En la mitad de los casos de violencia contra el menor, el agresor es un familiar y en un 30%, alguien del entorno, según Save the Children.
Los abusos sexuales a menores no prescribirán hasta que la víctima cumpla 50 años
Se ultima un borrador que será la base de la Ley Orgánica para la erradicación de la Violencia contra la Infancia y Adolescencia
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15/10/2018 00:15
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Actualizado: 15/10/2018 01:24
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Una treintena de expertos coordinados por la ONG Save The Children y la Cátedra Santander de Derecho y Menores de la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid están ultimando un borrador para la futura Ley de Protección Integral frente a la Violencia contra la Infancia.
Fue un encargo de la entonces ministra de Sanidad, Carmen Montón, que anunció en el Consejo de Ministros del 7 de septiembre que el Gobierno arrancaba los trabajos de este futura normativa. Su sucesora en el cargo, María Luisa Carcedo ha mantenido el compromiso adquirido por Montón que inició la tramitación con una consulta pública cuyo plazo finalizó el pasado 17 de septiembre.
“Sera la primera norma a nivel mundial sobre esta actividad que pretende proteger los derechos de los menores”, explica a Confilegal Clara Martínez, coordinadora de la Cátedra.
“Creemos que por el consenso existente en este texto, su tramitación parlamentaria será rápida”, apunta Martínez.
Clara Martínez, en el centro de la imagen, en una jornada sobre los Derechos del menor. Cátedra Santander de Derecho y Menores de la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid.
Hablamos de un texto normativo que consta de 86 páginas y está estructurado como una ley, es decir, con títulos, capítulos, artículos y disposiciones preliminares, adicionales y finales. “Ahora tendrá que llegar al Consejo de Ministros que realizará diferentes aportaciones y tendrá que emprender su tramitación parlamentaria. Tendrá que ser una norma estatal porque tiene una parte de Ley Orgánica al desarrollar un derecho fundamental”.
Víctimas de abuso sexual
En España se registraron 37.495 denuncias por delitos violentos contra menores de edad en 2016. De ellas, 4.061 fueron por malos tratos en el ámbito familiar y 4.056 por abusos sexuales. Son datos de la ONG Save the Children que con su campaña ‘Rompo el silencio’, piden al Gobierno un impulso de la Ley de Protección Integral frente a la Violencia contra la Infancia.
Según la ONG, una de cada dos denuncias por abusos sexuales tiene como víctima a menores de edad pese a que se estima que sólo se denuncian el 15% de los casos reales. El 70% de las denuncias no llegan a juicio oral. En la mitad de los casos el agresor es un familiar y en un 30%, alguien del entorno.
Con esta nueva normativa sobre el menor, un proyecto bastante transversal, «se establece que los delitos sexuales no prescribirán hasta que la víctima cumpla 50 años. En este tipo de delitos no vale la regla general penal y por eso adoptaremos este tipo de medidas”, apunta Martínez
Al mismo tiempo esta Ley Orgánica modificará artículos de la Ley del Menor, la Ley de Extranjería o la LOE y deroga medidas del Código Penal y el Civil”. Martínez recuerda que nuestro país prepara una ley paralela a la ya existente de violencia de género siguiendo las recomendaciones del Comité para los Derechos del Niño de la ONU.
En este borrador se establece el deber de denunciar tanto para servicios públicos y personas físicas que detecten indicios de violencia contra un menor. Se habla de la obligación de atenderle de inmediato o comunicarlo a las autoridades o sus agentes.
Salvo que los padres o tutores sean los culpables, deben informarles de los hechos a ellos o a la Fiscalía de Menores.
Además, los denunciantes podrán declarar manteniendo el anonimato, con las garantías de los testigos protegidos. Y el Estado garantizará que todos los niños y adolescentes dispongan de mecanismos claros y confidenciales de denuncia a los que puedan acceder de forma anónima. Clara Martínez recuerda que hay 30.000 menores en centros de protección y que se le debe oír, en el caso que tengan algún problema.
Menores y la vía judicial
Los promotores de este texto normativo son conscientes que en algunas ocasiones la única prueba es la palabra del menor. “La idea es que solo declaren una vez en la vía judicial y acompañados por un psicólogo. Se grabarán sus testimonios. Salvo que sea algo excepcional la presencia de un menor en un juicio oral no se producirá. Siempre se evitará que sea vea con su agresor”, apunta esta experta.
Con esta iniciativa se quiere evitar la llamada “victimización secundaria del menor”. Cada vez que cuenta esos hechos los está reviviendo. “Es posible que en esas declaraciones que repite incurra en una contradicción y se desvirtúe el testimonio. De ahí que procuremos que declare una única vez a nivel judicial”.
