Nicolás González-Cuéllar es catedrático de derecho procesal y socio director de González-Cuéllar Abogados, un conocido e influyente despacho de Madrid. Carlos Berbell/Confilegal.
González-Cuéllar: «El Colegio debe personarse desde ya ante el Supremo por coherencia lógica»
El presidente del Movimiento 24Dos se pronuncia sobre la querella contra el titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional
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26/9/2018 06:15
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Actualizado: 26/9/2018 02:03
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Nicolás González-Cuéllar es el presidente del Movimiento 24Dos, una asociación de abogados que nació a raíz de las últimas elecciones al Colegio de Abogados y que propugna la protección del derecho de defensa, contemplado en ese artículo de la Constitución.
González-Cuéllar, abogado y también catedrático de derecho procesal, ha venido siguiendo muy de cerca los avatares del caso de las intervenciones telefónicas a un abogado con su cliente, Juan Miguel Villar Mir, entre noviembre de 2017 y enero de 2018. Intervenciones que, al parecer, conllevaron no solo la transcripción de sus conversaciones sino también su análisis para su posterior utilización en la instrucción.
Este hecho provocó la intervención de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Madrid, el pasado mes de julio, amparando al abogado afectado, que ahora ha presentado una querella contra el titular del Juzgado Central de Instrucción 6, Manuel García Castellón, y el letrado de la Administración de Justicia, por cuatro supuestos delitos, el más importante, la prevaricación.
¿Cómo valora este paso dado, con querella ante el Tribunal Supremo?
Los hechos a los que se refiere esta querella son sumamente graves. Presentan caracteres de delito porque suponen una flagrante violación del secreto profesional. Unido a que, al parecer, según la querella, no se han entregado copias de las grabaciones de las conversaciones entre abogados y cliente al letrado que las ha solicitado.
Y a que no se sabe si las grabaciones se han destruido o no.
Entendemos que los hechos se deben esclarecer. Los hechos son de una extraordinaria trascendencia para el derecho de defensa. Es un instrumento de legitimación de la actividad de jueces y magistrados junto con la sumisión a la ley y la independencia y que debe sustanciarse el consiguiente proceso penal para depurar las responsabilidades en que se haya podido incurrir.
Ustedes, desde el Movimiento 24Dos, afirmaron el pasado mes de julio que interpondrían, como acusación popular, una querella también, pero que contaban con que el Colegio lo hiciera antes. ¿En qué punto están ustedes ahora?
En coherencia con el amparo que el Colegio de Abogados de Madrid otorgó el pasado mes de julio al compañero, es el propio Colegio el que debería haber ejercitado la acción penal.
Porque no es exigible a los abogados que tengan que enfrentarse a los jueces cuando se menoscaben sus derechos e intereses profesionales en un proceso determinado.
El artículo 3 de los Estatutos del Colegio de Madrid establece como fin esencial la defensa de los derechos e intereses profesionales de los colegiados.
Y el 4, en el que se describe las funciones del Colegio, establece representar y defender a la profesión ante juzgados y tribunales.
Con legitimación para ser parte, para ejercitar las acciones legales que fueran procedentes, en cuanto a litigios y a causas que afecten a los derechos e intereses profesionales y a los fines de la abogacía.
Para que el amparo fuera efectivo, entendemos nosotros, que nuestro Colegio debería haber ejercitado la acción correspondiente, que es esta querella que al final ha presentado nuestro compañero, cuyas conversaciones con su cliente han sido violadas.
El Colegio de Madrid debe personarse desde ya ante el Supremo, ejercitando la acción penal, tal como nuestros estatutos exigen.
¿Por qué es usted tan desconfiado?
Porque llueve sobre mojado. Hace algunos años el Colegio de Abogados, siendo decano Antonio Hernández Gil, y estando en su Junta de gobierno como diputado su sucesor, el actual decano, José María Alonso, esa Junta miró para otro lado ante una intolerable agresión contra el derecho de defensa y la confidencialidad de las comunicaciones entre abogado y cliente, muy similar a la que ahora se produce.
