A partir de hoy, la Sección 8 de la Audiencia de Barcelona compuesta por los magistrados María Mercedes Armas Galve, Carlos Mir Puig, Jesús Navarro Morales, María Mercedes Otero Abrodos y José María Planchat Teruel, juzgará al expresidente de Caixa Catalunya y exministro socialista, Narcís Serra, y a otros 40 acusados por la causa de los sueldos «desproporcionados» de la entidad entre 2008 y 2012.
Se les acusa de delitos de administración desleal y delito societario.
El juicio se prolongará hasta el 30 de noviembre, con un total de 28 sesiones. La fase testifical empezará el 11 de octubre.
Sueldos «ajenos» a una situación de insolvencia
El fiscal de la Delegación Anticorrupción en Cataluña, Fernando Maldonado, basa su acusación en los sueldos que se concedieron a consejeros de la entidad bancaria cuando ésta estaba recibiendo fondos del FROB, que entre 2010 y 2012 aportó a la caja más de 12.000 millones de euros.
Hay que recordar que la entidad fue intervenida por el Estado en 2011.
Les acusa de «un reprochable y espúreo» manejo de los fondos de una entidad cuyo único objetivo tendría que haber sido procurar un adecuado beneficio para la obra social y evitar un despilfarro de fondos en beneficio de los altos directivos.
Considera que en la entidad investigada existieron «retribuciones e indemnizaciones desproporcionadas y ajenas a su real situación de insolvencia», en medio de una grave crisis económica y que acabó con el despido de más de 1.600 trabajadores.
A pesar de esta coyuntura de Caixa Catalunya y de un sistema financiero en crisis, los sueldos del director general Adolf Todó y del adjunto Jaume Massana «no dejaron de subir» durante 2009, 2010 y 2011.
En cuanto a las indemnizaciones que percibieron otros miembros del consejo de administración tras sus dimisiones por la fusión en 2010 de la Caja de Ahorros de Tarragona y de Manresa con Caixa Catalunya, Maldonado las califica de «escandalosas y millonarias en el marco de la irresponsable política de retribuciones» de la entidad.
Más de 4 millones de euros entre 2008 y 2012 para Todó
Durante su gestión como director general de la entidad, Adolf Todó percibió una retribución fija anual de 600.000 euros más una retribución variable del 35% del total, condicionada al cumplimiento de objetivos.
Se estableció para él una cláusula de prejubilación a partir de los 60 años por la que cobraría hasta los 67 una renta mensual del 90% de su sueldo, y a partir de los 67 «una renta vitalicia» del 80% de lo recibido los 12 meses anteriores.
En caso de fallecimiento, su hija podría recibir una pensión vitalicia por el 50% de la retribución cobrada por Todó los últimos doce meses.
En total, entre 2008 y 2012, sin contar con las aportaciones al plan de pensiones, Todó percibió más de cuatro millones de euros.
Por su parte, Jaume Massana contó con las mismas cláusulas de prejubilación y se le fijó un sueldo anual de 371.000 euros su primer año con una retribución variable del 35% por la consecución de objetivos.
Massana cobró entre 2008 y 2012 un total de 2,9 millones de euros más lo que aportó al plan de pensiones.
Por presidir las comisiones y el consejo de administración, Narcís Serra percibió entre 24.801 y 135.707 euros al año en concepto de dietas, cantidad a la que la Fiscalía se refiere como de «elevados emolumentos». Además, a partir de 2007 se le asignó un sueldo como presidente no ejecutivo de unos 175.000 euros anuales.
Penas entre 4 y 2 años
La Fiscalía solicita para Narcís Serra, Adolf Todó y Jaume Massana, y otros 14 exconsejeros de la entidades, cuatro años de cárcel por dos presuntos delitos de administración desleal por una «irresponsable política de retribuciones».
Para los otros 24 acusados, reclama penas de dos años por un único delito de administración desleal.
Asimismo, pide indemnizar al FROB por el perjuicio causado, que se cifra en más de 2,5 millones de euros.
