La ministra de Justicia, Dolores Delgado, presidió ayer la constitución de un consejo asesor para la recuperación de la jurisdicción universal, entre cuyos miembros ha incluido al magistrado de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada, miembro del tribunal que dictó la sentencia del caso Gürtel y a quien se atribuyen las frases más duras de la resolución, que dieron por demostrada la existencia de una caja ‘B’ en el PP y detonaron la moción de censura contra el expresidente Mariano Rajoy.
De Prada es uno de los mayores expertos en esta materia, dada su dilatada experiencia en tribunales internacionales.
Actualmente se encuentra situación de ‘servicios especiales’ como magistrado del mecanismo residual ante los Tribunales Internacionales de Naciones Unidas» en La Haya.
En dicho tribunal se revisa actualmente la sentencia contra el criminal de guerra serbobosnio Radovan Karadzic.
Este nuevo consejo asesor esta integrado por juristas cuyo objetivo es proponer al ministerio cuáles son los criterios que deben regir la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que permita la recuperación de la jurisdicción universal de los tribunales españoles.
En su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso el pasado 11 de julio, la ministra Delgado ya avanzó que la recuperación de la jurisdicción universal es uno de los proyectos prioritarios del departamento en esta nueva etapa al estimar que es una herramienta «eficaz» en la defensa de las víctimas de crímenes contra la Humanidad.
Además de De Prada, integran dicho órgano Hernán Hormazábal Malarée, catedrático de Derecho Penal y presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDH); Manuel Ollé Sesé, ex presidente de la APDH, doctor y profesor de Derecho Internacional de la Universidad Complutense de Madrid y miembro del Groupe d’Action Judiciaire de la Federación Internacional de Derechos Humanos; y Manuel Miguel Vergara Céspedes, profesor de Derecho Penal en el Instituto de Empresa, asesor de la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIGBAR) y colaborador del Tribunal Penal Internacional.
En la primera reunión que se celebró ayer, la ministra Delgado les pidió ya un primer informe que permita que la reforma que se realice en Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para recuperar la jurisdicción universal -limitada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2009 y dinamitada en otra reforma posterior del Gobierno del PP, de Mariano Rajoy, de 2014-, que, en opinión del Ministerio, debería tener en cuenta la realidad social actual y la más moderna jurisprudencia sobre jurisdicción universal en consonancia con los tratados internacionales suscritos por España.
Así lo explicó el Ministerio de Justicia en una nota en la que añade que en materia de jurisdicción universal hay ya muchos avances en el marco del Derecho Internacional, pero el Ministerio quiere dar un paso más «porque este instrumento jurídico, fundamental en la defensa y protección de los derechos humanos, puede ofrecer eficaces resultados en otros campos como la persecución de la criminalidad internacional organizada o los delitos contra el medio ambiente, entre otros supuestos».
INCORPORACIÓN DE EXPERTOS
Con la creación de un consejo asesor para la recuperación de la jurisdicción universal, la ministra Delgado cumple otro objetivo colateral, como es la incorporación de la sociedad civil, a través de expertos en la materia, al trabajo de gestación de determinadas iniciativas legislativas.
El propósito es abrir la entrada en ese proceso prelegislativo a expertos que colaboren en la mejora de la legislación vigente, porque esa mejora sirve para conseguir un futuro más justo.
Con esa pretensión, el consejo asesor puesto en marcha este martes también estudiará en el futuro otros proyectos normativos o decisiones relevantes del ministerio que admitan una lectura desde la perspectiva de la jurisdicción universal, así como podrá proponer cualquier otra reforma de detalle que con ese objetivo considere justificada, añade la nota. EP.
