Las enmiendas a la Ley de Propiedad Intelectual devuelven el protagonismo a las entidades de gestión colectivas
Cadenas de radio y televisión, músicos o establecimientos hoteleros preocupados ante un nuevo escenario donde la subida de las tarifas no se negocie
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01/10/2018 06:15
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Actualizado: 01/10/2018 00:52
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Auténtico terremoto han causado las siete enmiendas presentadas en el Congreso que se votarán esta semana por la mayoría de los grupos políticos con representación en el Parlamento, PP, PSOE, Cs y Unidos Podemos, a la modificación de la Ley de Propiedad Intelectual.
Artistas, cadenas de radio y televisión o establecimientos hoteleros han manifestado su malestar ante estos cambios que según ellos dispararán las tarifas que deben pagar a las entidades de gestión colectiva.
La Asociación Española de Radiodifusión Comercial (AERC) y la Unión de Televisiones Comerciales en Abierto (UTECA) manifestaban públicamente su “alarma por la inseguridad jurídica y los perjuicios que generan los cambios que se proponen”. Estas entidades reúnen a la práctica totalidad de las emisoras de radio comercial y a las principales cadenas privadas de televisión, entre otras, la SER, Onda Cero, Cope, y Mediaset y Atresmedia.
Según el acuerdo vigente, los operadores no pagan por el uso que hacen de los contenidos representados por las entidades, sino que abonan una especie de tarifa plana, un porcentaje de sus ingresos, que les permite acceder a todo el catálogo.
Desde estas cadenas se piensa que las tarifas están sobredimensionadas y que en los últimos años pagaron hasta un 150% de más. Creen que deberían pagar en función del uso efectivo del valor que aportan a los usuarios.
En ese tira y afloja, el organismo encargado de arbitrar las diferencias y fijar las tarifas en caso de conflicto es la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual (SPCPI). Su equilibrio se podría romper si, como establecen las enmiendas, se incorpora un nuevo consejero, explican fuentes del sector.
La enmienda 44, acordada por PP, PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos, dice: “En los 30 días posteriores a la entrada en vigor de la presente ley, […]el Ministerio de Cultura y Deporte nombrará mediante orden un quinto vocal” de la SPCPI.
Otra de las enmiendas polémicas, también pactada por los cuatro grandes grupos parlamentarios, propone que, en caso de desacuerdo entre emisoras y televisiones y derechos de gestión a la hora de fijar los precios, deberán abonar el 70% de la tarifa impuesta antes de que se resuelva en conflicto. El pago será condición imprescindible para poder recurrir.
En caso de desacuerdo, […][LAS TARIFAS]“deberá, al menos y en todo caso, pagar a cuenta el 70% de la misma”, dice la enmienda. […][/…]Además, las enmiendas permitirán a las entidades la facultad de subir de forma unilateral los precios perdiendo la oportunidad de transparencia, se quejan los operadores.
Para Francisco Arroyo, socio del despacho Santiago Mediano Abogados, firma que ha defendido en distintas ocasiones los intereses jurídicos de alguna entidad de gestión, «antes de la actual Ley de Propiedad Intelectual del 2014 las entidades de gestión fijaban sus tarifas de forma equitativa. Era problemático hacerlo porque no había bases legales para fijarlas. Eso provocó que algunas entidades fueran sancionadas por la CNMC por establecer esos precios de forma abusiva”.
Con la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual se establecen una serie de principios para ordenar este marco tarifario a los que se acomoden el establecimiento de las tarifas. “Se trataba de evitar que fueran discrecionales y se incrementaba las posibilidades de negociación entre las partes. Al mismo tiempo se establecía una vía arbitral, poco usada, no era obligatoria en la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual del Ministerio de Cultura».
Arroyo recuerda que hubo un Decreto del Ministerio de Cultura y luego una Orden ministerial que desarrollaba como deberían entenderse esos criterios principales aunque el Tribunal Supremo lo invalidó por un problema de forma.
Ahora, la nueva reforma que está en el Parlamento no exige desarrollo reglamentario de esos criterios generales. “Tampoco lo excluye porque, si la situación se volviera litigiosa, el Ministerio de Cultura podría darles los criterios para establecer y concretar más el uso efectivo de los siete principios generales”.
A su juicio no se vuelve a la situación del 2014. “Ahora hay vía de negociación para remunerar derechos de los creadores. Si no se llega, tendrá que pagar el 70% de las tarifas para ir al sistema de arbitraje que ahora es obligatoria de la Sección Primera de la Comisión De Propiedad Intelectual».
Y finalmente el cambio en la composición de esta Sección Primera que “ahora estaba formada por cuatro vocales, dos de economía y otros dos de cultura y van a incluir a una tercera. Es bueno que un órgano colegiado sea impar. Ese quinto miembro lo propondrá el Ministerio de Cultura, lo que ha generado cierta polémica”.
Cadenas hoteleras no quieren pagar un impuesto más
Desde la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos turísticos (CEHAT) se ve con bastante preocupación la votación de dichas enmiendas esta semana. Reconocen que durante décadas han tenido fricciones con las propias entidades de gestión ante unas tarifas que pretendían pagar de forma abusiva y arbitraria.
Para Nuria Montes, secretaria General de la Asociación Empresarial Hostelera de Benidorm, Costa Blanca y Comunidad Valenciana (HOSBEC), adscrita a CEHAT, “la aprobación de la Ley de Propiedad Intelectual del 2014 mejoró ese clima con las entidades gestión tras el establecimiento de unas tarifas equitativas y un árbitro neutro que dirimiera cualquier problema”.
