A lo largo de casi 5 meses, un vecino de Gijón de 32 años efectuó más de 2.500 llamadas a los diferentes teléfonos de emergencias advirtiendo de sus intenciones suicidas. Ahora, ante el juez, ha reconocido haber cometido un delito de desórdenes públicos después de movilizar sin necesidad a policía, personal sanitario y bomberos por sus alertas «injustificadas».
Inicialmente se pedía una multa de 7.200 euros si bien tras rebajarla hasta los 2.880 euros, el joven ha aceptado la conformidad con el Ministerio Fiscal.
Según fuentes consultadas por Confilegal, el coste de la activación efectiva de los servicios necesarios para atender a una persona en riesgo de autolisis oscila entre los 1.000 y los 2.000 euros.
Intención de ‘molestar e incordiar’ a los servicios de emergencia
En una breve vista oral celebrada en el Juzgado de lo Penal número 1 de Gijón cuyo titular es Lino Rubio Mayo, el ahora condenado reconoció haber realizado esa gran cantidad de llamadas a los servicios de emergencia.
Como denominador común en todas ellas, siempre alertaba de sus intenciones suicidas y, en concreto, de que saltaría desde la terraza o por una ventana de su casa. Lo siguiente era que inmediatamente se movilizaran diferentes efectivos para asistirle.
Eso fue lo que ocurrió concretamente el 2 de mayo de 2017, según relata el Tribunal Superior de Justicia de Asturias en un comunicado.
Ese día, el joven llamó al Hospital de Jove en Gijón donde estuvo como paciente por una patología psiquiátrica. De inmediato se movilizaron varias dotaciones de la Policía Nacional y ambulancia para asistirle. Al llegar al inmueble señalado nadie respondía al timbre ni tampoco los vecinos daban cuenta de haber visto al presunto suicida desde hacía tiempo. En esa ocasión también se activaron los bomberos para que forzasen la casa, que lograron acceder a través de una ventana exterior.
Lo que se encontraron es que el piso estaba vacío -sin muebles y a la venta- porque al joven le habían desahuciado.
Para el fiscal, estos actos los realizaba «con la única intención de incordiar, molestar y perturbar el normal funcionamiento de los servicios públicos» pese haber sido informado «reiteradamente y hasta la saciedad» que cuando realizaba estas acciones generaba «gran perturbación, bloqueo del servicio, molestias innecesarias y gastos prescindibles tanto en el 112 como en los servicios de salud».
En muchas ocasiones, llegó a negar haber llamado a los servicios de emergencia a pesar de que todo quedaba grabado.
Además de los casos por los que ha sido condenado ahora, el pasado mes de julio volvió a ser detenido después de realizar múltiples llamadas al 091, 092, 016 o 112 con su intención suicida tras provocar nuevos desórdenes públicos.