Este borrador de Ley Orgánica también aborda la situación de los centros educativos. Muchos de ellos, hasta ahora en lugar de afrontar este tipo de situaciones de violencia, han mirado para otro lado. “Ahora tienen la obligación de proteger al menor si hay una situación de violencia contra ellos. Aquí se extiende la medida para casos de bullying, ciberacoso y abuso sexual”.
En este escenario de lucha contra la violencia infantil, estos centros docentes deberán contar en sus protocolos de actuación con medidas contra la filtración de imágenes que menoscaben la intimidad y reputación de los menores.
Algo que ya viene reflejado en el borrador de Ley Orgánica de Protección de Datos y que puede suponer sanciones graves a nivel económico para colegios e institutos. También queda abierta la responsabilidad civil subsidiaria del centro en el caso de situaciones graves.
En el caso de que un menor de 14 años sea agresor, se le aplicará la legislación sobre protección de menores y reeducación en la no violencia. “Este es un debate que siempre se abre cuando un menor comete un delito. Creemos que el menor no debe mezclarse con adultos, tal y como viene señalado en la Convención sobre los Derechos del Niño”.
Mayores culpables alejados de los niños
La futura norma contra la violencia integral de los menores estable a nivel sancionador que los padres que secuestren a sus hijos irán a la cárcel hasta cuatro años y podrán perder la patria potestad durante diez. “En cualquier separación o divorcio los menores están en situaciones de cierto riesgo y hay que evitar que sean armas arrojadizas de un cónyuge a otro”, señala esta experta en infancia.
Otra de las medidas que se plantea es que el juez podrá sacar de casa a un imputado por violencia, imponerle un alejamiento, colocarle una pulsera de control, prohibirle actividades de contacto con menores y retirarle temporalmente la patria potestad, guarda, custodia, acogimiento, tutela, curatela y visitas.
El padre «inmerso o condenado» por violencia de género perderá la guarda y custodia y no podrá tener contacto con los menores, algo que se revertirá una vez extinguida la responsabilidad penal si un informe psicosocial lo indica por interés del menor.
Tampoco podrán trabajar con niños quienes hayan cometido cualquier delito aunque no haya sido sobre menores (racismo, robo, discriminación). Si es muy grave (homicidio, por ejemplo), la prohibición podría llegar hasta los 30 años tras la salida de prisión.
Necesidad de formación y juzgados especializados
Dos pilares de esta norma tienen que ver con la formación y la estructura procesal de estos asuntos cuando se judicialicen. Los expertos que están ultimando este texto reconocen que han estado revisando otras jurisdicciones vecinas.
Se pretende que existan abogados de turno de oficio con especialización en violencia contra la infancia y contenidos específicos para médicos, psicólogos, jueces o policías.
También se fija la creación de 431 Juzgados de Violencia contra la Infancia (uno por cada partido judicial), una Sección de Menores en la Audiencia Nacional, un Registro de Violencia contra la Infancia y la Agenda Nacional de Investigación. “Los menores tienen una dimensión social especial y no son propiedad de los padres, por eso nos hemos decantado por estos nuevos juzgados donde todos los operadores jurídicos deberán recibir formación”, aclara Martínez.
El papel de dicha Agenda Nacional de Investigación, recomendada por la ONU, trataría de investigar y analizar los temas relacionados con la violencia contra la infancia “Se trataría de trabajar en la prevención, factores de riesgos e identificar todos los indicadores que pueden señalar que estamos ante una situación de violencia contra el menor”. Martínez reconoce que faltan estadísticas fiables sobre violencia en el menor. “No tenemos una foto bien hecha en estos momentos de la realidad de la infancia”, subraya.
A medio plazo, otro de los objetivos es que determinadas carreras como son educativas, sanitarias y sociales tengan materias contra la violencia infantil.
Para esta experta, al final lo que se debe tener es una Estrategia Nacional contra la Violencia del menor donde “la ley es una parte, pero también debe haber políticas públicas de sensibilización, siguiendo las recomendaciones del Consejo de Europa sobre esta cuestión. Se trata de saber hacia dónde queremos ir en esta coyuntura”.
Otra variable de este texto normativo tiene que ver con la educación sexual integral. Una obligación para todos los colegios, públicos o privados. “Se pretende que se adapte a la edad y el nivel madurativo de cada menor y orientada a educar en relaciones, afectivas y sexuales seguras y libres de violencia. Hay que darse cuenta que a estas edades a veces sufren diferentes agresiones sexuales”, comenta Martínez.
En un principio se va a establecer en toda la enseñanza básica: entre los seis y los 16 años. Los objetivos de la educación infantil son que los menores aprendan a conocer su propio cuerpo y el de los otros, su autonomía personal y el respeto a la discapacidad y las distintas realidades sexuales como homosexualidad, transexualidad e intersexualidad.
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