La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) insta a los grupos parlamentarios a que trabajen en julio para agilizar la puesta en marcha del régimen sancionador y poder aprobar la ponencia en septiembre para su entrada en vigor en enero de 2019.
Este régimen sancionador está incluido en la Proposición de Ley de refuerzo de la lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. El motivo del retraso ha sido el reajuste de las comisiones parlamentarias a la nueva nomenclatura de los ministerios.
La PMcM, que tiene reconocida su legitimación activa en este ámbito, agrupa a entidades estatales, autonómicas y sectoriales, que en conjunto representan a cerca de 1 millón de empresas -con una cifra de negocio cercana a los 150.000 millones de euros- y que dan empleo a más de 4,5 millones de trabajadores y autónomos.
“No tenemos dudas de que este sistema de multas —el régimen sancionador— funcionaría de forma determinante como elemento disuasorio de las malas prácticas en cuanto a pagos a proveedores. Con esta nueva herramienta por fin se reducirían los plazos de pago a proveedores”, asegura su presidente, Antoni Cañete.
En su opinión, es necesario que se retome cuanto antes “por el impacto que tendría en nuestra economía, por la salud de nuestras pymes y autónomos, los principales afectados».
Morosidad en el sector público
Pablo García, abogado, experto en el sector público de LIfe Abogados destaca que “la morosidad es una de las lacras más importantes para un país porque tiene efectos económicos negativos, debilita al tejido empresarial y puede ser un elemento de competitividad frenando el empleo».
Por eso, tener un régimen sancionador que penalice al incumplidor «parece la medida más acertada con multas importantes en el terreno de las infracciones graves, que ayudará a generar alguna repercusión importante». A su juicio hay que reactivar esa Ley de Refuerzo de Lucha contra la Morosidad que viene a modificar la normativa del 2010 y otras anteriores.
En la actualidad las Administraciones Públicas fijan en 70 días el plazo de pago, situación que genera graves agravios a las pymes. Según un informe de la Asociación de Trabajadores Autónomos, ATA, alguna Administración Local podría tardar hasta 500 días.
Hay que reseñar que el sector público supone cerca del 20% del PIB y es un gran motor de la actividad económica.
“Estamos ante una rueda que afecta a todos los interlocutores; si la administración deja de pagar repercute en los proveedores, lo que hace que el usuario final tenga un producto aún más caro y demoras importantes”, señala este jurista.
Para García es muy importante que las pymes eviten contratar con empresas públicas o privadas que tengan mucha respuesta de demora. “Es importante que si nos convertimos en subcontratista sepamos cuáles son los plazos medios de pago para no llevarnos ninguna sorpresa desagradable”.
La nueva Ley de Contratos del Sector Público que permite el pago directo de la administración al subcontratista, puede ser un elemento que ayude a reducir esos plazos de pago, explica. Si bien revela que es Bruselas la que está pendiente de que estos plazos de pago se ajusten al esquema europeo, vigilando la correcta transposición de leyes.
Comunidades Autónomas con liquidez para pagar a sus proveedores
La PMcM, en línea con su labor de vigilancia en materia de morosidad por parte del sector público, ha analizado el último informe del Ministerio de Hacienda y Función Pública que se conoció hace algunos días relativo a la “Ejecución de presupuesto de gastos del Estado. Avance comentado de pagos. Administración General del Estado”.
De acuerdo con el mismo, las transferencias corrientes a las Comunidades Autónomas de enero a mayo han experimentado un incremento del 18,2% frente al mismo periodo del año anterior.
Para el presidente de la PMcM, Antoni Cañete, “esto es importante, ya que incluye una variación positiva de los anticipos concedidos al amparo del artículo 64 de la Ley 22/2009 de sistema de financiación por 811.903 miles de euros; estos anticipos sirven para compensar los posibles desfases de tesorería que tengan las diferentes comunidades autónomas; es por ello que las CC.AA. han debido tener en estos meses liquidez suficiente para pagar a sus proveedores dentro de los plazos legales, y no todas lo han hecho”.
Según el informe de Plazos Medios de Pago (PMP) de las Administraciones Públicas que el Ministerio hizo público el mes pasado (con datos relativos a marzo), “comunidades autónomas como la Región de Murcia y Comunidad Valenciana duplicaron los plazos máximos exigidos por ley (61 y 62 días, respectivamente, frente al máximo legal de 30)”, denuncia Cañete.
El presidente de la PMcM recuerda que, en dicho informe, el Ministerio publicaba estas cifras con 30 días menos (31 para Murcia y 32 para Comunidad Valenciana), al no haber instaurado todavía el cambio de metodología de cálculo de los PMP a proveedores exigido por la Unión Europea.
