La UFP denuncia el ‘vergonzoso hacinamiento’ de los agentes enviados a Cataluña por la Diada
Las "deplorables, ruinosas y tercermundistas" instalaciones del cuartel del Bruc, que denuncia el sindicato./ UFP

La UFP denuncia el ‘vergonzoso hacinamiento’ de los agentes enviados a Cataluña por la Diada

Interior ha trasladado a esta región a unos 600 agentes de la UIP
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07/9/2018 09:29
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Actualizado: 08/3/2021 13:08
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La Unión Federal de la Policía (UFP) ha denunciado el «vergonzoso hacinamiento» en el que se encuentran los agentes de las Unidades de Intervención Policial (UIP) enviados por Interior a Cataluña por la Diada y ante el anuncio del separatismo de movilizaciones en otoño.

El sindicato ha destapado esta situación en Twitter, junto a fotografías de las instalaciones donde se encuentran los antidisturbios movilizados en esa región. En concreto, se quejan de las «ruinosas y tercermundistas» instalaciones del cuartel del Bruc, en Barcelona.

Este sindicato, cuyo secretario general es Víctor Duque, informa de que hay «hasta 40 personas en un mismo habitáculo o espacios muy reducidos con hasta 10 literas», «limitados aseos compartidos», y en los pasillos literas amontonadas. «Son condiciones laborales indignas», reprocha este sindicato.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha enviado a unos 600 agentes de la UIP a esta región para la custodia de edificios públicos y el apoyo a los Mossos d’Esquadra en seguridad ciudadana.

Además, ha decidido suspender hasta el próximo 16 de octubre el traslado de 300 agentes de la Guardia Civil que tenían aprobado ya el cambio de destino a otras autonomías «por necesidades y exigencias inherentes a garantizar la seguridad pública en este trimestre del año». La decisión sentó como un jarro de agua fría a los agentes.

Hace un año el Ministerio del Interior, dirigido entonces por Juan Ignacio Zoido (PP), también movilizó un dispositivo en Cataluña de más de 4.000 policías y guardias civiles para hacer frente al referéndum del 1-O.

Zoido utilizó barcos para alojar a los 6.000 agentes movilizados en la denominada ‘Operación Copérnico’ para impedir la consulta ilegal. Las condiciones en las que pernoctaban también fueron denunciadas.

En el Moby Dada, un navío italiano de 1981 conocido como ‘Piolín’, fueron alojados unos 2.000 agentes durante unos dos meses. Los sindicatos criticaron las habitaciones minúsculas, los atascos que había a diario en los váteres, que había luces que ni se encendían por falta de bombillas…

El barco ‘Piolín’, uno de los tres cruceros que alojó el año pasado a parte del contingente de policías y guardias civiles desplazados a esta región.

‘EL GOBIERNO REPITE EL ABUSO QUE YA COMETIÓ EL ANTERIOR EJECUTIVO’

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) reprochó el pasado miércoles a Interior que «repita el error» de su antecesor en el cargo al retener en esta comunidad a agentes a los que se les había autorizado el traslado, «sin mediar compensación ni ofrecer margen para planificar su situación familiar».

Los sindicatos están que trinan porque la orden, de la que se tuvo conocimiento el martes tras su publicación en el Boletín Oficial de la Guardia Civil, se ha comunicado a los afectados «con sólo unos días de antelación respecto al inicio del permiso de incorporación», por lo que la AUGC critica la «falta de sensibilidad hacia la conciliación laboral y familiar de los trabajadores».

«Hablamos de familias que ya tenían previsto trasladarse al domicilio de su nuevo destino, con
matriculaciones en colegios y nuevos contratos de alquiler, que deberán mantener durante ese mes no previsto dos domicilios«, ha explicado este sindicato.

Considera que el Gobierno repite el «abuso» que «ya se cometió en estas mismas circunstancias» por parte del anterior Ejecutivo, y subraya que «lamentablemente, el cambio político no se ve reflejado en una nueva línea más respetuosa con los trabajadores del Cuerpo».

Asimismo, destaca que «esa medida afecta a los guardias civiles de base, con lo que el perjuicio económico resulta aún más gravoso, teniendo en cuenta, además, que ninguno denellos recibirá compensación económica alguna por este perjuicio».

«Nos encontramos, por tanto, ante una situación claramente abusiva, donde los trabajadores peor remunerados deben afrontar con sus propios recursos el coste de la improvisación del Gobierno ante una situación claramente previsible».

La AUGC reclama a la Dirección General de la Guardia Civil que se adopten medidas urgentes que solucionen la problemática de sus compañeros y «se recompense económicamente el esfuerzo que nuevamente tienen que realizar ante una situación en la que se les exigiría un sacrificio suplementario». Asimismo, pide que se adopten las medidas legales oportunas para «analizar si la falta de previsión a la que se ha hecho mención puede merecer algún tipo de reproche jurídico».

‘COMISIONADOS FORZOSOS Y GRATIS UN AÑO MÁS’

La Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) también ha alzado la voz contra esta orden que afecta a agentes que «ya habían preparado el equipaje para dejar Cataluña» e incorporarse en sus nuevos destinos.

«Un mes comisionados forzosamente y una vez más sin que esté previsto que se les abone nada por tener que permanecer en un destino que ya no es el suyo», critica este sindicato, y lamenta que «los agentes tengan que hacer frente a unos gastos extras de los que la Guardia Civil pretende desatenderse como intentó el año pasado».

Desde la AEGC recuerdan lo que ya le dijeron al responsable de Interior el pasado septiembre: “Esto sólo tiene un nombre: abuso, pero no sólo para con los guardias civiles, sino también para sus familias a las que en ningún momento se tiene en cuenta, en una clara falta de empatía y causándoles un daño irreversible e irreparable”.

‘MÁS DE UN AÑO AGUANTANDO SITUACIONES DE ACOSO Y AGRESIVIDAD’

En la AEGC no entienden cómo en esta Institución «se repiten los errores una y otra vez sin que los responsables respondan de sus acciones». No comprenden cómo «teniendo el antecedente del año pasado, esta nueva Dirección y este nuevo ministro permiten que una vez más se vuelva a tomar el pelo a los guardias civiles y a sus familias que, además, llevan más de un año aguantando situaciones de acoso y agresividad».

Exige que se anule esta orden por «discriminatoria y abusiva» y que se indemnice a los agentes, como finalmente ocurrió el pasado año «gracias a la presión que ejerció» este sindicato incluso en los tribunales.

«No vamos a permitir que sean los guardias afectados por esta medida improvisada los que le salven la situación a la Dirección gratis, y no vamos a aceptar que vuelvan a utilizar a los miembros de este Cuerpo como la mano de obra barata del Estado», sentencia la AEGC.

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