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Las víctimas de la talidomida denuncian públicamente que en Sanidad nadie les hace caso tras el cambio de ministra

Este próximo miércoles Francisco Igea, portavoz de Sanidad de Ciudadanos en el Congreso pedirá a la Ministra que aclare por qué se ha paralizado todoVictimas de la talidomida denuncian el abandono en el que están en este momento.
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La dimisión de Carmen Montón, penúltima ministra de Sanidad y Consumo, ha generado diferentes efectos colaterales en determinados asuntos. Uno de ellos tiene que ver con las víctimas de la talidomida y sus ayudas.

Montón se marchó y aquella reunión de primeros de septiembre con Ricardo Campos, por aquel entonces secretario General de Sanidad, para definir una propuesta formal con la que acometer el asunto no ha llegado. Ahora esperan que Faustino Blanco, nuevo titular del cargo asuma lo pactado.

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De hecho, en la próxima Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados que tendrá lugar el miércoles 10 de octubre, está previsto que el portavoz de Ciudadanos en la Cámara Baja sobre Sanidad, Francisco Igea, haga una pregunta al Gobierno sobre la situación de las víctimas de la talidomida, ahora al parecer, en tierra de nadie.

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A preguntas de CONFILEGAL, Igea señala que “no entiendo como un tema administrativo como es la compensación de unos daños con unas indemnizaciones, está parado. En tres años hemos tenido cuatro  Ministros y el tema está sin resolver”.

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Para este diputado “ no es de recibo que tras sesenta años se llegue a un acuerdo, se apruebe una indemnización  y todavía no sepamos cuándo se va a resolver. Esto es una vergüenza y así se lo diré a la Ministra».

Desde la Asociación de Víctimas de la Talidomida (AVITE) confiesan haber contactado con Campos en dos ocasiones. En una primera pidió más tiempo para reunirse con ellos y formalizar la tan ansiada propuesta. “La segunda la hicimos a 20 de septiembre a través de nuestro abogado y volvimos a tener buenas palabras para cerrar una reunión”, señala Rafael Basterrechea, vicepresidente de la entidad  Sin embargo, un día después Ricardo Campos era cesado.

Amortizado Campos, los esfuerzos de AVITE se han centrado en contactar con el nuevo secretario general de Sanidad y Consumo, Faustino Blanco. Nos cuentan desde esta asociación que las llamadas y recados han sido diversos y la respuesta de gente de su equipo es que estaba ocupado. “Hace un par de días enviamos un correo electrónico para saber el estado de la cuestión pero de momento no hemos tenido respuesta”.

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Basterrechea confiesa que han hablado con la letrada del INSERSO que también está llevando este tema pero no ha aclarado qué plazos tiene para realizar el informe pertinente a dicha propuesta que pueda satisfacer los años que este colectivo ha estado reivindicando determinadas ayudas e indemnizaciones.

Al parecer está a la espera de instrucciones concretas para seguir su trabajo, nos dicen desde AVITE. “Estamos en un bucle donde no se avanza nada, muy preocupante por cierto. Y esa es la situación”.

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Volver a activar las negociaciones con Sanidad es una labor de Ignacio Martínez, abogado de AVITE y jurista especializado en negligencias médicas.

“Estamos dejando recados todos los días, tanto al secretario General de Sanidad, como al subsecretario de Sanidad, Justo Herrera que ha sido sustituido hace un par de días por Alfredo González y a la directora General del INSERSO, pero  no tenemos aún respuesta a ninguno de nuestros requerimientos”, indica Basterrechea.

El Gobierno debe cumplir lo pactado

Desde AVITE se espera que con la llegada  de la nueva ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, el Gobierno cumpla con su obligación de “hacer efectivas las ayudas tras el reconocimiento oficial de la condición de afectados”.

Serán ayudas de 12.000 euros por cada uno de los puntos de discapacidad que tenga cada afectado, tras la aprobación, el pasado mes de julio, en el Congreso por mayoría de la enmienda introducida en el Senado por el PP.

También desde AVITE son conocedores de los primeros contactos entre el Gobierno de Pedro Sánchez y Grünenthal Pharma, S.A., filial española de la empresa multinacional alemana Grünenthal GmbH y número uno en el tratamiento del dolor en España, para que asuman una parte de este coste y para que reconozcan el daño causado.

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En un principio, según fuentes consultadas por CONFILEGAL, la multinacional no estaría dispuesta a asumir esa parte del coste.

Para Basterrechea, “es importante que el Gobierno recabe a Grünenthal el pago de una parte importante de esta indemnización. En España, es una empresa pequeña que factura sobre los 200 millones de euros. La reclamación debería plantearse a la sede central en Alemania. La compañía factura 5.000 millones de euros a nivel mundial”.

La última reunión mantenida entre AVITE y el que fuera secretario general de Sanidad, Ricardo Campos en la sede del propio Ministerio fue de mediados de julio. A ella acudieron el propio Rafael Basterrechea Ignacio Martínez. En esa reunión se habló de la intención de Sanidad de preparar un proyecto de ley que se tramitaría por vía de urgencia para ofrecer esas cantidades nuevas a las víctimas de la talidomida. Pero de momento el tema parece haberse detenido bruscamente.

En esa  reunión de trabajo, Campos volvió a preguntar a los representantes de AVITE cuáles son sus pretensiones económicas.

El propio Basterrechea en declaraciones a CONFILEGAL ha señalado que “queremos un trato parecido al que tienen otras víctimas en países como Alemania o Francia.  Nos corresponde una indemnización y una compensación mensual que garantice la supervivencia de todos los afectados”.

El vicepresidente de AVITE explica a este medio que están dispuestos a dialogar y aceptar que el pago de las indemnizaciones se pueda repartir en el tiempo. La única línea roja que mantienen es que “el Gobierno debe garantizarnos que vamos a cobrar lo que ya se ha fijado por ley”. Ahora reconoce que “la sensación de desamparo es total. No hay interlocutor y parece que este asunto no es prioritario para ellos”, aclara.

Desde este colectivo de afectados se ha indicado que “Grünenthal debería incorporarse a esta mesa de trabajo y asumir sus responsabilidades como fabricante de la talidomida. Estamos incluso dispuestos a que incorporen un experto en el Comité ya en marcha como supervisor o validador de lo que se está haciendo a nivel de reconocimientos de afectados. En estos momentos se cumplen todas las normativas nacionales e internacionales”.

Respecto a los reconocimientos médicos para ser acreditado como víctima de la talidomida, desde AVITE nos indican que el pasado 31 de agosto se cerró el plazo. Según datos del Instituto de Salud Carlos III hay 526 inscripciones. Este Instituto recibirá todos los informes realizados a estas personas para una centralización mejor. Eso hará que desde este mes de octubre el Comité Nacional de Talidomida, creado a tal efecto, pueda evaluar cada caso y determinar si las personas son afectadas o no.

El problema existente es que los seis médicos del citado Comité Nacional tendrían que liberarse de su agenda habitual para realizar dicho trabajo. Ellos tienen su trabajo normal en su hospital de referencia y solo podrían ser liberado por sus respectivas Comunidades Autónomas por una Orden o petición del Ministerio de Sanidad.

En el caso que se produjera un adelanto electoral, uno de los escenarios posibles a medio plazo, desde AVITE son conscientes de que su tema y sus justas reivindicaciones podrían sufrir un parón importante hasta la llegada de un nuevo Gobierno. De momento, la expectación se focaliza en el Congreso este próximo miércoles y en lo que la ministra de Sanidad Carcedo pueda comentar sobre la suerte de las víctimas de la talidomida.