La UE recomienda al Gobierno español implantar un régimen sancionador contra las empresas morosas
Según denuncia la PMcM, esta iniciativa está paralizada en el Congreso
|
03/10/2018 06:15
|
Actualizado: 02/10/2018 21:46
|
La Comisión Europea ha publicado un informe sobre la morosidad en las transacciones entre empresas, en el que deja patente que las sanciones administrativas a los plazos de pago por encima de los límites legales son un medio eficaz para apoyar la aplicación de la legislación.
En este sentido, la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) denuncia que en España el régimen sancionador siga sine die paralizado en el Congreso de los Diputados, después de que ayer “se parara de forma inexplicable”.
Esta entidad agrupa a entidades estatales, autonómicas y sectoriales, que en conjunto representan a cerca de 1 millón de empresas -con una cifra de negocio cercana a los 150.000 millones de euros- y que dan empleo a más de 4,5 millones de trabajadores y autónomos. Asimismo, la PMcM tiene reconocida en la propia Ley 15/2010 su legitimación activa en este ámbito.
La Ley que comprende un sistema de multas de más de 800.000 euros para los que incumplan los plazos legales de pago en España parecía que iba a aprobarse antes del verano. Sin embargo, con el cambio de Gobierno las comisiones se disolvieron y se crearon otras con otros integrantes, retrasándose a septiembre.
Debido a esto, “ya no se ha podido cumplir el compromiso de que el régimen sancionador esté en marcha este año”, responsabiliza el presidente de la PMcM, Antoni Cañete. “Estaremos atentos a que la ponencia se constituya la semana que viene, tal y como nos han informado; en caso negativo, pediremos explicaciones desde la PMcM”, sentencia.
Se trata de una futura ley que apoyan absolutamente todos los grupos parlamentarios, pero que no para de sufrir retrasos más o menos justificados.
El periodo de enmiendas se cerró el 21 de noviembre de 2017, hace ya 10 meses, con lo cual la norma debería haber entrado en vigor a principios de 2018. Sin embargo, la negociación de los Presupuestos eclipsó este régimen sancionador de las empresas morosas, que esperan como agua de mayo las pymes, porque el 85% de ellas cobra tarde sus facturas.
Este pasado martes, tras la Comision de Economía e Industria en el Congreso de los Diputados se llegó a una insólita situación: no poder poner en marcha la ponencia de esta norma por falta de ponente. Ni Ciudadanos ni PSOE se pueden hacer cargo de ella, dicen. Esta situación lo que va a generar es que su tramitación se retrase un mes más al menos, según fuentes consultadas por este diario.
Beneficios del régimen sancionador
Según el estudio que ha elaborado la Comisión Europea, que la Administración pueda sancionar directamente a las empresas evita que el acreedor asuma la responsabilidad de actuar contra el deudor, esto es, que se enfrente a su cliente. Es por ello que algunos países ya los utilizan de manera general o bien de manera sectorial.
Asimismo, la Comisión Europea recomienda la publicación de estas multas con el fin de incrementar su efecto disuasorio y contribuir a la transparencia del sistema.
Para el presidente de la PMcM, Antoni Cañete, el régimen sancionador es “la única manera de conseguir un mayor cumplimiento del plazo de pago máximo de 60 días establecido por la Ley de lucha contra la morosidad; con las sanciones se evitarían muchos de los malos hábitos de pago que existen en nuestro país, acabando con las prácticas abusivas de imponer plazos de pago leoninos”.
Otras recomendaciones de la UE para reducir la morosidad
La Comisión Europea ofrece en su análisis diferentes estrategias para actuar contra la morosidad en los diversos Estados miembro. Entre las medidas preventivas propone el endurecimiento de los términos legales que afecten a los pagos, especialmente en los sectores más vulnerables, y la creación de organismos de observación, seguimiento y control de las prácticas de pago, tal como un Observatorio de la Morosidad.
Como medidas correctivas, considera de especial importancia, además de la implantación de un régimen sancionador, la existencia de sistemas alternativos a la mediación de conflictos, ágiles y baratos.
Finalmente, el informe de la Comisión Europea aboga por tomar iniciativas que ayuden al cambio de la cultura empresarial en materia de plazos de pago. Concretamente, los Códigos de Buenas Prácticas, la inclusión de los plazos de pago a proveedores como un aspecto más de la Responsabilidad Social Corporativa y la formación de nuestros empresarios en la gestión del crédito.
Perjuicio a las pymes
La PMcM arrancó hace unos meses una campaña de recogida de firmas en Change.org para conseguir «que nuestros clientes cumplan con los plazos de pago legales«
Se trata, en definitiva, que las administraciones paguen en su momento. La morosidad ha causado la muerte de un tercio de las 500.000 pymes que han desaparecido desde el inicio de la crisis, ocasionando la pérdida de los puestos de trabajo que estas 160.000 pequeñas y medianas empresas proporcionaban.
Los últimos estudios indican además, que al 74% de los proveedores se les imponen plazos de pago superiores a los 60 días que establece la Ley 15/2010, lo cual las debilita enormemente.
Es, por tanto, el momento de dar un vuelco a esta situación como persigue este colectivo y establecer un régimen sancionador para frenar estas situaciones especulativas que generan algunas empresas y parte de la administración publica.
Noticias Relacionadas:
