La ciudad austriaca de Innsbruck albergó el viernes una reunión informal del Consejo de Ministros de Justicia e Interior (JAI) de los Estados miembros de la Unión Europea.
Como tema central en la agenda de trabajo se trató la prueba electrónica y el problema de que los proveedores de servicios dentro de la UE se enfrentan a legislaciones «poco claras» con respecto a la entrega de datos personales sin que se vulneren derechos fundamentales.
La necesidad de seguir reforzando la cooperación judicial en asuntos civiles y mecantiles con un uso reforzado de medios electrónicos de comunicación y las propuestas de reforma de dos Reglamentos destinados a regular y simplificar la notificación y la obtención de pruebas, respectivamente, ocuparon otra de las sesiones de esta reunión informal.
Los ministros de Justicia de la UE han destacado la importancia que tiene la confianza mutua entre Estados miembros como elemento esencial para la cooperación judicial en materia penal.
La postura de España
España estuvo representada en este encuentro por el secretario de Estado de Justicia, Manuel Dolz, que defendió la voluntad de nuestro país de avanzar en la obtención transfronteriza de pruebas electrónicas en los procesos penales.
Dolz explicó en el encuentro que la protección de los derechos fundamentales y los datos personales en el entorno comunitario «son indiscutibles» y que su intención es que el principio de jurisdicción territorial no facilite la negativa de los proveedores de servicios ubicados en otros Estados miembros de la Unión Europea.
Para el secretario de Estado, «lo primordial» es garantizar tanto la eficacia en la obtención y transmisión de las pruebas electrónicas como el respeto en ese proceso de los derechos fundamentales de los investigados.
En este sentido, señaló también la necesidad de superar «las trabas que impiden hoy homogeneizar los instrumentos procesales de investigación y aplicarlos directamente al ciberespacio», así como la importancia de una adecuada regulación de los supuestos en los que cabría oponerse a las órdenes emitidas por una autoridad judicial.