Así que entendemos que el Colegio de Abogados no permanezca pasivo y no puede dejar al compañero que ha presentado la querella solo reclamando algo tan básico como el secreto profesional en el ejercicio de nuestra profesión.
En aquella Junta de Gobierno el decano Alonso, entonces diputado, votó por presentar la querella. Fueron 2 de 15. Es historia.
Por eso apelo a su coherencia. Sé que aquello lo lleva clavado en el alma. Ahora la historia le da la oportunidad de redimirse. De actuar como tenía que haber actuado su predecesor. No puede permitir que la historia se repita.
Se supone que la Junta de Gobierno de su Colegio amparó a su compañero para que se personara. Y luego ya se vería…
Lo coherente con el amparo que se concedió es ejercitar las acciones y personarse.
El decano utilizó una metáfora en la campaña electoral. Decía que él venía como pastor a dirigir un rebaño. Si un pastor ve que un lobo salta la cerca y ataca a un cordero y, como pastor, le dice al cordero que le ampara pero no hace nada, no defiende al cordero con su cayado, reclamando al lobo el cese de la actividad ilícita, y permitiendo que el cordero se defienda el solo y que el lobo pueda devorarlo, es un brindis al sol.
Nosotros creemos que el pastor, siguiendo con su símil, tiene que defender al cordero. Por lo tanto, entendemos que ha llegado la hora de actuar y el decano debe actuar.
A nosotros estos nos preocupa mucho.
Porque si se produce un fenómeno de inactividad por parte del Colegio, como sucedió cuando se presentó una querella contra el entonces juez Baltasar Garzón, vamos a plantear, desde mi asociación, la convocatoria de una Junta General Extraordinaria del Colegio para que valore esta inactividad colegial.
Nos basta con reunir el 1 por ciento de los votos de los colegiados ejercientes para pedir esa convocatoria y que el Colegio se pronuncie.
¿Está usted hablando de presentar una moción de censura?
Yo no digo que sea una moción de censura. Lo que digo es que si se produce inactividad por parte del colegio, o retardos, o esperas, para a ver que pasa, por postureo político o por cualquier otra razón, actuaremos.
Reclamaremos a nuestros compañeros que apoyen nuestra iniciativa para debatir en Junta General Extraordinaria sobre si nuestro Colegio puede mirar para otro lado como hizo ya una vez hace algunos años, ante una de las más graves transgresiones que han existido.
Sin embargo, la querella fue presentada el lunes pasado ante el Tribunal Supremo. ¿No cree usted que hay que dar un poco de tiempo al Colegio para tomar una decisión en este sentido?
Nosotros ya dijimos al compañero que había presentado la querella para acompañarle si él lo entendía necesario. Pero al margen de lo que el compañero nos solicite, creemos que es obligado que la representación de la abogacía institucional es obligado que esté ahí desde el minuto uno.
Es más, debería haber tomado la iniciativa de haber presentado esta querella en coherencia con el amparo colegial otorgado.
Si no lo ha hecho antes, ahora debe, al menos, situarse junto con el compañero, de la mano, ante el Tribunal Supremo, para reclamar justicia y que se proteja el secreto profesional frente a una violación tan impúdica como la que se ha producido en este caso.
Por la importancia que le esta dando, ¿diría que este caso es uno de los más importantes que han sucedido en los últimos tiempos para la abogacía?
Dudo que durante el mandato de la Junta actual vaya a producirse una agresión tan tremenda a lo que es la esencia de nuestra profesión como es esta actuación del Juzgado Central de Instrucción número 6 que ha puesto en solfa el secreto profesional, afectando no solamente a la defensa, en ese caso en concreto, sino al interés general en la protección de la confidencialidad de las comunicaciones entre abogado y cliente.
Tanto la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de nuestro Tribunal Supremo, recaída en el asunto de Baltasar Garzón, dicen que es algo fundamental para el mantenimiento del Estado de Derecho. Así de simple. No podemos dejarlo pasar.
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