Carlos Lesmes durante una de sus intervenciones en el CGPJ. Confilegal.
Lesmes invoca la defensa de Llarena ante Exteriores y Justicia contra el filibusterismo legal de los políticos fugados
Un Juzgado belga cita al magistrado para que comparezca para responder a una demanda de los fugados
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10/7/2018 18:37
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Actualizado: 07/6/2022 15:47
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El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, ha invocado formalmente a los ministros de Exteriores y de Justicia para que actúen «para asegurar la integridad de la acción del Estado» y del magistrado instructor del «procés», Pablo Llarena, contra el último acto de filibusterismo legal de Carles Puigdemont y los cuatro exconsejeros fugados, quienes presentaron una demanda civil contra el juez ante los tribunales belgas.
La estrategia de “filibusterismo legal” aplicada en este caso -también conocido internacionalmente como “lawfare”- tiene como fin convertir acciones legales sin recorrido, presentadas ante diferentes tribunales e instancias nacionales e internacionales, en fuente de generación de noticias.
Noticias que, canalizadas a través de medios de comunicación, asociaciones, partidos afines y redes sociales, buscan mantener la tensión del conflicto entre sus seguidores, convirtiendo a las dianas de esas acciones en chivos expiatorios o cabezas de turco; el centro de todos los males del independentismo.
Este filibusterismo legal se nutre de los principios de una antigua práctica legal conocida como «querella catalana».
CARTAS A BORRELL Y A DELGADO
Lesmes ha enviado sendas cartas a Josep Borrell y Dolores Delgado explicando que la citación de un juez belga al magistrado Llarena el próximo 4 de septiembre «se enmarca en una actuación dirigida a defraudar las garantías de independencia del magistrado del Tribunal Supremo» encargado de la causa relativa al proceso separatista en Cataluña.
La demanda fue interpuesta contra Llarena a principios de junio por los exconsejeros fugados a Bélgica –Toni Comín, Meritxell Serret y Lluis Puig– y Escocia –Clara Ponsati-, junto a Carles Puigdemont, por su supuesta “falta de imparcialidad” y por presuntamente “vulnerar la presunción de inocencia” de los acusados.
Lesmes ve con claridad que «el texto de la demanda revela que, de manera oblicua aunque en absoluto disimulada, lo que se pone en cuestión son las instituciones del Estado español y la propia corrección del Estado”.
Una evidente acción de «filibusterismo legal».
En estas circunstancias, la máxima autoridad de la justicia española considera “absolutamente necesario e imprescindible que se lleven a cabo las actuaciones correspondientes para asegurar la integridad de la acción del Estado y del magistrado afectado, y específicamente las que procedan ante la jurisdicción y las instituciones que correspondan del Reino de Bélgica, toda vez que, aun cuando consta el rechazo del emplazamiento, las decisiones que puedan llegar a adoptar los tribunales belgas son una incógnita”.
Y en consecuencia solicita a Josep Borrell que «conforme a la práctica procesal belga» requiera al Ministerio de Asuntos de Bélgica para que éste comparezca ante «el tribunal belga, en representación del Estado belga, pero en defensa de la inmunidad de jurisdicción de España y del juez del Tribunal Supremo demandado».
Toda una vuelta de tuerca jurídico-diplomática más digna de una novela de John Grisham que de la propia realidad.
Lesmes informa en sus escritos a ambos ministros que el entonces juez decano de los Juzgados de Madrid, Antonio Viejo -hoy secretario general de la Administración de Justicia- rechazó informar a Llarena de la demanda belga y de su cita al considerar que se cumple el supuesto de exclusión previsto en el artículo 1 del Reglamento europeo 1393/2007, ya que “la demanda no es civil, pese a la apariencia con la que pretende presentarse, sino que pretende cuestionar y examinar actuaciones soberanas llevadas a cabo por el Estado español a través de sus órganos jurisdiccionales”.
UNA ACCIÓN DE FILIBUSTERISMO, Y OTRA Y OTRA Y OTRA
En este caso el objetivo ha sido el magistrado Llarena. Pero recientemente fueron el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy y la exvicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría. Quim Torra, el presidente autonómico catalán, presentó una querella contra ambos en el Supremo por una supuesta prevaricación al dar orden de no publicar en el BOE los nombresde 2 políticos presos y 2 fugados como nuevos consejeros de su ejecutivo.
Dicha querella fue inadmitida y archivada por el Alto Tribunal, lo que dio pie a que la portavoz del gobierno autonómico de Cataluña, Elsa Artadi, afirmar que era la constatación de que en España “no hay independencia judicial” y el poder político del Estado no tiene quien lo vigile.
El pasado 15 de junio, la mesa del parlamento autonómico catalán presentó una denuncia también ante el Tribunal Supremo contra Llarena, y los magistrados del tribunal de apelación, Miguel Colmenero, Francisco Monterde y Alberto Jorge Barreiro, porque habían negado la libertad a los políticos presos.
Antes de eso, los abogados de Jordi Sànchez presentaron una queja ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas que después, en otra acción de “filibusterismo legal”, se trató de hacer pasar por una resolución en toda la regla contra el Gobierno español, a sabiendas de que no era cierto.
El magistrado del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, en un auto del que fue ponente el pasado mes de mayo, recordó a Sànchez que la tal resolución no era tal y que el mencionado Comité no había adoptado ninguna decisión sobre la admisión de la queja ni sobre su fondo.
Asimismo, el pasado mes de marzo un colectivo separatista, llamado QuerellatsXRepública trató de promover una avalancha de denuncias, otra vez ante el Tribunal Supremo, contra Llarena y los tres magistrados de la Sala de Apelación citados, que criticaron la resolución del tribunal alemán, que cuestionaba la existencia de violencia en el “procés”.
La cosa no cuajó, aunque se intentó.
El objetivo final es generar noticias y alimentar el conflicto.
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