La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha explicado este martes en el Congreso de los Diputados que el Ejecutivo se encargará de la defensa del juez instructor del ‘procés’, Pablo Llarena, en los tribunales belgas ante la demanda civil presentada por el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont porque «no se puede permitir que en Bélgica se cuestione la soberanía jurisdiccional española».
«Hemos intentado la defensa de los intereses de España por encima de todo, que es preservar la soberanía de jurisdicción», ha dicho Delgado en la Comisión de Justicia, en la que ha comparecido, a petición propia, para aclarar el criterio del Gobierno sobre la defensa del magistrado y la «inmunidad jurisdiccional de España».
Además, ha recordado que la causa abierta por el proceso soberanista se encuentra en el Tribunal Supremo y, por tanto, cualquier recurso y la estrategia procesal se debe desarrollar en ese órgano judicial.
«No se puede permitir que allí, en Bélgica, se utilice una demanda civil, que contiene unas expresiones que hace un magistrado en un determinado evento, y se cuestione la soberanía jurisdiccional», ha añadido.
«Es un asunto complicado, no sólo por las connotaciones políticas», sino porque a través de una demanda «instrumental», Puigdemont y sus consejeros fugados intentan «someter a escrutinio» las decisiones del magistrado del Supremo en un tribunal ordinario de otro país, ha dicho.
ANÁLISIS DE TODOS LOS ESCENARIOS
Tras hacer un relato cronológico detallado desde que tuvo conocimiento del asunto, Delgado ha apostillado que la intención del Ministerio ha sido analizar con «responsabilidad y transparencia» todos los posibles escenarios «para defender la inmunidad jurisdiccional y hacerlo bien para no tener ni un solo pero en ningún tribunal internacional».
Ante todo ello, la ministra ha asegurado que «desde el primer momento, hemos colaborado con el Consejo General del Poder Judicial» y «desde el primer minuto, el Ministerio de Justicia se ha movilizado para defender la inmunidad jurisdiccional incluyendo al magistrado Llarena».
En este sentido, ha indicado que si se ha generado alguna confusión se debe a que se dieron a conocer a los medios de comunicación informaciones «intoxicadas, que no concluían nada».
No obstante, la oposición ha criticado la ambigüedad existente durante toda la gestión del asunto y la «discrepancia» entre comunicados oficiales, tal y como ha recordado la portavoz de Justicia del PP, María Jesús Moro, quien ha afirmado que la demanda trata de «socavar la confianza en las instituciones españolas».
Ciudadanos, que ha reconocido estar de acuerdo con la decisión final del Gobierno de defender a Llarena, también ha afeado que en un principio se plantease «dejar a los pies del caballo» al magistrado.
«Una primera decisión errónea y que por fortuna se rectificó», ha afirmado el diputado de la formación ‘naranja’ Marcial Gómez, al mismo tiempo que ha destacado que las rectificaciones en el gobierno «no es algo casual, sino una norma».
Por su parte, el PDeCAT, PNV y Unidos Podemos defienden que este asunto se enmarca en lo privado, ya que se denuncia las declaraciones que hizo el juez instructor del ‘procés’ fuera del ejercicio de su cargo y, por tanto, consideran que el Gobierno debería haber rechazado encargarse de su defensa.
Es más, la diputada catalana Lourdes Ciuró ha recordado que Delgado en un principio se encontraba en esta posición y cree que su cambio de opinión se debe a las «presiones de la ultraderecha».
