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Anticorrupción pide dos años de cárcel para el expresidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez (PP)

Por los presuntos delitos de fraude, cohecho y revelación de información reservada por su presunta implicación en la PúnicaPedro Antonio Sánchez se sentará por primera vez en el banquillo de los acusados el próximo diciembre; será por el 'caso Pasarela', también está investigado por el 'caso Auditorio' y por Púnica./ EP
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La Fiscalía Anticorrupción solicita dos años de prisión para el expresidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez (PP) por los presuntos delitos de fraude, cohecho y revelación de información reservada por su presunta implicación en la rama de la Púnica en esta región, según han informado fuentes jurídicas.

Así figura en el escrito de acusación que ha remitido el Ministerio Público a la Audiencia Nacional, después de que el juez instructor del caso Púnica, Manuel García Castellón, lo procesara por la presunta trama urdida en Murcia con fondos públicos para abonar trabajos de reputación a las empresas Eico y Madiva cuando Pedro Antonio Sánchez era aún consejero.

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Además, la Fiscalía pide ocho años de inhabilitación para Sánchez.

Por su parte, la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade), que ejerce la acusación popular en el caso Púnica, ha reclamado cinco años y medio de prisión por supuestos delitos de cohecho y fraude.

Este expresidente murciano y un miembro de su equipo, David Conesa, presuntamente habrían fraguado trabajos con el informático experto en reputación en internet Alejandro de Pedro para “limpiar” con dinero público su imagen en las redes sociales con motivo de la campaña para las elecciones a la presidencia de Murcia en 2015.

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32.000 EUROS EN TRABAJOS REPUTACIONALES

Las fiscales Carmen García y Teresa Gálvez recogen en su escrito de acusación que De Pedro y David Conesa, valiéndose de sus contactos políticos, firmaron contratos públicos “muchos de ellos con objeto simulado” a cambio de realizar trabajos personales de imagen, reputación online y posicionamiento en la red, todos ellos pagados con fondos públicos.

Los trabajos reputacionales, según Anticorrupción, se presupuestaron en 4.600 euros al mes durante siete meses con un coste total de 32.000 euros que podrían ser constitutivos de un presunto delito de fraude porque, aunque no se llegaron a cobrar, sí hubo un acuerdo que afectó a la Administración.

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Hay otro caso similar en Murcia, el de la senadora y exalcaldesa de Cartagena Pilar Barreiro, que, al ser aforada, está imputada en el Tribunal Supremo por supuestamente contratar a De Pedro para mejorar su reputación en redes sociales.

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Respecto a Barreiro, Anticorrupción ha pedido al Alto Tribunal que archive su causa al no poder justificar los presuntos delitos de fraude, falsificación de documento mercantil, prevaricación, malversación de caudales públicos y cohecho.

SÁNCHEZ ANUNCIÓ SU DIMISIÓN HORAS DESPUÉS DE CONOCER LA EXPOSICIÓN RAZONADA DEL JUEZ SOBRE LA PÚNICA

Pedro Antonio Sánchez también está investigado en el ‘caso Auditorio’, acusado de los presuntos delitos de fraude, prevaricación, malversación y falsedad documental por su gestión durante su etapa de alcalde de la adjudicación, ejecución y recepción de un auditorio en Puerto Lumbreras, localidad murciana limítrofe con Almería, de la que fue regidor entre 2003 y 2013).

El primer proceso por el que se sentará en el banquillo será por el del ‘caso Pasarela’, por presuntos delitos de prevaricación continuada y falsedad documental.

El juicio se celebrará entre el 17 y el 19 del próximo diciembre en la Audiencia Provincial de Murcia.

El fiscal anticorrupción, Juan Pablo Lozano, y la acusación particular que ejerce el letrado Ginés Ruiz Maciá en nombre de Podemos, tienen previsto solicitar tres años y medio de prisión para el exjefe del ejecutivo murciano, además de penas de inhabilitación que alcanzan los trece años, según ha publicado el diario regional La Verdad.

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Informa que el letrado Marcos Sánchez Adsuar, que actúa en nombre de un exconcejal socialista de Puerto Lumbreras, estima que Sánchez debería ser penado con 6 años de cárcel y 14 de inhabilitación.

Pedro Antonio Sánchez fue presidente de la Murcia entre julio de 2015 y abril de 2017.

Anunció su dimisión 24 horas antes del debate de la moción de censura que presentaba el PSOE contra él  y horas después de conocer la exposición razonada del juez Eloy Velasco sobre la Púnica.

Se cumplió así la demanda de los grupos de la oposición, principalmente de Ciudadanos, cuyos dirigentes le instaron a que dimitiera tras conocer su investigación por el ‘caso Auditorio’ y esos últimos acontecimientos de Púnica.

Sánchez seguró que renunciaba a la presidencia con el fin de “salvar” a la comunidad del “tripartito” y evitar que los murcianos “sufran” las “nefastas” consecuencias que acarrearía. En septiembre del año pasado también dejó la presidencia del PP murciano y su escaño en la Asamblea regional.