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El Supremo condena al Estado por no tramitar las solicitudes de asilo asignadas por la UE en 2015

Fallo inédito de un tribunal nacional europeo por incumplir el cupo asignado
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El Tribunal Supremo a través de su Sala de lo Contencioso-Administrativo ha condenado al Estado por incumplir parcialmente sus obligaciones administrativas de tramitación de solicitudes de asilo de refugiados procedentes de Grecia e Italia, establecidas por la Unión Europea.

España tenía asignado un cupo de 19.449 personas durante dos años y, sin embargo, tramitó un 12,85% del total.

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Medidas vinculantes y obligatorias

En la sentencia conocida hoy, y en la que ha sido ponente el magistrado César Tolosa, el alto tribunal considera que las decisiones comunitarias incumplidas –en este caso la Decisión 2015/1523 con vigencia desde septiembre de 2015 hasta septiembre de 2017– sobre medidas provisionales para acoger los solicitantes de asilo procedentes de Italia y Grecia, eran de carácter vinculante y obligatorio.

En consecuencia su incumplimiento implica “la condena del Estado español a continuar la tramitación” en los términos previstos por el Consejo Europeo. O lo que es lo mismo, que el Gobierno deberá tramitar el 87% de solicitudes que quedaron pendientes de estudio, lo que no quiere decir que tenga que haber asignación de asilo a estos refugiados.

La Sala estima de forma parcial el recurso contencioso-administrativo planteado por la Associació de Suport a Stop Mare Nostrum contra la desestimación, por silencio administrativo, de la solicitud formulada el 21 de abril de 2017 ante el Gobierno de Mariano Rajoy.

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La ONG pedía en su demanda que se declarase que España había incumplido las obligaciones sobre las ofertas de plazas de reubicados y que se ordenase al Ejecutivo a que cumpliese inmediatamente y con carácter urgente estas obligaciones.

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