La "espada de Damocles" sobre Concepción Dancausa, tras la petición de la Fiscalía, ha desaparecido. EP.
La Fiscalía pide el archivo del caso contra Dancausa y el Consejo de Administración de Mercamadrid
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16/4/2018 10:35
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Actualizado: 31/3/2022 13:47
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La Fiscalía Provincial de Madrid ha solicitado al magistrado José Luis Calama Teixeira, titular del Juzgado de Instrucción 15 de Madrid, el sobreseimiento y el archivo de la causa abierta contra el Consejo de Administración de Mercamadrid en 2013. Entonces estaba presidido por la actual delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa.
Administración desleal, era la acusación que presentó en abril de 2013 la Sección de Delitos Económicos de la mencionada Fiscalía contra las 12 personas que entonces conformaban ese Consejo de Administración, y tres personas más, que ahora se desdice.
De acuerdo con la información disponible entonces, y a su juicio, los acuerdos de transacción y contratos de arrendamientos suscritos por Mecamadrid con la empresa Merca Ocio 22 S.L. habían supuesto un “importante perjuicio patrimonial” para la primera, “a la vez que un enriquecimiento ilícito para Mercaocio”.
Todo ello fruto de un acuerdo de transacción suscrito entre Mercamadrid con Mercaocio por el que se ponía fin a los litigios entre ambas entidades en el que segunda empresa reconocía adeudar a la primera 698.397 euros, en concepto de cánones superficiarios y gastos derivados del impago, y aceptaba la validez de los contratos de cesión de los derechos de superficie.
Ambas entidades se comprometían a celebrar en la misma fecha un contrato por el que Mercamadrid arrendase a Mercaocio las dos salas construidas sobre la parcela I1 a las que se refiere el segundo de los derechos de superficie, hasta el día 28 de enero de 2032 sin posibilidad de desistimiento unilateral y por un precio de 9.5 euros/ metro cuadrado mensual más IVA para los dos primeros años y de 10 euros/metro cuadrado más IVA a partir del día 1 de octubre de 2015, destinándose la deuda acumulada de Mercaocio para con Mercamadrid antes referida a cubrir el pago de este precio por compensación, y sólo cuando dicha deuda quedase saldada sería exigible a Mercamadrid que procediese al pago en efectivo del precio mensual del arrendamiento.
La denuncia se dirigió contra Concepción Dancausa Treviño (presidenta), María Jesús Prieto Jiménez, vicepresidenta 1ª, María Dolores Fernández Cerdán (vicepresidenta 2ª), Manuel Beltrán Pereira, José Antonio Crespo Albelda, Pablo del Amo Serrano, Pablo Manuel González González, Marta Fernández-Pirla Martínez, José Enrique Núñez Guijarro, Silvia Llerena Muñoz, José Ignacio Ortega Cachón, Manuel Troitiño Pérez (todos ellos vocales)-, así como contra el ex secretario general de Mercamadrid, Fernando Gomar Sánchez y el administrador y apoderado de la misma, José Rodrigo Domínguez Losada y Juan María López Álvarez, respectivamente.
Todo estaba bien
Sin embargo, de las diligencias practicadas (declaraciones de investigados y documental aportada), se infiere que Mercamadrid suscribió el contrato de arrendamiento con Mercaocio para subarrendar al mismo tiempo las salas a Mercasa en las mismas condiciones pactadas con el arrendador, de suerte que se trataba en realidad de una operación “a tres bandas” que permitía poner fin a los litigios existentes entre Mercamadrid y Mecaocio.
De modo que, si el subarriendo se hubiese llevado a cabo, ningún perjuicio se habría producido.
El menoscabo patrimonial se ocasiona entonces por el hecho de que finalmente el subarrendamiento a Mercasa se frustra, en tanto que Mercamadrid sí ha asumido sus obligaciones como arrendatario frente a Mercaoico.
Por tanto, existe en la causa documentación que apunta a que se trató en realidad de una negociación tripartita.
Mercasa es una empresa pública de la Administración del Estado, cuyos accionistas son la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, a través del Fondo Española de Garantía Agraria (FEGA).
En relación con el precio del metro cuadrado, de la documentación aportada a la causa, se desprende que no hay motivo para considerar desorbitados los 9,5 ó 10 euros/ metro cuadrado.
Asimismo, la veracidad de la negociación tripartita se infiere de los documentos recibidos por la SEPI, remitida por Mercasa, relacionadas con la “solicitud de autorización para la firma de un contrato entre Mercamadrid y la Sociedad, cuyo objeto es el subarriendo a Mercasa de los locales 1 y 2 ubicados en la parcela I-1 del Polígono Alimentario de Mercamadrid, con el fin último de explotar dichas instalaciones”.
Dicha solicitud va acompañada de un Informe sobre Proyecto ubicado en la Parcela I 1 de Mercamadrid, elaborado por la Dirección de Estructuras Comerciales de Mercasa.
Tal proyecto, en su punto 3.2 establece que “el precio se fija de la siguiente forma: carencia de dos meses desde la firma del contrato. Hasta el 30 de septiembre de 2015 la renta se establece en 592.208,40 euros, anuales, más el IVA correspondiente (9,5 euros/metro cuadrado mensual).
A partir del 1 de octubre de 2015 la renta anual asciende a 623.377,20 euros más el IVA correspondiente (10 euros/metro cuadrado mensual)”.
En ese sentido, consta el informe de fecha 11 de julio de 2014 de la Dirección de Asesoría Jurídica y Fiscal de SEPI, que no formula objeciones al precio propuesto.
Igualmente, tanto la Dirección de Planificación y Control de SEPI como la Dirección de Relaciones con la Unión Europea no formularon objeciones al proyecto presentado.
Por otro lado, y a la vista de lo instruido, tampoco puede afirmarse con rotundidad que la demanda reconvencional no pudiera prosperar, total o parcialmente, ni, por consiguiente, que la reclamación de daños y perjuicios cifrada por Mercaocio en 8004.535,12 no resultara fundamentada ni viable.
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