En España hay unos 250.000 aforados, de ellos alrededor de 2.000 políticos.
Justicia estudia suprimir los aforamientos, manteniendo el principio de inmunidad a los parlamentarios
En España hay cerca de 17.000 aforados, según critica Cs, de los que 616 son parlamentarios
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12/9/2018 17:16
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Actualizado: 17/9/2018 12:44
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La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha informado hoy que se está estudiando la reducción del «excesivo» número de aforados, pero que considera necesario mantener el ‘principio de inmunidad’ para diputados y senadores
Esto significaría que el juez de Instrucción pediría directamente el suplicatorio al Congreso o al Senado.
Actualmente cuando un juez de Instrucción recibe una querella contra un diputado o senador está obligado a enviarlo al Tribunal Supremo para que un magistrado de ese órgano investigue el supuesto delito tras haber sido admitida a trámite.
Dolores Delgado ha explicado que ha encargado a la Sección Procesal de la Comisión General de Codificación, órgano asesor del Departamento en materia legislativa, un estudio «riguroso» sobre la supresión de todos los aforamientos manteniendo solo aquellos que, de manera excepcional, sean indispensables, «que son los que tienen inmunidad parlamentaria».
Se trata de dar «garantía al Legislativo frente al Poder Judicial, manteniendo la necesidad de pedir el suplicatoria cuando se quiera proceder contra parlamentarios», ha destacado la ministra.
Delgado ha hecho este anuncio en respuesta a una interpelación del portavoz de Justicia de Ciudadanos, Ignacio Prendes, quien ha denunciado que «la intolerable figura del aforamiento ha convertido la igualdad en papel mojado».
Dolores Delgado durante su intervención en una interpelación urgente solicitada por Ciudadanos./ EP
Este diputado de Ciudadanos, además de vicepresidente del Congreso, ha criticado que en España hay «prácticamente 17.000 aforados», mientras que en Francia hay una decena; en Portugal e Italia sólo uno; y en Alemania, Estados Unidos o Reino Unido, ninguno.
Delgado le ha respondido que también ve necesario «afrontar y retomar la cuestión de los aforamientos» para garantizar la «regeneración democrática» y porque «todos somos iguales ante la ley, nadie está por encima de la ley».
MÁS DE 16.000 CON UN ‘PRIVILEGIO PROCESAL’ DE DISTINTO RANGO
Aún así, ha apuntado que hay que tener «un cierto realismo» a la hora de afrontar un cambio normativo porque en España hay más de 16.000 con un «privilegio procesal» de distinto rango regulados por la Constitución, leyes ordinarias y autonómicas.
Para explicar cuál sería el resultado de una nueva regulación, la ministra ha aprovechado para citar al presidente del PP, Pablo Casado, por las presuntas irregularidades con su Máster, y ha manifestado que si el aforamiento «lo ciñiésemos al ejercicio de los cargos o los hechos cometidos en el propio cargo, a lo mejor el señor Casado estaría imputado como el resto de sus compañeros».
Estas declaraciones han sentado mal a la bancada del PP, cuya portavoz, Dolors Montserrat, ha pedido a Delgado que retirara sus palabras, cosa que ésta no ha hecho.
Delgado ha insistido en que que hay que dar «ejemplo de comportamiento ético democrático, estandarizar actitudes y comportamientos de regeneración democrática, asumir una cultura de regeneración democrática sin esperar a que nos echen o sin esperar a que nos apoyen con abstenciones».
Entonces, ha puesto como ejemplo la dimisión de Carmen Montón, y ha asegurado que con su renuncia el Ejecutivo «ha perdido una magnífica ministra, pero ha ganado decencia política».
CS ACUSA A DELGADO DE HACER ‘TEATRILLO’ PORQUE ‘ESTA FIGURA SE HA MANTENIDO POR PSOE Y PP’
Por su parte, Prendes ha acusado a Dolores Delgado de estar haciendo un «teatrillo» porque, según ha dicho, el aforamiento es una figura que se ha mantenido por el PSOE y el PP «para no recibir el mismo trato en los juzgados que el resto de españoles».
Ha recordado que el PSOE y el PP se comprometieron con su partido a acabar con los aforamientos políticos, y ha restado importancia a la supuesta complejidad para hacerlo citando que Murcia, Cantabria y Canarias tienen ya avanzado el procedimiento para ponerlo en marcha.
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