Archivada la causa contra Dancausa y otras 15 personas investigadas en el caso Mercamadrid
El pasado abril la Fiscalía pidió el archivo al entender que en la operación con Mercaocio no hubo administración desleal y que se trató de una negociación "tripartita". EP.

Archivada la causa contra Dancausa y otras 15 personas investigadas en el caso Mercamadrid

Fueron denunciados por dos concejales de Ahora Madrid por un supuesto delito de administración desleal
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23/7/2018 12:16
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Actualizado: 31/3/2022 13:47
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El Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid ha decretado el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa abierta contra la exdelegada del Gobierno Concepción Dancausa (PP), y otras 15 personas investigados por supuesto delito de administración desleal del antiguo consejo de Mercamadrid.

La denuncia fue presentada en abril de 2016 ante la Fiscalía por dos ediles de Ahora Madrid, Marta Higueras y Carlos Sánchez Mato, en representación del Ayuntamiento, gobernado por Manuela Carmena.

Fue interpuesta contra el consejo de Mercamadrid presidido por Dancausa en 2013, por presuntas “prácticas irregulares” encontradas en la sociedad mixta Mercamadrid, participada por el Ayuntamiento en un 51%.

Los hechos se remontaban a 2001, con el PP en el Gobierno municipal. En 2013 la exdelegada del Gobierno también era concejal de Economía y Hacienda con Ana Botella.

La denuncia se dirigió contra Concepción Dancausa Treviño (presidenta), María Jesús Prieto Jiménez, vicepresidenta 1ª, María Dolores Fernández Cerdán (vicepresidenta 2ª), Manuel Beltrán Pereira, José Antonio Crespo Albelda, Pablo del Amo Serrano, Pablo Manuel González González -hermano del ex presidente regional Ignacio González-, Marta Fernández-Pirla Martínez, José Enrique Núñez Guijarro, Silvia Llerena Muñoz, José Ignacio Ortega Cachón, Manuel Troitiño Pérez (todos ellos vocales)-,  así como contra el ex secretario general de Mercamadrid, Fernando Gomar Sánchez y el administrador y apoderado de la misma, José Rodrigo Domínguez Losada y Juan María López Álvarez, respectivamente.

Posteriormente, la propia Fiscalía Provincial de Madrid presentó una denuncia contra estas 16 personas por la presunta comisión de un delito de administración desleal ya que, a su juicio, los acuerdos de transacción y contratos de arrendamientos suscritos por Mecamadrid con la empresa Mercaocio habían supuesto un «importante perjuicio patrimonial» para la primera, «a la vez que un enriquecimiento ilícito para Mercaocio».

El Ministerio Público pidió el pasado abril el sobreseimiento.

Ahora, el instructor de la causa coincide con la Fiscalía en la «inexistencia de indicios suficientes para considerar que los investigados pudieran haber cometido un delito de administración desleal«.

«Más allá de las sospechas irrelevantes en el ámbito penal, no han aflorado indicios» de un concierto que derive en fraude, indica el auto.

Sobre una posible negligencia en la gestión, no encuentra indicios de fraude. «No existen incidios de que los investigados tuvieran intención de defraudar a Mercamadrid«, señala.

Por su parte, Dancausa no descarta demandar a los ediles Marta Higueras y Carlos Sánchez Mato, miembros del consejo de administración de Mercamadrid, pues «han promovido una denuncia política con el ánimo de poner en duda la gestión de los anteriores concejales del Ayuntamiento de Madrid» para manchar su reputación.

Contra el auto cabe recurso de reforma.

LOS HECHOS SE REMONTAN A 2001

En 2001 Mercamadrid convocó un concurso para la adjudicación de dos derechos de superficie sobre una parcela de su propiedad. Uno de ellos destinado a la instalación y explotación de un hotel, y el otro a la explotación de servicios de restauración.

Se adjudicaron a la mercantil Konin 22. En 2003, la empresa los cedió a la sociedad Mercaocio. La adjudicataria tenía que pagar un canon por los derechos de superficie.

En 2010, Mercaocio dejó de abonar el importe correspondiente al canon de los derechos de superficie.

Este incumplimiento contractual motivó que Mecamadrid acudiera a los tribunales.

Mercaocio demandó a su vez a Mercamadrid reclamando una indemnización por daños y perjuicios de unos 8 millones de euros al no poder explotar el negocio de restauración.

Mercamadrid puso sobre la mesa un acuerdo para poner fin a la litigiosidad, con el que Mercaocio reconocía la deuda por cánones no pagados (698.397 euros) a Mercamadrid, derivada de los derechos de superficie.

Además, Mercaocio arrendaba a Mercamadrid hasta enero de 2032 dos salas ubicadas en la parcela en liza, con una superficie de 5.194 m2. El acuerdo se firmó el 28 de noviembre de 2013.

‘DENUNCIA POLÍTICA DE AHORA MADRID’

Desde un principio Dancausa defendió que el acuerdo para la explotación de naves era positivo para el Ayuntamiento, que no hizo nada ilegal y que los contratos suscritos no supusieron un daño patrimonial.

En noviembre de 2017 declaró ante el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid en calidad de investigada.

Aseguró que la operación fue «buena» para la empresa pública sin perjuicio para las arcas municipales.

«Eludía una posible responsabilidad patrimonial de 8 millones, ponía en marcha unas naves que eran muy importantes, se aseguraba un canon que tenía concedido hasta 2032 y revertía estas naves para el Ayuntamiento. La operación no tenía ningún coste para el Ayuntamiento porque Mercasa era el que pagaba el contrato de arrendamiento que Mercamadrid realizaba con Merca Ocio», explicó ante el juez.

Mercasa es una empresa pública de la Administración del Estado, cuyos accionistas son la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, a través del Fondo Española de Garantía Agraria (FEGA).

En julio de 2017, la exdelegada también compareció en el Congreso de los Diputados, a petición del PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos.

En ella, Dancausa remarcó que siempre buscó el “interés general”, e insistió que los contratos eran legales, ajustados a precio de mercado y que contaban con “informes jurídicos y económicos favorables”.

Al conocer el auto ha emitido un comunicado donde dice que se confirma su “inocencia”.

Afirma que los concejales del Ayuntamiento de Madrid, Marta Higueras y Carlos Sánchez Mato, miembros del Consejo de Administración de Mercamadrid, “han promovido una denuncia política” para poner en duda la gestión de los anteriores concejales del Ayuntamiento, Dancausa entre ellos, como concejal que fue de Economía y Hacienda y presidenta de Mercamadrid.

La exdelegada del Gobierno lamenta en su comunicado la «perversa intención» de estos dos ediles, que «ha quedado plenamente evidenciada en este caso, pues en su denuncia ocultaron deliberadamente hechos esenciales que explicaban el sentido de la operación denunciada que, de conocerse, hubieran evitado el inicio de esta investigación».

 

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