La Alianza CBM denuncia que Interior ‘oculta’ información sobre la presencia de varones autoidentificados mujeres en cárceles femeninas
Denuncian que la responsabilidad del reconocimiento de la identidad psicosocial a efectos de separación penitenciaria recae sobre el personal de Instituciones penitenciarias y ni siquiera se exige que se haya procedido al cambio de sexo registral del interesado. 

La Alianza CBM denuncia que Interior ‘oculta’ información sobre la presencia de varones autoidentificados mujeres en cárceles femeninas

Asociaciones de mujeres exigen que se explique por qué debe prevalecer "la opacidad" frente a los derechos fundamentales, libertades básicas y seguridad de las mujeres presas
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10/2/2023 16:56
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Actualizado: 10/2/2023 16:56
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La Alianza Contra el Borrado de las Mujeres (Alianza CBM) denuncia que el Ministerio de Interior «oculta» información sobre la presencia de varones autoidentificados mujeres en las cárceles femeninas».

Esta plataforma feminista que agrupa a cerca de 140 organizaciones de mujeres asegura que el pasado 31 de enero, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias le «negó información» sobre si ha procedido al ingreso en un centro penitenciario de mujeres de un asesino confeso.

Según explica, hizo esta consulta a raíz de una noticia publicada en mayo de 2021 por el periódico Canarias 7, en la que se informaba de que Jonathan de Jesús Robaina Santana, autor confeso del asesinato de su prima Vanessa Santana en Betancuria, pidió por medio de su abogado que le llamen por el nombre de Lorena, puesto que había iniciado un proceso de cambio de sexo dentro del centro penitenciario. 

Indica que en dicha información se señalaba que “la defensa, Roberto Orive, se dirigió al presidente del Tribunal, el magistrado José Luis Goizueta, interesando que durante todas las sesiones del juicio se dirijan al acusado y lo mencionen utilizando el nombre de Lorena, puesto que había sido reconocido así incluso por Instituciones Penitenciarias”. 

La Alianza Contra el Borrado de las Mujeres solicitó al Portal de Transparencia de la Administración información sobre si Robaina ha ingresado en un centro penitenciario de mujeres. 

Según informa, la respuesta que ha recibido a su petición ha sido: «En relación a la petición que presenta, se participa que es la Instrucción 7/2006 de esta Secretaría General la que determina el procedimiento a seguir en casos como el que se refiere.

Esta organización detalla que la citada Instrucción sobre la integración penitenciaria de personas transexuales establece que “las personas transexuales cuya identidad oficial de sexo no concuerde con su identidad psico-social de género podrán solicitar de la Administración Penitenciaria el reconocimiento de ésta a los efectos de separación interna a que se refiere el artículo 16 de la Ley Orgánica 1/1979 General Penitenciaria”.

Y estipula, añade, un procedimiento por el que, “con los preceptivos informes de valoración médica y psicológica y el reconocimiento de la identidad psico-social de género, a efectos penitenciarios, las personas transexuales sin identidad oficial de sexo acorde con esta, podrán acceder a módulos y condiciones de internamiento adecuados a su condición”. 

«En otras palabras, la responsabilidad del reconocimiento de la identidad psico-social a efectos de separación penitenciaria, recae sobre el personal de Instituciones penitenciarias y ni siquiera se exige que se haya procedido al cambio de sexo registral del interesado», destaca la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres.

Apunta que el Ministerio del Interior no indica expresamente si ha procedido al ingreso en una cárcel de mujeres y que se limita a señalar que “los datos específicos de cada supuesto pertenecen a la parcela más íntima y personal de sus titulares, necesitándose su consentimiento expreso para proceder a su publicidad (artículo 15 Ley 19/2013, de 9 de diciembre).

«Conocer el ingreso de una persona y la separación en el interior de los establecimientos teniendo en cuenta, con carácter prioritario, los criterios de sexo, edad y antecedentes delictivos no parece afectar al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran una especial obligación de tutela o garantías de anonimato», subraya esta plataforma feminista

Y ha respondido al Ministerio con un amplio documento expositivo, en el que destaca que no está reclamando información sobre la ubicación exacta del preso, sino si este ha sido internado en una cárcel de mujeres. 

RECLAMACIÓN ANTE EL CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO

Esta organización le ha transmitido su disconformidad con dicha respuesta y ha presentado una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, organismo independiente encargado de promover la transparencia de la actividad pública y garantizar la observancia de las disposiciones de buen gobierno.

Para la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres, que ha dado el soporte jurídico a la queja, “los derechos en riesgo son los de las mujeres presas, sus libertades y seguridad básica”. 

En el escrito recuerda que las mujeres presas son «un colectivo de especial vulnerabilidad, con escasos datos, estadísticas e informes oficiales y actualizados sobre su situación.” 

En la queja señala las Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes (Reglas de Bangkok) y lo ya expresado por la Relatora especial para la violencia contra las mujeres y las niñas de Naciones Unidas, Reem Alsalem, quien «ya ha alertado de abusos del proceso para acceder a espacios de un solo sexo en las prisiones». 

Además, expone que la Relatora Especial de ONU sobre la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, Alice J. Edwards, ha afirmado que las prisioneras tienen derecho a protección frente a delincuentes sexuales, sin importar que se autodeclaren mujeres. 

La Alianza Contra el Borrado de las Mujeres reclama que se realice un juicio de proporcionalidad o ponderación de derechos en base a la petición de datos.

«Es un derecho conocer y clarificar si dicha persona se encuentra actualmente alojada en un módulo de hombres o de mujeres, ya que estamos ante un caso de una persona, con DNI con mención registral de sexo varón, que confesó haber matado a su prima de 30 martillazos que acabaron con su vida y que cuando agonizaba la violó con objetos por vía anal y vaginal y eyaculó sobre su cadáver», sostiene.

«Esta persona pidió en el juicio ser llamado Lorena y afirmó que se sentía mujer», agrega.

En el escrito que ha remitido a Transparencia, se solicita que en caso de no ser atendida la queja, se clarifique normativamente por qué prevalecería la intimidad o protección de datos alegada por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, «frente a los derechos fundamentales, libertades básicas y seguridad de las mujeres presas que pudieran compartir espacios con el asesino y violador de Vanessa Santana (celdas, baños, enfermería…), en caso de estar alojado en un módulo de mujeres».

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