Y es que muchos de los huéspedes de un hotel desconocen que, por el simple hecho de tener un aparato de televisión gratuita y en abierto, y por tener música ambiental en zonas comunes como recepciones, piscinas, etc., el hotel se ve obligado a pagar unas tarifas a diferentes entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual, como son los representantes de guionistas, actores, productores, autores, dobladores de películas, etc.
Un hotel como este de Almuñecar, en Granada, por el hecho de tener un aparato de tv gratuito y en abierto en sus habitaciones y por tener música ambiental en sus zonas comunes, se ve obligado a pagar diferentes tarifas a algunas entidades de gestión.
Desde el movimiento hotelero creen que los principales grupos del arco parlamentario español han cedido a la presión del poderoso lobby de las entidades de gestión (SGAE, EGEDA, AGEDI, AISGE Y AIE) sin preocuparse por conocer el impacto y la opinión de los miles de empresas del sector turístico, en su inmensa mayoría pequeñas y medianas empresas, que resultarán directamente perjudicadas por esta reforma.
Desde este sector se insiste en que las enmiendas persiguen, entre otros objetivos, impedir que asociaciones como HOSBEC y la Confederación Española de Hoteles CEHAT y muchas otras puedan utilizar ese sistema alternativo de fijación de precios ante un órgano independiente.
El sector hotelero reclama algo razonable y sensato: que las entidades de gestión no fijen los precios libremente y a su exclusiva conveniencia sino que estén obligadas a negociarlos con el sector y, a falta de acuerdo, que sea un tercero imparcial, independiente y especializado en la materia el encargado de decidir el precio a aplicar.
Que los derechos de los creadores de cultura y de obras musicales y audiovisuales son merecedores de remuneración es algo que el sector hotelero no discute. La propiedad intelectual es igual que la propiedad física, y de la misma manera que un cliente paga por usar una habitación de hotel, un hotel tiene que pagar por usar la obra de un artista.
«Hay que remunerar la cultura con precios equitativos pero no con cualquier precio, y mucho menos con precios fijados unilateralmente por entidades que gozan del completo monopolio en la gestión de sus derechos».
Y llaman la atención a cómo se han movido estas entidades entre los grupos políticos para impedir que un organismo regulador independiente pueda limitar sus abusos y poner sus tarifas en el mismo régimen de fijación que el resto de sectores económicos.
Desde Hosbec se pide a los partidos políticos que reconsideren sus enmiendas y que se alce la voz de decenas de miles de pequeñas empresas de hostelería, que se han visto obligadas a aceptar abusos a lo largo de lustros y que no aceptan de nuevo volver a la situación anterior a la imposición unilateral de precios desproporcionados.
Para Montes “este nuevo riesgo económico para el alojamiento turístico reglado vuelve a favorecer de forma clara y evidente a toda la oferta ilegal en viviendas que está hotelizando las mismas y que por supuesto no pagan canon alguno a ninguna entidad de gestión».
Disfrutar de la televisión en una habitación de hotel, tal y como uno hace en su propia casa, puede desaparecer si prospera la modificación parlamentaria de la Ley de Propiedad Intelectual.
Trasposición apresurada que no genera seguridad
Para Esther Montalva, socia directora del despacho de abogados Legal Travel, “no debemos perder de vista que esta reforma se deriva de la urgencia de trasposición de la Directiva 2014/26/UE, y es el fruto de las prisas, la falta de consenso y, a mi parecer, una sordera considerable hacia los lobbies clave además de los artistas y las gestoras: los medios, la hotelería y restauración».
A su juicio dicha transposicion «deriva inseguridad y una sobrecarga del sistema administrativo y judicial».
«Si bien es cierto que la norma iría pretendidamente en la línea aperturista de competencia que ha venido marcando la UE y la CNMC, (con la apertura a los operadores de gestión independiente, digo), lo que no tiene sentido es que se siga reservando en exclusiva la gestión de ciertos derechos (remuneración) en las entidades de gestión monopolísticas, pues complican enormemente la capacidad de control y administración de los “pagadores”».
Para Montalvá, esta medida “previsiblemente provocarán un abuso de cara a la hotelería en cuanto a los precios y ello, cómo no, perjudicará la calidad y diversidad de nuestro turismo”.
Y recuerda que “una cadena hotelera no tiene la misma capacidad que un mediano y pequeño hotel, y un incremento en los precios y la pérdida de su voz como interlocutor, supone un grave perjuicio para su situación”.
Esta jurista destaca también que “la “hiperregulación” de la hotelería en España, la regulación somera y dispersa de los nuevos modelos alojativos (las viviendas de uso turístico), y la revitalización de destinos turísticos extranjeros que habían estado en stand by por la primavera árabe, hace que nos encontremos con una hotelería cada vez más estrangulada”.
A juicio de esta abogada “la pretensión de HOSBEC en relación a mantener su facultad de negociación, al menos como está planteada, choca con el objetivo de la CNMC: la búsqueda de un mercado que se autorregule totalmente o en la mayor medida posible, y en el que oferentes (artistas), “intermediarios” (sociedades y operadores de gestión) y consumidores (hotelería) negocien sin más normas que la oferta y la demanda”.
Sin perjuicio de ello, “nuestro legislador no puede perder de vista en el proceso que el Turismo en España representa más de un 11% del PIB, así que, cuanto menos, merece consideraciones especiales en las regulaciones que le afectan frontalmente, y ello no sería ninguna novedad en nuestro país, pues en multitud de normas hay atenciones especiales por sectores productivos determinados”, indica Montalvá.
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