Fomento confirmó, a través de su ministro, José Luis Ábalos, que invertirá 5.000 millones de euros en infraestructuras en lo que queda de este año. Al mismo tiempo avanzó que la vivienda será un eje prioritario de su gestión.
Sus objetivos son los de reorientar el Plan Estatal de la Vivienda presentado por el PP para 2018 y 2019 y construir 20.000 viviendas en alquiler que estarán listas entre cuatro y seis años, volviendo así a una de las políticas clásicas de la socialdemocracia europea.
El ministro también aboga por reforzar el papel de SEPES (Entidad Pública Empresarial de Suelo) a la hora de facilitar el suelo para las mencionadas viviendas y también para construir vivienda social o habilitar polígonos industriales.
Para ello, Fomento estudiará, en colaboración con las comunidades autónomas y los ayuntamientos cuáles son los suelos más adecuados para albergar este parque de viviendas.
Estas viviendas serán destinadas de forma indefinida al alquiler o la cesión en uso, con una renta o precio limitado, en aquellas ciudades de demanda acreditada y donde los precios del alquiler sean más altos.
También apuntó que «es preciso acometer nuevas medidas encaminadas a garantizar el acceso a la vivienda por parte de las personas y las familias con menos recursos». Una reivindicación de los colectivos más afectados por la crisis como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).
A este respecto anunció la puesta en marcha de forma inmediata de un Grupo de Trabajo Interministerial específicamente dirigido a desarrollar un conjunto de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler.
Otra línea de este grupo será una mayor coordinación con los servicios sociales en los casos de desahucios.
Se plantea, asimismo, la optimización del uso del parque de vivienda existente, para lo que se propone acotar de forma precisa la definición de vivienda vacía y vivienda turística.
Para Ábalos, una de sus prioridades en este macro Ministerio que es Fomento es que la vivienda deje de ser la hermana pequeña y se convierta en una prioridad.
La idea que plantea es que desde este Ministerio se apueste por mejorar la calidad de vida de la personas, incrementar la cohesión social y territorial y apuntar hacia una economía productiva.
Ábalos considera que con las políticas pasadas se dejó «desprotegidos» a muchos jóvenes y a muchas familias con pocos recursos. Fomento se plantea también ampliar la duración de los contratos de alquiler de tres a cinco años, limitar las fianzas y estimular con incentivos fiscales la oferta de vivienda en alquiler y la moderación de las rentas.
Estas medidas urgentes están destinadas a paliar el incremento de los precios del alquiler, que se han disparado en las grandes ciudades hasta en un 50% en los últimos cuatro años por la irrupción de los alquileres turísticos y la reactivación del mercado inmobiliario.
Reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos
Una de las primeras medidas consistirá en la reforma de la ley de liberalización del alquiler del año 2013 para ampliar los plazos de duración de los contratos hasta la referencia marcada en la ley socialista de 1994 (pasaría de 3 a 5 años) y reduciendo las restricciones en el acceso a la vivienda para los arrendatarios.
En este caso, una de las principales modificaciones será la obligación de que el arrendatario conserve intacto su contrato de alquiler cuando se produzca la venta de la casa, ha explicado Ábalos. La medida va dirigida a frenar el coste del alquiler en aquellas situaciones en las que la vivienda es adquirida por fondos de inversión o comprada para ser destinada a alquiler turístico.
Así, se ampliarán los plazos de prórroga obligatoria y tácita de los contratos de arrendamiento, probablemente recuperando los de la Ley de 1994. Esto es, se vuelve a la prórroga forzosa hasta cinco años.
En 2013, el PP lo rebajó a tres años, lo que provoca que cuando estos se cumplen el propietario pueda dar por concluido el contrato o imponer al inquilino una fuerte subida de la renta, lo que favorece la escalada de precios.
La reforma legal establecerá también límites razonables a las fianzas que se exigen al arrendatario al suscribir un contrato de alquiler. Se trata de evitar que haya que aportar 2.000, 3.000 o hasta 4.000 euros para poder alquilar una vivienda. Asimismo, se protegerá a los inquilinos en el caso de que se venda su casa, porque el nuevo propietario deberá respetar el contrato de arrendamiento.
