Pocas veces se ven las cosas tan claras como estos días en relación a los intereses del PdeCat (antes Convergencia Democrática de Cataluña). La pasada semana este partido registró en el Congreso de los Diputados varias propuestas de resolución a la Memoria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en curso, que recoge el estado, el funcionamiento y las actividades del órgano de gobierno de los jueces.
«Esta justicia no es justa ni imparcial», afirma el PdeCat, que capitanea en el Congreso Carles Campuzano.
Su objetivo, así a primera vista, es conseguir que el Pleno de la Cámara Baja reprenda a órgano de gobierno de los jueces y exija «corregir» una preocupante situación que está haciendo alejar al poder judicial «de la sociedad».
Y para sustanciar sus afirmaciones, señala las sentencias de casos como «la manada», la agresión en Alsasua a los guardias civiles y sus parejas y el proceso separatista catalán, que ellos llaman «soberanista».
Esa corrección al CGPJ supone, de forma evidente, una corrección a los jueces ejercen la jurisdicción, por cuya independencia dicen tener el mayor respeto.
Un día antes representantes del PdeCat y Convèrgencia citados a declarar ante la AN por el caso del 3 por ciento
24 horas antes, el magistrado titular del Juzgado Centra de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, quien instruye el caso del 3 por ciento sobre la financiación irregular de Convergència Democrática de Cataluña (CDC), las siglas que antes ostentaba el PdeCat antes de refundarse, tomara declaración a los representantes legales de ambos partidos, que en realidad es el mismo, ya que están imputados como personas jurídicas en esta causa.
Convergència y PDeCAT, como continuador del primero, están investigados por presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales por una actividad delictiva que, según destacaba el juez en el auto de imputación, se sostuvo durante 11 años.
El magistrado explica en su auto que altos cargos de Convergència habrían puesto en marcha una estructura para financiar ilegalmente el partido, en forma encubierta mediante ‘donaciones’ a fundaciones ligadas a dicha formación, CatDem y Forum Barcelona, en connivencia con empresarios y otros cargos de índole política, alterando todo tipo de concursos públicos, con la finalidad de «dirigir» los mismos hacia empresas que, a su vez, colaboraban con ‘donaciones’ al partido.
Los pagos, dice De la Mata, se obtenían por las fundaciones y, por ende, por Convergència, en ocasiones como contraprestación por la adjudicación de contratos de obra pública o de servicios, con «vulneración de los principios de legalidad, igualdad y transparencia y en otras simplemente para conseguir mejorar las expectativas de ser beneficiarios de tales contratos».
Más de un millón de euros en donaciones irregulares
Más de un millón de euros en más de un millón de euros en donaciones irregulares
Según el mencionado auto, el monto total de licitaciones comprometidas asciende a 218.759.664 euros; el importe de las adjudicaciones definitivas asciende a 168.706.262 euros, a los que hay que añadir los modificados de proyectos (1.777.626 euros) y las prórrogas (4.539.755 euros), es decir, aproximadamente 175 millones de euros.
En cuanto a las donaciones irregulares ligadas a estas adjudicaciones, ascienden a más de un millón.
Y es que, según el juez, Convergència carecía de un sistema o incluso un mero protocolo de control interno que garantizara la adecuada intervención y contabilización de todos los actos y documentos de los que se derivaran derechos y obligaciones de contenido económico que pudiera ser sometido a verificación e informe.
La operativa investigada, afirmaba De la Mata, ha estado sostenida en el tiempo sistemáticamente y permanece inalterable, con independencia de los relevos que se puedan producir en las personas integrantes de dichas estructuras. Como prueba de ello, subraya que los cambios en la estructura del partido no supusieron en ningún caso un cese en la comisión de los hechos investigados, suponiendo únicamente una modificación en la identidad de las personas partícipes en los mismos.
Y así, sitúa al PDeCAT como un mero continuador de Convergència para éste eludir las consecuencias penales que pudiera acarrearle la supuesta financiación ilegal: «La creación del PDeCAT se podría identificar con una mera transformación o incluso con un simple cambio de apariencia, del partido que impulsa su creación, CDC, para eludir las responsabilidades penales en que hubiera podido incurrir».
Otros casos, con referencia especial a los políticos presos del «procés»
El PdeCat, en sus propuestas parlamentarias, también se refiere a casos como el asalto violento por parte de ultras a la librería Blanquerna en 2013 y el proyecto asista Castor. Y de un modo especial a la «larga» prisión preventiva aplicada a los líderes independentistas encargados por un delito de rebelión, «rechazada por cerca del 80% de la sociedad, según datos de una reciente encuesta», afirman.
De un modo especial, los separatistas catalanes vuelven a emplazar al órgano de gobierno de los jueces a manifestar la necesidad de derogar la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional en lo que tiene que ver con la atribución de inhabilitar cargos electos y funcionarios, una potestad sancionadora que consideran que no debería corresponder al Alto Tribunal.
