Después de que la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) haya denegado la petición de reingreso en servicio activo en la Carrera Judicial de José Ricardo de Prada, lo que supone exluirle de la candidatura a vocal de la próxima renovación del órgano de gobierno de los jueces, el magistrado dice que se le está «sancionando de manera encubierta».
A través de un comunicado, De Prada manifiesta su imposibilidad de renunciar al Tribunal Penal Internacional al que pertenece desde el año 2011 «por razones de pura responsabilidad ético profesional, institucional y de respeto a los compromisos del Estado español con Naciones Unidas y con la Justicia Penal Internacional», señala.
Se trata del Tribunal que conoce de la sentencia de apelación del caso contra Radovan Karadzic y que se encuentra en la última fase de la elaboración, por lo que su renuncia «implicaría gravísimas e irreparables consecuencias para el funcionamiento de ese Tribunal de Naciones Unidas», añade.
Y aunque como ya manifestó el magistrado por escrito ante el CGPJ, en este momento no es necesaria su presencia física en la sede del Mecanismo (IRMCT) en la Haya, algunos vocales del CGPJ, en la decisión adoptada por la mayoría de su Comisión Permanente, «han considerado que mi no renuncia al Tribunal Internacional era la oportunidad para impedir mi reingreso como magistrado en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional».
Y recuerda que tal decisión impide, además, «que pueda presentar mi candidatura por el turno judicial» a la renovación del CGPJ, «socavándose con ello mi derecho de libre acceso a cargos públicos».
Entiende que con ello se le está «sancionando encubiertamente con la expulsión de la carrera judicial durante un número indeterminado de meses, socavando mi derecho a la inamovilidad judicial como garantía implícita necesaria de la independencia judicial».
Concluye De Prada lamentando la situación de «desentendimiento» por parte del órgano de los jueces de «las obligaciones internacionales del Estado español para con los compromisos internacionales de colaboración con los Tribunales penales internacionales, afectando negativamente a la acción exterior del Estado, cuya dirección le compete en exclusiva al Gobierno».
Esta postura, añade, va «directamente en contra de los compromisos de máxima colaboración adoptados por España con el propio IRMCT».
