El expresidente de Caixa Catalunya Narcís Serra (derecha), junto a su abogado, Pau Molins, declaró a los medios a la salida de la primera sesión del juicio que no se arrepiente de su gestión al frente de la entidad y que hizo lo que debía, asegurando que los supuestos sueldos desproporcionados "no existen"./ EP
La Fiscalía rebaja de 4 a 3 años la petición de cárcel para Serra y Todó por los sueldos de Caixa Catalunya
AFIRMA QUE "no fueron ni ordenados empresarios ni representantes leales"
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23/11/2018 14:06
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Actualizado: 23/11/2018 17:58
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La Fiscalía ha rebajado de cuatro a tres años la petición de cárcel para el expresidente de Caixa Catalunya Narcís Serra y para el que era su director general Adolf Todó por dos presuntos delitos de administración desleal por la subida de sueldos cuando dirigían la entidad en 2010.
También ha pedido imponer a ambos una multa de 67.500 euros.
La causa de los sueldos supuestamente desproporcionados de la entidad en los años de mayor crisis económica, entre 2008 y 2012, se está juzgando en la la Sección 8 de la Audiencia de Barcelona.
Además del expresidente de Caixa Catalunya Narcís Serra, su exdirector general Adolf Todó, hay otros 39 acusados que formaban parte del consejo de administración que aprobó las subidas salariales en pleno proceso de fusión con Caixa Manresa y Caixa Tarragona.
La Fiscalía los acusa de autorizar «desproporcionados» sueldos a la cúpula de la antigua caja de ahorros, pese a la crítica situación que atravesaba la entidad y el país.
El juicio arrancó el pasado 4 de octubre, y hoy la Fiscalía ha elevado sus escritos de conclusiones a definitivos.
Narcís Serra, Adolf Todó y otros 15 exconsejeros de la entidad se enfrentaban al inicio a una petición fiscal de cuatro años de cárcel por dos presuntos delitos de administración desleal por una «irresponsable política de retribuciones».
El fiscal Fernando Maldonado acusa a Serra y Todó de ser los autores dolosos, materiales y directos de dos delitos de administración desleal en concurso de normas con un delito de apropiación indebida de especial gravedad.
Al resto de acusados del consejo de administración que aprobaron uno o dos acuerdos los considera autores por cooperación necesaria.
La Audiencia de Barcelona rebajó la fianza impuesta a Narcís Serra y al resto de 40 acusados de 9,5 a 2,56 millones de euros en concepto de responsabilidad civil.
El expresidente de Caixa Catalunya y exministro socialista Narcís Serra declaró ante el juez el pasado 11 de octubre que el salario que se fijó para los directores en 2010 era «prudente» e inferior a la media, y que se hizo con el conocimiento del Banco de España.
Aseguró que su sueldo en la entidad, de unos 175.000 euros desde 2008 a 2010, fue pactado antes de establecerlo con la Generalitat y apuntó que era el mismo que el presidente de Caixa Gerona, una caja «nueve veces más pequeña».
Además, defendió que en ese momento la entidad no estaba en crisis, pese a que desde julio de ese año hasta diciembre de 2012 el Frob inyectó 12.000 millones de euros, e insistió en que el Consejo de Administración actuó con el conocimiento de que el Frob y el Banco de España consideraban Caixa Catalunya como «fundamentalmente sólida».
Adolf Todó, que compareció el 16 de octubre, declaró ante el juez que no estaba presente cuando el consejo de administración votó su aumento salarial en enero de 2010, contradiciendo lo que dijo en el juzgado de instrucción, y destacó que se hizo con «transparencia».
‘LA SUBIDA DE SUELDOS EN CAIXA CATALUNYA EN PLENA CRISIS FUE INADECUADA Y DELICTIVA’, AFIRMA EL FISCAL
En su exposición, el fiscal Fernando Maldonado ha cifrado el perjuicio económico del acuerdo del consejo de administración de elevar el sueldo a Todó de enero de 2010 en 415.000 euros y el de octubre de ese año en 24.000.
Maldonado manifiesta que esa subida de sueldos supuso una «grave lesión a los intereses de la entidad» en una situación de crisis económica generalizada y de la entidad, por lo que lo considera dos delitos de administración desleal.
Para el fiscal, «la entidad era un gigante con pies de barro y los administradores no fueron ni ordenados empresarios ni representantes leales».
Ha constatado que, en un contexto de crisis extraordinaria en la entidad bancaria, de práctica insolvencia, en sus palabras, la subida salarial en los citados consejos de administración fue «inadecuada y delictiva».
El fiscal ha citado un informe de junio de 2008 de un supervisor de Caixa Catalunya en el que planteaba que la entidad estaba en un escenario difícil con incremento de la morosidad y deterioro de los ratios de solvencia: «Eran nubarrones lo que caía» sobre la caja.
Ha recalcado que Caixa Catalunya era la cuarta entidad de España, pero necesitaba al Fondo de reestructuración ordenada bancaria (Frob), que en 2010 inyectó 1.250 millones de euros, y en 2012 otros 9.000, al ser una «entidad vulnerable», y ha resaltado que en plena subida de sueldos también se estaba negociando un ERE que acabó afectando a 1.600 trabajadores.
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