El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, ha recomendado la creación de protocolos de colaboración entre jueces y agentes policiales para la puesta a disposición judicial de los detenidos.
Se ha pronunciado así a raíz de una queja presentada en mayo de 2015 por los abogados Antonio Alberca, Orlando Espejo Barona y Mayra Cecilia Rubio Espíritu, colegiados del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) y miembros de la asociación ‘Justitia et Veritas’.
Antonio Alberca, presidente de dicha asociación y director del despacho ‘Alberca y Asociados’, informa a Confilegal de que en su escrito alertaron al Defensor del “excesivo tiempo de espera” que los arrestados de Madrid se veían obligados a pasar en los calabozos.
“En muchos casos se agotaba el límite legal de 72 horas”, destaca.
Le advirtieron de que se estaba “vulnerando del derecho constitucional a la libertad al prolongarse ilícitamente la detención», dado que “una vez hechas las diligencias, los detenidos eran trasladados a los calabozos de la Comisaría de Moratalaz en una única conducción nocturna, en vez de ser puestos inmediatamente a disposición judicial”, como recoge el artículo 17 de la Constitución.
“Esta conducción se efectuaba sobre las 9 o las 10 de la noche, por lo que quien fuera arrestado después tenía que estar en dependencias policiales hasta la siguiente conducción”, añade Alberca.
«EN MADRID NO ESTABA REGULADA LA PUESTA A DISPOSICIÓN JUDICIAL»
Cuenta que un día sacó a sus compañeros de ‘Justitia et Veritas’ este asunto que tanto le llamaba la atención, indagaron por qué se producía esto y descubrieron que en Madrid la puesta a disposición judicial de los detenidos no estaba regulada.
“No existía ni una norma, ni un acuerdo, ni una circular que especificara cuándo a un arrestado se le tiene que poner ante el juez”, detalla el letrado.
Fue entonces cuando acudieron al Defensor del Pueblo para corregir esta “anomalía”.
Antonio Alberca dice que también presentó varios habeas corpus en el juzgado de guardia de Madrid y “la respuesta de varios magistrados fue que el límite de la detención son 72 horas”.
El abogado hace hincapié en que la Carta Magna y la Ley de Enjuiciamiento Criminal recogen que el plazo máximo es el imprescindible para realizar las diligencias de investigación, si bien éste tiene un máximo de 72 horas.
BECERRIL RECOMENDÓ EN 2015 PONERLOS EN EL PLAZO MÁS BREVE POSIBLE
A raíz de su queja, en octubre de 2015 la entonces Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, formuló una recomendación a la Policía para que pusiera a los detenidos a disposición judicial en el plazo más breve posible, evitando abusar del máximo que le permite la Ley.
“En la Brigada Provincial abrieron una investigación y vieron que efectivamente esto no estaba regulado, sino que venía por acuerdos verbales de hacía años entre la Brigada Provincial y los decanos de los juzgados. Entonces, a finales de 2015 dicha brigada dictó una circular ordenando que inmediatamente todos los detenidos fuesen puestos a disposición del juzgado”, relata Alberca.
Informa de que “los tres o cuatro días siguientes a esta circular, la Policía estuvo llevando inmediatamente a los detenidos a los juzgados, y que entonces se dio la circunstancia de que los jueces se mosquearon porque les sacaron de su rutina».
«Esto motivó que la Brigada Provincial de Madrid ordenase que se hiciesen dos conducciones diarias«, explica.
PROTOCOLOS DE COLABORACIÓN ENTRE JUECES Y CUERPOS DE SEGURIDAD
La queja continuó, con presentación de alegaciones por parte de ‘Justitia et Veritas’, y ahora es cuando el actual Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha resuelto recomendar a la Comisión Nacional de Coordinación de la Policía Judicial que «elabore criterios orientativos a las distintas Comisiones Provinciales para que se pueda llegar a elaborar definitivamente los protocolos de colaboración entre la Autoridad Judicial y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para la presentación de arrestados».
El Defensor del Pueblo en funciones dio traslado de su resolución a los miembros de la asociación ‘Justitia et Veritas’ el pasado jueves.
En ella, ha tenido en cuenta un informe del Consejo General del Poder Judicial en el que se constata la falta de protocolos en esta materia a nivel nacional.
El máximo órgano de los jueces considera que en los criterios que deben seguirse en la puesta a disposición judicial de los detenidos «ha de respetarse escrupulosamente la legalidad vigente, la doctrina del Tribunal Constitucional y por supuesto los derechos de los detenidos».
«HAY COMISARÍAS QUE SIGUEN SIN ADAPTARSE A LA RECOMENDACIÓN DE 2015»
Antonio Alberca espera que con esta medida, a partir de ahora “los detenidos sean puestos lo más rápido posible delante del juez y no tengan que esperar durante días a causa de un orden organizativo que no tiene ningún sentido”.
El letrado destaca que todavía queda trabajo por hacer. Advierte de que en determinadas Comisarías de Madrid “aún siguen sin adaptarse a la recomendación del Defensor del Pueblo de 2015”.
“Lo importante es que las autoridades tomen consciencia de que el derecho a la libertad hay que respetarlo a todos los ciudadanos, y que no se puede tener a los detenidos como objetos apilados a la espera de que un juez les tome declaración”, sentencia.
