Armas incautadas a internos durante registros aleatorios realizados por funcionarios de prisiones.
En España se produce una media de un ataque al día a funcionarios de prisiones
ALERTAN LOS SINDICATOS
|
16/7/2018 12:53
|
Actualizado: 16/7/2018 12:57
|
Los sindicatos de prisiones alertan de que hay una media de un ataque al día a funcionarios de prisiones con resultado de alguna lesión.
Según la última estadística, entre 2011 y 2016 han sufrido hasta 2.132 agresiones a manos de los reclusos.
En 2017 se registraron 305, de las cuales ocho fueron graves (un 60% más respecto a 2016), 176, leves (un 8% más), y 121 acabaron sin lesiones (un 37,3 menos que un año antes).
Entre los ataques que se han producido destaca, por ejemplo, uno que tuvo lugar en la prisión madrileña de Valdemoro, que tiene entre sus ilustres reclusos a Álvaro Pérez, más conocido como ‘El Bigotes’, uno de los presuntos cabecillas de la ‘trama Gürtel’ en Valencia.
‘El Bigotes’ hizo que este centro penitenciario saltara a primera plana el pasado noviembre porque durante una declaración por videoconferencia desde la cárcel se acogió a su derecho a no declarar ante las Cortes Valencianas y pidió volver a su curso “porque estaba pochando”.
En esta prisión, un recluso con una cuchilla escondida en la boca, se abalanzó sobre el trabajador y le causó un profundo corte en el cuello, a pocos milímetros de la yugular.
Provocó al funcionario una herida de 11 centímetros a nivel de la tiroides, y el trabajador tardó 45 días en recuperarse. El suceso tuvo lugar en octubre de 2012, en la enfermería del centro. El preso fue condenado a siete años y medio de cárcel.
La condena más alta impuesta en España por agresión a un funcionario de prisiones es de 19 años de cárcel, a la que ha sido sentenciado recientemente Fabrizio Joao Silva, un guineano de metro ochenta y más de 100 kilos de peso, por el ataque que protagonizó en 2016 en la prisión Puerto III, en el Puerto de Santa María (Cádiz).
Con dos cadáveres a sus espaldas, a los ocho meses de estar interno en esta centro cometió la agresión.
Atacó con un estilete metálico a varios funcionarios cuando lo estaban cacheando. A uno de ellos estuvo a punto de cortarle la yugular, a otro le perforó la mejilla y le arrancó varios dientes, y a un tercero le asestó una puñalada en el antebrazo.
PRESOS CON PROBLEMAS MENTALES
Francisco Llamazares, presidente del sindicato Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP), señala en Confilegal que “las agresiones han aumentado y siguen aumentando porque cada día tenemos más personas con problemas mentales en las cárceles”.
“Mientras la gente está controlada con medicación va bien, pero en cuanto la dejan o salen a la calle son bombas atómicas”, añade.
Uno de los últimos ataques tuvo lugar en Sevilla el pasado día 12. Según ha informado hoy UGT-Prisiones, una celadora fue agredida en el establecimiento psiquiátrico penitenciario por un interno del módulo 2 de agudos, donde están los reclusos con medicación más peligrosos.
“Los hechos se produjeron sobre las cinco de la tarde, la empleada se encontraba atendiendo a otro interno impedido cuando fue sorprendida por otro recluso que bajaba desde su celda de aislamiento sanitario para el tiempo de paseo, acompañado por dos funcionarios de los que logró zafarse momentáneamente”, relata el sindicato.
Cuenta que “este último, de origen árabe y muy conocido por su carácter violento y antisocial en el centro, agarró por la espalda a la celadora y la golpeó con fuerza en la cara contra la pared”.
Los funcionarios intervinieron rápidamente y lograron reducir al agresor. La trabajadora tuvo que ser hospitalizada con diversas contusiones en la cabeza y en el rostro, úlcera de córnea y fisura del tabique nasal.
Según ha podido saber UGT-Prisiones, este preso ha protagonizado graves alteraciones en el centro en las dos últimas semanas, que van desde destrozar ordenadores y material sanitario, a golpear en la nariz a otro de los funcionarios que lo custodiaban. Tras este último incidente ha sido trasladado al hospital psiquiátrico penitenciario de Alicante.
UGT-Prisiones denuncia la falta de medios y recursos materiales, y reclama incrementar las medidas de seguridad en centros que, como el citado, “albergan a internos con un perfil de peligrosidad manifiesta al padecer patologías mentales muy complejas”.
