Imagen del Consejo de Ministros tomada en junio de 2018. Pool.
La falta de reglamentación de la Ley de Transparencia ayuda a que los políticos no rindan cuentas como debieran
La calificación de secreto oficial del viaje en avión militar de Pedro Sánchez a Benicasim abre de nuevo la polémica sobre los criterios que se toman para dar o no información
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29/8/2018 06:15
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Actualizado: 28/8/2018 22:28
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El Gobierno no responderá sobre los detalles del reciente viaje del presidente Pedro Sánchez al festival internacional de Benicàsim (FIB) , al señalar que se trata de un secreto oficial sobre el que no puede revelarse información, indican que el asunto se como materia “clasificada”.
Esta fue la respuesta formal que el Ejecutivo socialista dio a la agencia Servimedia, que había pedido información conforme a la Ley de Transparencia sobre el vuelo a Castellón en avión oficial del jefe del Gobierno el pasado mes de julio.
Ahora la única solución es enfrascarse en un contencioso administrativo para reclamar la información que, como en el caso de los gastos de Eurovisión de 2015 que reclamó un particular, y que el Tribunal Supremo falló en el 2017, se dieron a conocer tras la batalla judicial.
La transparencia parece no gustarle a nuestros gobernantes.
Confilegal ha pedido a tres expertos que analicen el momento actual en esta materia.
No quedan claros los límites de la Ley de Transparencia
Jesús Lizcano, presidente de Transparencia Internacional España (TI España), recuerda en primer lugar que “hay una Ley de Transparencia que se aprobó en diciembre del 2013 que habla del derecho de acceso de los ciudadanos a cualquier información que obre en poder de diferentes administraciones públicas”. También destaca que el articulo 14 habla de limitar ese derecho de acceso cuando “ haya un perjuicio para la seguridad nacional, defensa o seguridad pública”.
TI España suscribió hace cuatro años un convenio de colaboración con el PSOE para trabajar desde la transparencia y frente a la lucha contra la corrupción en el Parlamento. Era el primer partido político que rubricaba este tipo de acuerdos.
Los socialistas se comprometían en dicho convenio a poner en marcha un decálogo de medidas de transparencia económica y financiera, así como a incluir en sus programas electorales y tramitar vía parlamentaria una serie de propuestas contra la corrupción.
Para este experto “el gran problema es que dicha Ley de Transparencia no está desarrollada, por lo que no quedan claras las limitaciones y tampoco los procedimientos que gestionan dichas restricciones relacionadas con la limitación de la información”.
Han pasado cuatro años y ocho meses y no hay un Reglamento de la Ley , pese a que se han estudiado algunos borradores. “Es fundamental concretar estos aspectos y no ser tan genérico como hasta ahora”, dice.
Desde su punto de vista, la aprobación de ese Reglamento es urgente “y de carácter estructural ya que hay muchas cuestiones que dependen de un desarrollo normativo. Es importante que los grupos parlamentarios se pongan de acuerdo y aprueben el Reglamento para que la ley puede impulsarse con ciertas garantías”. De ese acuerdo parlamentario están pendientes aspectos como el régimen de sanciones o el desarrollo de determinados procedimientos.
A juicio de Lizcano “sería conveniente que se pudiera informar a los ciudadanos de porqué se considera secreto oficial ese viaje de Pedro Sánchez a Benicasim, y por ello no se da la información que se ha pedido desde diferentes círculos. Lo lógico es que se supiera porqué es un secreto oficial este viaje del Presidente del Gobierno”.
Es importante que se conocieran los argumentos de por qué se considera el viaje de Sánchez como secreto oficial para poder opinar sobre este asunto
Un jarro de agua fría
Desde la Comunidad Valenciana, Miguel Angel Blanes, doctor en Derecho y máster en Derecho Ambiental y de la Sostenibilidad por la Universidad de Alicante, señala que «es una gran decepción que el viaje en avión oficial del presidente Sánchez a Benicasim se considere secreto oficial. Con el cambio de Gobierno hemos sido muchos lo que pensábamos que iba a ver un giro en las políticas públicas de transparencia. Pero el impulso no llega”.
Blanes recuerda que “la Ley de Secretos Oficiales es de 1968, poco utilizada, pero lo que revela es que tampoco hay una voluntad de transparencia de este Gobierno”. Para este experto, “este viaje hecho con fondos públicos y siendo oficial debería entrar dentro de la actividad de transparencia. Habría que conocer el coste del viaje, a nivel de fletar el avión, autorización a aterrizar en el aeropuerto de Castellón y conocer la justificación y las razones de por qué se utiliza un avión militar”.
Al igual que manifestaba Lizcano, este experto también destaca que la Ley de Transparencia, a punto de cumplir cinco años de vida no está desarrollada vía reglamentaria. “Ahora deberá tener en cuenta también una proposición de ley presentada por Ciudadanos de protección a los denunciantes y lucha contra la corrupción, bloqueada en el Congreso después de presentarse hace dos años y que modificaba la citada Ley de Transparencia”.
El uso de la Ley de Secretos Oficiales en este caso funciona como bloqueo “porque no hay tope máximo de tiempo para que esta iniciativa se mantenga oculta”. A su juicio estas dos importantes normas están paralizadas porque “nuestra clase política no está por la labor de apoyar la transparencia en las administraciones públicas”, indica.
Para este experto, estas decisiones del Gobierno son difíciles de recurrir .“Hay que ir con abogado y procurador a la jurisdicción contenciosa-administrativa. Su capacidad de respuesta es lenta. Estamos hablando de un mínimo de dos o tres años, suficientes para que si hay sentencia firme, el asunto ya pierda su interés mediático”. En la práctica, por tanto, cuando se vulnera el derecho de acceso a la información, tener una justicia rápida es una quimera.
A juicio de Blanes “en la tramitación de la Ley de Transparencia se habló de buscar un procedimiento especial, sumario y acelerado de la Ley de Jurisdicción del 98 pero no se hizo, con lo cual los pleitos son lentos y costosos, no al alcance de cualquiera”. Al mismo tiempo advierte que, tras la reforma del 2011, si se pierde el recurso habrá que pagar las costas.
También es crítico con el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, organismo público para ayudar a ese derecho de acceso al ciudadano, que tras el fallecimiento de su presidenta Esther Arizmendi en noviembre del pasado año sigue sin liderazgo visible.
“Gobierne quien gobierne, no gusta estar sujeto a la transparencia. Este Consejo ha hecho un gran trabajo abocando a que muchos Ministerios tuvieran que dar información, ahora con los recortes de su presupuesto en un 20% su actividad tiene poco recorrido y necesita medios y recursos para seguir con su labor”.
Para Blanes, la transparencia es algo más que abrir la Moncloa a los visitantes para que conozcan el lugar donde vive el presidente del Gobierno, como se hará a partir del mes de septiembre en nuestro país, a imagen y semejanza del expresidente Obama en EEUU.
También cree que se debe mejorar la información que se publica en el Portal de Transparencia de la Administración del Estado creado en el 2014 y que sea más comprensible para el propio visitante. “Ahora, tras esta negativa a dar a conocer este viaje del presidente del Gobierno, muchos ciudadanos se cuestionan si esa información que se vuelca en el portal es buena y fiable”.
El uso de la Ley de Secretos Oficiales puede bloquear un tema de manera indefinida. Solo queda recurrir por vía contenciosa, un canal lento y costoso para el ciudadano
Los viajes oficiales deben ser transparentes
Para Elisa de la Nuez, abogada del Estado en excedencia y promotora de la Fundación Hay Derecho “un viaje oficial de cualquiera de nuestros dirigentes realizado con fondos públicos es objeto de la Ley de Transparencia”.
También es consciente que hay algunos límites que vienen establecidos en el articulo 14 de dicha normativa. Esto significa que cualquier persona que quiera conocer el destino de este viaje podría dirigirse al Consejo de Transparencia para que éste instase a Moncloa a dar la información.
Desde ‘Hay Derecho’ el tema de los viajes oficiales fue objeto de varios requerimientos a las administraciones públicas «para aclarar el contenido del tema y el por qué de la presencia de determinados profesionales”.
Respecto a los límites, De la Nuez advierte que “hay que ver caso por caso y más aún cuando no existe un Reglamento que desarrolle la Ley, un texto que podría ayudar a conocer mejor los detalles de este tipo de actividades”. Para esta jurista es necesario contar con esta reglamentación para evitar cualquier duda interpretativa que pueda surgir. “No tenerlo supone tener inseguridad jurídica y ser más preciso, sobre todo cuando ya tenemos varias sentencias del Consejo de Transparencia”.
Ese Reglamento “ayudaría a tener claro cuándo hay que entregar la información sobre determinados asuntos públicos que los ciudadanos quieren conocer”. Para esta experta es «asombroso» que después de cinco años no exista.
“El PP que estuvo en el Gobierno hasta hace bien poco podría haber sacado un Real Decreto que hubiera sido aprobado por el Consejo de Ministros”. Para esta jurista, ahora está por ver si el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez está dispuesto a resolver este asunto pendiente.
De la Nuez recuerda que se dio a conocer en audiencia pública un borrador elaborado por el anterior Gobierno. “Nosotros como Fundación Hay Derecho y otras instituciones hicimos observaciones, pero no hemos vuelto a saber mucho más. Como todo, era mejorable como señalamos en nuestras alegaciones. No sabemos si se retomará o se sacará otro borrador”.
A juicio de esta abogada “la transparencia es incómoda para el poder, siempre tienes más transparencia en la oposición que cuando llegas al poder. Recordemos el tema de la amnistía fiscal y el conocimiento de los nombres que pedía el PSOE siendo oposición, pero que llegado a Moncloa no va a hacer nada al respecto por determinadas razones”.
Para De la Nuez, el viaje Benicasim de Pedro Sánchez en un avión oficial al ser público debería conocerse en detalle y no convertirlo en secreto oficial como lo ha hecho.
Es asombroso que después de cinco años no tengamos aún Reglamento para la Ley de Transparencia. No sabemos si el nuevo Gobierno tendrá en cuenta el borrador al que se dio audiencia pública
Desde Fundación Hay Derecho se insiste en que habría que reforzar el Consejo de Transparencia y dotarle de más competencias. Creo que la voluntad se demuestra con los hechos y necesitan más medios y recursos para hacer su trabajo. Hay que insistir en esta línea de trabajo y que refuercen a este organismo”, destaca Elisa de la Nuez.
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