El coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha criticado hoy que el Gobierno pague 544.982 euros a un bufete en Bélgica para la defensa del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena por la demanda civil presentada contra él en aquel país por el expresidente catalán Carles Puigdemont y cuatro consejeros huidos.
«Se le mete una querella por bocazas y ahora pide amparo al poder político, eso es un problema«, ha dicho Garzón, y ha criticado que «lo que ha hecho el Gobierno ha sido ceder ante un chantaje del sector más conservador que vulnera la independencia judicial».
Como informó ayer Confilegal, el Ministerio de Justicia ha llegado a un acuerdo con el bufete belga Liederke Wolters Waelbroeck Kirpatrick para la defensa del instructor de la causa del ‘procés’ en el Tribunal Supremo, cuyo coste asciende a los 544.982 euros.
Lo cierto es que el objetivo de la demanda en Bélgica es apartar a Llarena de la instrucción del ‘Caso procés’, según ha admitido abiertamente Gonzalo Boyé, abogado del expresidente autonómico catalán Carles Puigdemont. Lo reconoció en el programa ‘La nit a 8tv’, de la cadena privada 8tv.
Además, la demanda gira en torno a unas declaraciones del magistrado que se habrían falseado en la traducción. El magistrado no dijo durante su canutazo el pasado 22 de febrero en Oviedo que los investigados por el ‘procés’ fuesen culpables.
Cabe destacar que la traductora de la demanda, Delia S., se desvinculó el pasado martes de la alteración de las palabras del magistrado. En declaraciones a El Español y la SER, aseguró que “se limitó a traducir del francés al español el texto” que le enviaron los abogados de Puigdemont para que esta traducción fuera remitida al juez Llarena en España.
Según esta versión, habrían sido los abogados en Bélgica quienes presuntamente habrían posteriormente manipulado las manifestaciones del magistrado en la versión francesa de la demanda.
RECLAMA AL GOBIERNO QUE RETIRE LA ACUSACIÓN CONTRA LOS SEPARATISTAS
Por otra parte, Garzón también ha exigido al Ejecutivo que la Abogacía retire la acusación por presunta rebelión contra los dirigentes independentistas que se encuentran en prisión y fugados.
En su opinión, dicha acusación «no tiene ni pies ni cabeza».
El diputado de Unidos Podemos ha asegurado que el Gobierno «tiene margen para hacer cosas que mejoren» la situación en Cataluña, más allá de promover la intervención de la Fiscalía General del Estado, y ha defendido que un paso podría ser que la Abogacía retire su acusación.
El líder de IU también ha cargado contra Ciudadanos. Considera que el presidente de esa formación, Albert Rivera, y la líder del partido en Cataluña, Inés Arrimadas, son unos «irresponsables» por retirar lazos amarillos de las calles, y los ha acusado de «polarizar» a la sociedad catalana.
Asimismo, ha pedido a todos los líderes políticos que piensen en las próximas generaciones y no busquen «situaciones que dividan».