LAS PRISIONES MÁS PELIGROSAS SON LAS MÁS POBLADAS
En España hay unos 59.400 reclusos, 4.400 de ellos son mujeres, y más de 16.500, extranjeros, en su mayoría marroquíes, seguidos por rumanos, colombianos y ecuatorianos.
La provincia con más presos es Andalucía (13.808), seguida por Cataluña (8.413), Madrid (7.603), la Comunidad Valenciana (6.761), Castilla y León (4.060), Galicia (3.338) y Canarias (3.224). En el extremo opuesto están Ceuta (248), Melilla (266), Navarra (298), La Rioja (303) y Cantabria (544).
Por centros penitenciarios, la cárcel de Estremera (Madrid) tiene el récord en incidentes, seguida por Soto del Real, también en la capital; la de Zuera (Zaragoza), Valencia, Sevilla II y la gaditana de Puerto I.
En 2017 el ranking de agresiones a funcionarios de prisiones lo ocuparon el centro penitenciario de Mallorca, con 20 ataques, dos de ellas graves; y el Hospital Psiquiátrico de Sevilla, en su caso con ataques menos graves. Les seguían Madrid V, con 18 agresiones, y Albolote, con 16.
Otras de las armas intervenidas.
Desde 2011 la población reclusa viene reduciéndose, tras unos picos de 75.774 internos en 2009 y de 76.108 en 2010, pero pese a disminuir el número de presos, aumentaron las agresiones. Una contradicción que los sindicatos achacan al recorte de plantilla.
No obstante, la tendencia es bajar. Si 2011 fue el año en el que se registró el mayor volumen de ataques, 427, en 2012 esa cifra bajó a 406; en 2013, a 314; en 2014, a 359; en 2015, a 342; y 284 fueron los que se contabilizaron hasta agosto de 2016.
ESCASEZ DE PERSONAL Y PLANTILLAS ENVEJECIDAS
En las cárceles que dependen del Gobierno trabajan 21.400 funcionarios y unos 2.000 laborales. Según el presidente de la APFP, hay 2.500 vacantes de funcionarios y más de 50 módulos cerrados por la falta de efectivos.
Llamazares dice que es necesaria una Oferta de Empleo Pública de al menos 1.000 plazas anuales, e informa de que el primer examen de la de 2017 se realizó el pasado 25 de febrero, y son tres, por lo que se lleva un año de retraso. “En la actualidad, los 701 funcionarios que aprobaron el pasado mayo estarán de prácticas durante 18 meses”, especifica.
Por otro lado, denuncia que el Gobierno de Mariano Rajoy estaba “más preocupado en conceder nuevos contratos a las empresas de seguridad, que en suplir la escasez de personal”.
En este sentido, cabe recordar que el anterior Ejecutivo gastó 175 millones de euros en los últimos cinco años en la privatización de la seguridad exterior. En 2018 aprobó una partida de 60.237.549 euros para más de 900 vigilantes cuyo contrato inició en mayo.
REFORMA LEGAL PARA RECONOCERLES LA AUTORIDAD
El Pleno del Congreso debatió el pasado 18 de junio una proposición de ley del PP de reforma de la Ley General Penitenciaria para reconocer a los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad, y que así puedan estar más protegidos ante las agresiones que sufren por parte de los reclusos.
Con esta iniciativa, se atiende a una exigencia histórica de este colectivo, encargado de la custodia, atención y fomento de la reeducación y reinserción social de la población reclusa, que llevan varias décadas exigiendo una protección similar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y que hasta ahora «ningún Gobierno les ha reconocido».
La iniciativa fue aprobada, y falta su redacción y publicación en el BOE, y la modificación en la Ley Orgánica General Penitenciaria.
Francisco Llamazares reclama ahora al nuevo Gobierno una actuación clara y contundente del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y del nuevo responsable de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, ante la falta de personal y las agresiones que padece el colectivo.
La APFP reclama a Pedro Sánchez que se revise el actual protocolo de prevención de agresiones, “dado que no está funcionando”. Solicita una normativa que analice y estudie por qué se producen esas agresiones y que se lleven a cabo las actuaciones necesarias para erradicar esta lacra.
Los sindicatos trasladarán mañana al ministro del Interior la poblemática que hay actualmente en los establecimientos penitenciaros. Grande-Marlaska los ha citado a las 16.30 en el Ministerio. En su toma de posesión los sindicatos le pidieron una reunión y se comprometió a tenerla en dos semanas, como ha cumplido.
Noticias Relacionadas:
