios, con ámbito espacial no circunscrito a España, puesto que la red se extendía a países como Holanda, Suiza y Luxemburgo.
En relación con los delitos contra la Hacienda pública, contrariamente a lo considerado por el juez instructor, el tribunal entiende que sí se han cuantificado las cantidades defraudadas en dos impuestos, el de Sociedades a IVA. Explicó que por el primero se alcanzan casi los seis millones de euros por cuotas impagadas de los ejercicios de 2013 y 2014, mientras que por el segundo se supera el millón de euros, rebasando el límite establecido para ser considerado delito.
