«Han sido 7 años y 7 años de estar imputado. Me siento muy aliviado. Y estoy muy feliz. Pero me pregunto, ¿y esto quién me lo paga ahora? ¿Cómo me van a compensar el daño a mi honor, a mi imagen, a mi carrera política, destrozada por esta acusación que ahora ha archivado la Audiencia Provincial? ¿Es que el sufrimiento por el que ha pasado mi familia no tiene ningún valor? Esta investigación ha sido una causa general contra mi persona, sin base. Y el Consejo General del Poder Judicial tendría que hacer algo con la magistrada Pilar de Lara. Para que nadie vuelva a pasar por lo que ha pasado mi familia y yo».
Así de rotundo se expresa José López Orozco, exalcalde socialista de Lugo, tras conocer el archivo de la acusación contra su persona, decidido por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de su ciudad, en el llamado caso Grúa, por el que se investigaban supuestos sobornos para conseguir la adjudicación del contrato de la grúa municipal del Consistorio.
«En el auto de archivo, los magistrados lo dicen con toda claridad: no hay ningún dato, salvo una manifestación de referencia, que pruebe yo hubiera recibido cantidad alguna por el contrato del servicio de la grúa», explica López Orozco.
«La investigación sobre mi patrimonio tampoco refleja ningún incremento digno de mención, han señalado los magistrados», añade.
Los jueces del tribunal de apelación han ratificado, de esta forma, el informe del fiscal, Jesús Álvarez, que solicitó previamente el archivo de los cargos contra Orozco.
«No existe ninguna prueba de que el dinero de empresas de la grúa o de la ORA llegase al que era alcalde de aquellas» y «El patrimonio de Orozco corresponde con su profesión», escribió el fiscal.
Orozco, una víctima de Pilar de Lara
El «alcalde», como todavía lo llaman muchos de sus conciudadanos, se considera una víctima de Pilar de Lara, la magistrada titular del Juzgado de Instrucción 1 de Lugo.
«El Servicio de Vigilancia Aduanera me investigó a mí, a mi mujer y a mis dos hijas. A fondo. Y no encontró aumento de patrimonio alguno en ninguno de nosotros. Nuestros ingresos eran nuestros sueldos. Ese informe dice lo mismo que el fiscal ahora. Y la magistrada no hizo nada. Seguí imputado, hasta ahora», explica López Orozco.
El político socialista tiene muy presente la pesadilla que ha vivido.
«La juez abrió el caso el 5 de abril de 2011. Me imputó el 18 de noviembre de 2012 y me interrogó el 22 de noviembre de ese año, porque yo pedí ir a declarar. Y hasta ahora. Lo que he vivido ha sido una pesadilla. Yo he sido profesor de Filosofía y de Política. Muchas veces he reflexionado sobre lo que debían estar pensando mis alumnos a la vista de las noticias en los periódicos. Por no mencionar a mi familia. Sólo nosotros sabemos lo que hemos pasado», relata con cierto alivio.
Y en referencia a Pilar de Lara lo tiene muy claro: «Yo sé lo que es un tribunal de la Inquisición porque lo he sufrido con ella. Sus interrogatorios han sido durísimos, pero la verdad no parece servirle y alarga todo, sin importarle nada la vida de nadie. Jueces como ella no deberían de existir. Debería haber una vigilancia, una supervisión sobre este tipo de personas para que no puedan arruinar la vida a la gente».
«El desaparecido fiscal jefe de Lugo, que en paz descanse, dijo muy claro en 2014 lo que ahora ha dicho el fiscal del caso: que sobre mí, en esto, no había nada. Estamos a 2018», añade.
El caso
Lopez Orozco fue denunciado por José Luis Álvarez, socio de la empresa Cechalva, que participó en la adjudicación de la grúa municipal, de haber recibido pagos de 2.000 euros y que los realizaba a través del funcionario municipal Javier Reguera, una mordida en la que también participaba el exconcejal de Economía y Urbanismo -y expresidente de la Confederación Hidrográfica del Miño- Francisco Fernández Liñares.
«Álvarez no ofrece datos de primera mano sino que repite los que decía Reguera que era quien se hacía cargo del dinero. Nadie da fe de que se entregase el soborno a Orozco. Nadie afirma que lo presenciase», dice el fiscal Álvarez.
Éste identifica tanto a Liñares como a Reguera en la cúspide de la trama correcta.
«Linares sostenía el poder y Reguera lo ejecutaba en la sombra, aunque con escasa discreción. Ambos buscan el beneficio económico y hay que reconocer que los dos lo consiguieron de sobra», añade el fiscal.
A todo eso fue ajeno el alcalde.
«Reguera recogía físicamente el dinero, daba su porción a Liñares y ahí se cierra el conducto no existe ninguna prueba de que el dinero llegase al que era alcalde de aquella». «El patrimonio de Reguera y de Liñares aumentó considerablemente. El de Orozco corresponde con su profesión al de su familia».
«Después de más de seis años de instrucción no cabe arrastrar a Orozco hasta el final del proceso sin indicios consistentes», remacha el fiscal.
Otros dos casos pendientes que seguirán el mismo camino
A López Orozco todavía le quedan dos casos pendientes. La imputación por el contrato de la ORA a Doal.
Visto lo visto con el de la grúa, es previsible que también se archive.
Y una segunda sobre la construcción de una casa que se construyó en el Plan General, a la que se le rebajó la edificabilidad de 2,5 por metro cuadrado a 1,54, y que no contó con el supuesto permiso de la Consellería de Cultura.
Orozco confía, a pesar de lo vivido, en la necesidad de la política: «¿Que qué le diría a uno de mis alumnos si me preguntara si vale la pena la política? Les diría que indudablemente que sí. La política con mayúscula es necesaria y ahora más que nunca».
