Ayer se conoció que el juez Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, decretó prisión provisional comunicada y sin fianza para Anis M.Rabet, como solicitó la Fiscalía, un joven de 21 años detenido el pasado martes en Álava, por su vinculación con el yihadismo.
El juez Pedraz le considera presuntamente responsable de un delito de terrorismo.
Si se tiene en cuenta la gravedad de este tipo de delitos y ante el riesgo de fuga que presentan estos investigados, lo habitual es que se dicte esta medida cautelar.
Según datos recogidos en la Memoria de Eurojust correspondiente al 2017, en España el número total de investigados en situación de prisión preventiva en causas por terrorismo yihadista ha ido experimentando «un gran aumento». Lo prueba el dato de que en 2015 fueron 74, y un año más tarde esta cifra se situó en los 104, es decir, un incremento del 40,5%.
A 31 de diciembre de 2017, el total de investigados en esta situación no varió prácticamente y llegó a los 105, consolidándose el número.
En cuanto a las sentencias dictadas por la Audiencia Nacional contra acusados por estos delitos de terrorismo, en 2017 el número ascendió a 20. De ellas, 18 fueron condenatorias, con 27 personas condenadas de un total de 34 investigados.
Sistema de notificaciones a Eurojust sobre presos preventivos yihadistas
El caso del joven detenido en Vitoria que ha pasado a prisión provisional se recogerá en un sistema de notificaciones que la agencia de la UE dedicada a la cooperación judicial en materia penal puso en funcionamiento el año pasado.
La idea es que Eurojust reciba de manera sistemática la información relativa a estos presos distinguiendo por Juzgados Centrales que hayan dictado la medida cautelar, o en su caso por la
Sección de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, por procedimiento y el delito imputado.
Dada la naturaleza esencialmente provisional de las medidas cautelares, que en cualquier momento puede ser revisada o dejada sin efecto, durante la tramitación de la causa, la remisión de esta información requiere un especial seguimiento.
Como explica Francisco Jiménez-Villarejo Fernández, miembro nacional de España en Eurojust, este seguimiento «es especialmente importante efectuarlo para evitar que en momento alguno figure en los registros de la agencia información no actualizada con relación a la situación personal de un investigado, o como sospechoso de participar en actividades terroristas, quien en cualquier estado del procedimiento fue exonerado de responsabilidad criminal».
Por eso, para asegurar la fiabilidad de los datos obrantes en Eurojust, los corresponsales nacionales, seis magistrados y fiscales en activo en destinos claves, actualizan la ficha mediante informes mensuales de seguimiento de presos preventivos, añadiendo las personas respecto a las que se dicte auto de prisión en dicho mes y comprobando si alguno de los presos preventivos ha sido puesto en libertad provisional con o sin medida cautelar complementaria.
Posteriormente se elabora una ficha similar en la que se refleja si el investigado ha sido finalmente condenado o absuelto, con las observaciones del caso correspondientes.
La radicalización del joven Anis, el último caso conocido
En el auto de prisión dado a conocer por el juez Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, se constata que Anis M. Rabet había experimentado una «progresiva radicalización filoyihadista» a lo largo de estos últimos años que se hizo visible en el «cambio en sus rutinas de conducta diaria», así como en su actividad en Internet. Además, tenía relación con personas y actividades radicales islamistas e «incluso potenciales terroristas».
Por el procedimiento policial y judicial seguido en Marruecos contra uno de sus contactos, Ismail Amaghtir, detenido en ese país en octubre del año pasado por delitos de terrorismo, se sabe que el activismo del detenido en pro de la causa yihadista «no es meramente intelectual, sino que encuentra su reflejo en manifestaciones y acciones externas concretas», hasta el punto de adoptar un rol protagonista en la planificación de un atentado terrorista en España, frustrado a raíz de la detención de Amaghtir, quien hubiera sido el ejecutor material.
Figura preeminente
A través de redes sociales y aplicaciones móviles de mensajería instantánea, el detenido habría extendido su capacidad de contactar con otros individuos afines a la causa yihadista, «erigiéndose en esos círculos como figura preeminente y con capacidad para justificar y publicitar los postulados y acciones violentas perpetradas por organizaciones terroristas, particularmente DAESH», señala el juez.
También se ha sabido que tras conocerse en un viaje a la localidad marroquí de Castillejos en 2017, Anis M Rabet «de forma consciente y directa» ejerció una labor radicalizadora y adoctrinadora sobre Amaghtir «que terminó decidiéndose por emprender un ataque terrorista en suelo europeo».
Se destaca, además, que es Rabet quien determinó la ubicación del ataque en España, comprometiéndose a prestar el apoyo logístico y económico necesarios para su consecución, y en particular proveer a su amigo de la financiación necesaria para los preparativos en España, así como de un vehículo y armas blancas.
Muestra del dominio de Rabet sobre este proyecto terrorista, detalla el magistrado, «es el hecho de haber sido puntualmente informado por Amaghtir de cada avance en el mismo, tanto por vía de comunicaciones telemáticas como por reuniones en el país vecino».
Dificultades en la investigación
La detención en octubre del año pasado de Ismail Amaghtir por las autoridades marroquíes, no solo paralizó el plan terrorista en curso sino que supuso la adopción de nuevas medidas de seguridad por parte de Rabet, «tales como la interrupción de publicaciones radicales en redes sociales y el cambio constante de terminales telefónicos y medios de comunicación asociados», recoge el auto.
Estas circunstancias han supuesto, según constata Pedraz, «notables dificultades» para la investigación, sumadas a su gran movilidad y la provisionalidad de su residencia.
Todo ello ha exigido mantener sobe el investigado un constante control y monitorización, como vigilancias y seguimientos, así como la intervención de sus comunicaciones, «relevante tanto por el contenido de las conversaciones telefónicas y el conocimiento de los contactos mantenidos con otros sujetos asentados en nuestro país, como porque los terminales smartphone son medios idóneos para el acceso y difusión de contenidos yihadistas, así como el contacto reservado con individuos radicales y terroristas».
