Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, comparece en rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros. Pool Moncloa/Fernando Calvo.
Sánchez ordena que se defienda a España y a Llarena ante la Justicia belga el 4 de septiembre
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26/8/2018 17:41
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Actualizado: 26/8/2018 19:32
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Aunque la nota de prensa tiene cierta ambigüedad, los términos están claros: el Ministerio de Justicia contratará al despacho de abogados de Bruselas para que represente a España y al magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, en la vista preliminar prevista para el próximo 4 de septiembre a las 9 de mañana ante la Primera Sala del Juzgado de Primera Instancia Francófono de la capital belga.
No lo dice expresamente, pero se entiende que será así, según ha podido saber Confilegal de fuentes del Gobierno.
La decisión ha partido directamente del presidente, Pedro Sánchez, a la vista del cariz que habían tomado los acontecimientos, con 6 de las 7 asociaciones de jueces y fiscales criticando duramente la decisión de la ministra de Justicia, Dolores Delgado -refrendada por la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo- de no procurar representación legal al magistrado instructor del caso «procés» en la demanda civil que los 5 fugados independentistas habían interpuesto contra él ante ese órgano judicial belga.
Una crítica que fue compartida por magistrados del Tribunal Supremo, vocales del Consejo General del Poder Judicial, que ampararon a Llarena mediante acuerdo, y buena parte de la carrera judicial y fiscal.
«El Gobierno ha dado desde el principio una respuesta positiva y ha actuado con total diligencia en este asunto en los términos trasladados por el Poder Judicial y con arreglo a la legislación vigente», dice el último párrafo del comunicado hecho público esta tarde.
Un comunicado necesariamente ambiguo que equivale a una rectificación en toda regla en el que, sin embargo, no se exigen responsabilidades políticas de ningún tipo a nadie sino que busca apagar de raíz el fuego que amenazaba con tomar dimensiones de incendio incontrolable.
«El Gobierno de España ha puesto en marcha todos los mecanismos necesarios para la defensa de nuestra soberanía jurisdiccional, en la que está inmerso el juez Llarena, teniendo en cuenta que todavía debe resolverse la aceptación de la demanda presentada en Bélgica. El Ejecutivo ha atendido todas las indicaciones del Consejo General del Poder Judicial hasta este momento, defendiendo los intereses de nuestro país en base a criterios jurídicos de nuestro ordenamiento interno, así como del derecho europeo, y garantiza que atenderá las peticiones de salvaguarda de la soberanía jurisdiccional española, que en el futuro pueda realizar el Poder Judicial, de acuerdo con la legislación vigente», dice el comunicado.
«El magistrado solicitó amparo al Consejo General del Poder Judicial que, por decisión de la Comisión Permanente, resolvió trasladar al Gobierno el pasado día 21 de agosto, su petición para la adopción de “las medidas necesarias para asegurar la integridad e inmunidad de la jurisdicción española ante los tribunales del Reino de Bélgica», añade.
LA REPRESENTACIÓN LEGAL EN BÉLGICA ES VITAL
Tanto para el CGPJ como para las asociaciones como para los magistrados del Supremo era de primera importancia que España estuviera representada en esa primera vista porque es en ese momento procesal -dentro del ordenamiento jurisdiccional belga- cuando el abogado contratado tiene que invocar tanto la inmunidad jurisdiccional española en el caso como la defensa de Llarena; tiene que llevarla plasmada, además, sobre papel para el magistrado belga y la otra parte.
Y debe hacerlo el abogado contratado por nuestro gobierno porque no hay garantía de que el juez belga invoque la inmunidad de España automáticamente.
«El ordenamiento belga exige que, previamente a la vista que resuelva sobre la admisión o inadmisión de la demanda, se aleguen –previa personación- las cuestiones que pudieran obstar para la admisibilidad, en particular las de carácter procesal como la inmunidad jurisdiccional o la falta de jurisdicción-, de manera que, si no se invocan con antelación, una vez iniciada la vista –y admitida, en su caso, la demanda- ya no podrán ser alegadas”, explicaron las asociaciones de jueces y fiscales en su comunicado de ayer.
Las explicaciones, tanto de la ministra como de la vicepresidenta del Gobierno, en ese sentido, confundiendo el funcionamiento del sistema procesal español con el belga, pusieron muy nerviosos a todos.
La intervención de Sánchez da por cerrado el contencioso y aunque no dice específicamente que el abogado contratado por España estará el 4 de septiembre a las 9 de la mañana en la Primera Sala del Juzgado de Primera Instancia Francófono de Bruselas, fuentes del Gobierno aseguran que será así.
SATISFACCIÓN CON LA NOTICIA
La noticia ha sido recibida muy positivamente por las asociaciones, el CGPJ y el Tribunal Supremo, según ha podido pulsar Confilegal de diferentes fuentes consultadas.
Llarena será defendido por un abogado contratado por el Gobierno de España, siguiendo la recomendación de dos informes elaborado por la Abogacía del Estado.
Ambos concluían que las declaraciones de Llarena fueron realizadas “en su calidad de instructor de la causa especial; y que, al igual que los otros hechos invocados, se vinculan directamente con su condición de persona que representa uno de los órganos del poder judicial español. Por lo tanto, no puede afirmarse que tales declaraciones públicas sean ajenas al legítimo desempeño de su función como Magistrado del Tribunal Supremo”.
Los 5 separatistas catalanes argumentan en su demanda contra Llarena que, supuestamente, había vulnerado las reglas que rigen su presunción de inocencia por unas declaraciones que había realizado el 22 de febrero pasado en Oviedo, tras la celebración de una mesa redonda sobre los delitos económicos y la responsabilidad penal de las empresas organizada por Autosa BMW.
Fue en el curso de un “canutazo”, con periodistas.
“Un delito político son aquellos comportamientos que normalmente no estarían sancionados por el ordenamiento jurídico-penal y que sin embargo, por una consideración política, estos comportamientos son perseguidos. No es el caso que estamos llevando ahora en el Tribunal Supremo, se trata de comportamientos que aparecen recogidos en nuestro Código Penal y que, con independencia de cuál haya podido ser la motivación que les haya llevado a las personas a cometerlos, si es que eso ha sido así, pues tienen que ser investigados. Restringir la libertad de una persona sin que se haya declarado todavía culpable, en la eventualidad de que esto se produzca, y exclusivamente durante el tiempo en que se lleva una investigación, tiene que restringirse lo máximo posible. Por esto la decisión es tratar de terminar la investigación cuanto antes y regularizar la situación de los investigados en su propio interés y en el interés de toda la opinión pública y de toda la ciudadanía española tambien cuanto antes”, declaró Llarena entonces.
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