La «remunicipalización» de Bicimad, el servicio de bicicletas eléctricas de la capital de España, puede convertirse en un pantano judicial para el Ayuntamiento de Madrid una vez que el Grupo Municipal Popular haya presentado ante los Juzgados de Plaza de Castilla una querella contra Inés Sabanés, concejal de Ahora Madrid y delegada de Medio Ambiente y Movilidad, y Álvaro Fernández Heredia, gerente de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) por los supuestos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.
Según José Luis Martínez-Almeida, portavoz del PP en el Ayuntamiento de la capital de España, la recuperación de la gestión del servicio se compró «a un precio muy superior al real».
Bonopark advirtió al Consistorio que estaba al borde de la quiebra
Al parecer, Bonopark, la empresa privada que gestionaba Bicimad, advirtió en octubre de 2015 al Consistorio que estaba al borde de la quiebra y que estaba perdiendo 300.000 euros al mes. En esa fecha la compañía navarra pidió al Ayuntamiento un reequilibrio económico por valor de 3,4 millones de euros.
A juicio del PP, Ahora Madrid, el grupo que gobierna el Ayuntamiento de Madrid, evitó ese desembolso pactando, a cambio, recuperar la gestión directa.
Esta es la base de la querella de los populares que consideran que «se produjo un gasto inoportuno, inapropiado y excesivo que produce un grave daño al patrimonio público».
El diario ABC, en este sentido publicó una información en la que afirmaba que en el proceso de compra del sistema público de alquiler de bicicletas no se realizó ningún estudio económico que justificase un precio de compra tres veces mayor que el precio requerido por la propia Bonopark.
En la querella se incluye el posible falseamiento de un informe que aparece firmado por el director financiero de la Empresa Municipal de Transportes, un cargo que no existía hasta seis meses después de la fecha en la que supuestamente fue realizado.
El PP sostiene que «en ningún momento se justifica» con informes económicos contrastados que la cesión fuera «lo más favorable» para los intereses del Ayuntamiento.
Incluso mencionan varias alternativas más ventajosas: rescatar la concesión por los 3,4 millones que pedía Bonopark, con los que se habrían ahorrado 7 millones; obligar a la concesionaria a cumplir con sus obligaciones imponiéndoles sanciones, algo que tampoco se hizo en dos años; o resolver el contrato y volver a adjudicarlo. Por ello, estiman que «se produjo un gasto inoportuno, inapropiado y excesivo que produce un grave daño al patrimonio público».
Bonopark fue el único licitador del servicio en 2013
Bonopark fue el único licitador del servicio en 2013. La memoria económica y el plan económico de ese concurso dice que costaba 7,3 millones de euros.
En el precio se incluían elementos como las bases con anclajes, las cámaras, los tótem, las plataformas, las baterías y las 2.028 bicicletas (cifra que nunca llegó a estar disponible para los usuarios), valoradas cada una de ellas en 700 euros.
Si a ese valor amortizado se incluyen los 3,5 millones de euros que Bonopark pedía en el reequilibrio económico, el precio de la cesión llegaría a alcanzar los 6,9 millones de euros y no los 13 millones de euros que se van a pagar finalmente por la compra (con la suma del IVA -2,2 millones extra- y 236.250 euros fijados de intereses, ya que el 75% del importe se paga en cinco años con un tipo de interés del 3%).
El Ayuntamiento no ha justificado el sobrecoste.
Ahora le toca a la Justicia investigar las alegaciones contenidas en la querella del PP.
